Lecturas de fin de semana

 

Este artículo es copia fiel del publicado en la revista NUEVA SOCIEDAD No 215, mayo-junio de 2008, ISSN: 0251-3552, <www.nuso.org>.

Pobreza, desigualdad y trabajo en el capitalismo global

El análisis de la pobreza y la desigualdad debe ser puesto en el contexto más amplio de las nuevas condiciones globales. El capitalismo actual ha cambiado radicalmente categorías económicas clásicas como el trabajo, hoy considerado un costo variable susceptible de ser ajustado, y el conocimiento, que adquirió más importancia al tiempo que se masificaba. Si el modelo empresarial de posguerra era Ford y el de los 90, Microsoft, el de hoy es Wal-Mart, con sus productos baratos procedentes de China y sus empleos basura. Este nuevo contexto de empresas globales y trabajo flexible es particularmente relevante para América Latina, que si bien goza de una prosperidad inédita debido al auge de los commodities, sigue siendo la región más desigual del planeta.

GILBERTO DUPAS

Introducción

La desigualdad y la pobreza deben ser analizadas en el marco del orden mundial que las produce. La globalización neoliberal, consolidada desde la posguerra y transformada en una ola avasalladora a partir del colapso del bloque soviético y la expansión de las tecnologías de la información, se ha transformado en el régimen económico hegemónico. Sus consecuencias sociales merecen un examen profundo que abarque la propia lógica capitalista. Ese es el objetivo de este artículo.

La diáspora calvinista hacia el continente americano, a mediados del siglo XVII,
hizo florecer el espíritu capitalista hasta transformarlo en un victorioso fenómeno de masas que dio origen a un sistema económico. Ese sistema encontró siempre una de sus condiciones básicas para la supervivencia: un excedente poblacional susceptible de ser contratado a bajo costo. En el siglo XX, especialmente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, se inició un ciclo virtuoso de crecimiento económico, basado en el fordismo-taylorismo e impulsado por la inversión y la intervención selectiva del Estado, que incluyó la creación de una amplia red de beneficios sociales. Estas ideas, junto a la noción de que el Estado debía funcionar de un modo contracíclico, estimulando la demanda en momentos de crisis, estaban en la base del pensamiento económico de John Maynard Keynes. La socialdemocracia y el Estado de bienestar eran vistos como las manifestaciones de racionalidad capitalista que conducirían al progreso. Paralelamente, Joseph Schumpeter (1982) añadió la idea de que la evolución tecnológica funciona como el motor de un permanente impulso hacia adelante: según esta teoría, las tecnologías generan un efecto de «destrucción creativa» en la economía capitalista. Cada nueva tecnología adiciona valor y destruye el valor de las anteriores.

La acumulación sería la consecuencia de ese proceso destructor-creativo que garantiza el crecimiento constante. En esta dinámica capitalista, la ciencia se encarga de promover un permanente estado de innovación, inutilizando y sustituyendo productos y creando nuevos hábitos de consumo. Pero ya en la década de 1960 el exitoso desempeño de la posguerra comenzaba a mostrar sus límites. La sobrecapacidad industrial, junto con la creciente competencia de los productos alemanes y japoneses, contribuyó a la crisis de la economía mundial que estalló en los 70. André Gorz (2005) afirmó que esta crisis estructural se explica por diferentes motivos, pero sobre todo por el hecho de que las inversiones en tecnología generaron pérdidas de ganancia al producir un aumento de la capacidad productiva sin contrapartida en la demanda. En otras palabras, la ciencia había cumplido su papel, pero su eficacia había conducido a un callejón sin salida. En este marco, el sector empresarial comenzó a buscar opciones alternativas para sus inversiones, que se orientaron cada vez más al sector financiero, a la expansión del mercado de eurodólares y a satisfacer la demanda de crédito de los países en desarrollo.

El resultado fue una disminución de la inversión en producción y la transferencia de recursos al sector financiero, lo cual derivó en tasas de crecimiento reales mediocres y un aumento del desempleo, que a su vez presionó sobre el Estado de bienestar y generó un incremento del gasto público y un desequilibrio en la balanza de pagos, que intentaron subsanarse mediante la emisión de moneda, lo que a su vez produjo brotes inflacionarios y un aumento de la deuda pública. El consenso keynesiano-fordista llegaba a su fin.

Este escenario de crisis dio paso a una nueva estrategia cuyo fundamento ideológico fue el ideario neoliberal. Según esta visión, la raíz de todos los males estaría en el intervencionismo estatal de posguerra y en los excesos del Estado de bienestar. La solución se encontraría en la sustitución del Estado por el mercado como agente organizador. Facilitado por el providencial derrumbe del imperio soviético, el nuevo consenso neoliberal se combinó con el flujo de capitales, cada vez más libres y abundantes, y la reestructuración productiva sobre la base de las nuevas tecnologías. Así se dio forma a la actual etapa de la globalización.

La incorporación de las tecnologías de la información al sistema productivo global generó una economía del conocimiento que redefinió las categorías de trabajo, valor y capital. El trabajo comenzó a incluir un componente de saber cada vez más importante. Pero, al mismo tiempo, la nueva economía comenzó a atribuirle al factor trabajo una importancia directamente relacionada con su costo: a mayor costo, menor importancia. Esto se sumó al incremento de los empleos precarios, pésimamente remunerados, flexibilizados e informales. Los costos de mano de obra comenzaron a ser vistos como variables, lo que implica que el capital solo está dispuesto a pagar estrictamente la cantidad de trabajo que utiliza. En este nuevo contexto, le corresponde al «micro-miniempresario » proveerse de su propio transporte, comida, perfeccionamiento, plan de salud, etc. En suma, una suerte de autoexplotación vía tercerizaciones y cuarterizaciones.

El segundo factor, junto con el trabajo, que sufrió una profunda transformación fue el conocimiento. Paradójicamente, en pleno auge de la economía del conocimiento, este ha ido perdiendo valor. Al multiplicarse casi sin costos en forma de software utilizado de manera ilimitada por máquinas que aplican un patrón universal, el conocimiento, crecientemente masificado, se convirtió en un bien accesible a todos. Para conservar su valor, el conocimiento debería tornarse escaso. Sin embargo, estandarizado y socializado por la tecnología de la información, transformado en mera técnica, se fue depreciando. Un ejemplo es la caída en la remuneración real de varias categorías profesionales, como los operadores de computadoras y los telemarketers.

El conocimiento adquirió otra importancia. La investigación tecnológica de las empresas privadas apunta a que estas consigan un monopolio, aunque sea transitorio, del nuevo conocimiento, de modo tal que les proporcione un rendimiento exclusivo. El marketing y la publicidad crean objetos y servicios del deseo mediante la manipulación de valores simbólicos, estéticos y sociales, dentro del modelo schumpeteriano de «destrucción creativa», que torna obsoletos los productos existentes lo más rápidamente posible. Es el caso de las computadoras, las pantallas de plasma y los celulares, que evolucionan tecnológicamente de manera muy veloz y que al poco tiempo de salir al mercado ya parecen anticuados. Para que el engranaje de la acumulación funcione, en lugar de mayor prosperidad general se genera un proceso de inutilización de productos a escala global, que implica un inmenso desperdicio de materias primas y recursos naturales, al enorme costo de una degradación continua del ambiente y de una creciente escasez de energía. Pero es la opción inexorable por la acumulación de capital, aun en detrimento del bienestar social en sentido amplio.

El problema es que luchar contra ese sistema, que bien o mal mantiene la máquina económica en movimiento, significa atacar los mismos principios del capitalismo en un momento en que ningún otro modelo –ni siquiera bajo la forma de utopía– aparece en el horizonte. Por eso, las disidencias surgen como operaciones de ataque del sistema desde su interior, como los movimientos por el software libre y hasta los hackers, especie de disidentes del capitalismo digital. Pero se trata apenas de ruidos imperceptibles que no interfieren en la melodía global.

La nueva lógica global, la renta y su distribución
Las ideas neoliberales comenzaron a germinar a partir del New Deal de la década de 1930 y alcanzaron su apogeo en los 70. Para Jan Nederveen Pieterse, el neoliberalismo surgió como resultado de la confluencia entre las ideas de la Escuela de Chicago y las políticas de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. En una etapa siguiente, el neoliberalismo evolucionó, especialmente en América Latina, hacia el Consenso de Washington. Milton Friedman se convirtió en una de las voces más influyentes con su teoría de que el Estado debe ser fuerte pero limitado: para Friedman (2005), el Estado debe ocuparse de la defensa nacional y la justicia, de mediar en las disputas entre las personas y de garantizar la propiedad privada; para todo lo demás está el mercado.

Pero, más allá de las teorías, fue a partir de la década de 1980 cuando se sistematizó en Estados Unidos el modelo de bajos salarios y bajos impuestos a partir de las condiciones vigentes en el sur del país. Las grandes corporaciones lograron mantener su eficacia transfiriendo actividades industriales hacia las áreas de salario reducido del sur estadounidense, deprimidas por el «efecto México», es decir, por la presión de los inmigrantes, en general clandestinos. Los salarios bajos –en el sur estadounidense, en México o en China– definieron mecanismos de acumulación muy diferentes de aquellos que habían producido el éxito capitalista de EEUU en la posguerra. Era un nuevo modelo, el«modelo del sur», que fue la salida a la crisis de los años 70 y el fundamento dela revolución reaganeana, sobre la base de una serie de reformas que atacaron la protección del trabajo,los derechos civiles, el ambiente y los servicios públicos.

En cada época de la historia del capitalismo, algunas grandes corporaciones se consolidan como prototipos. A mediados del siglo XX fueron Ford y General Motors; hacia finales de siglo fue el turno de Microsoft. Hoy el paradigma es Wal-Mart, ejemplo arquetípico de la nueva condición del trabajo en la lógica global y símbolo de la cultura capitalista del siglo XXI. A diferencia de lo que ocurrió con Ford y General Motors, que ayudaron a construir la clase media norteamericana pagando salarios por encima del promedio y ofreciendo generosos planes de salud y jubilación, un empleado de Wal-Mart en EEUU gana, en promedio, 19.000 dólares anuales, suma próxima a la línea de pobreza. La empresa fue acusada en varias oportunidades deutilizar trabajadores clandestinos para abaratar el costo de sus sucursales. Suimportancia es enorme. Con una facturación de casi 300.000 millones de dólaresanuales, Wal-Mart atiende a más de 100 millones de clientes por semana.El poder de compra de este inmenso grupo minorista es tan grande que la compañía ya logró reemplazar al fabricante a la hora de definir lo que elconsumidor quiere comprar y hasta es capaz de imponer a sus proveedores condiciones muy duras, que en muchos casos solo China puede atender.

Durante el gobierno de Bill Clinton, la Organización Mundial de Comercio (OMC) se había transformado en el esquema fundamental de la lógica neoliberal. La idea central era, y todavía es, que la apertura comercial representa una especie de redención para los países pobres. Es cierto, por supuesto, que una u otra eliminación de barreras agrícolas puede ser importante para varios países de la periferia. Sin embargo, en términos generales es obvio que la apertura beneficia sobre todo a los países más competitivos, aquellos que adicionan más valor a sus exportaciones, es decir a los más ricos. En los años siguientes, George W. Bush le dio un nuevo contenido al capitalismo. Se trata de la combinación, un tanto exótica, de un protestantismo fundamentalista y un militarismo al estilo «sureño», con un abordaje económico que favorece a los commodities básicos, como el algodón y el petróleo, junto a manufacturas high-tech. Uno de los resultados de esas medidas y de los procesos de reducción y optimización del personal (downsizing) desarrollados en los últimos años es la baja moral de los empleados y la creciente desigualdad en la distribución de la renta.

Pero este cambio en la cara del capitalismo no ocurrió solo en el Primer Mundo. En los países en desarrollo, el vacío teórico y la incapacidad de gestión de los Estados nacionales, fenómenos que comenzaron luego de la crisis poskeynesiana, dejaron el terreno libre para los fervorosos defensores del Estado mínimo. La reducción de las dimensiones del aparato estatal fue presentada como fundamental para resolver los problemas de un sector público asfixiado por sus deudas, al tiempo que se promovía la flexibilización del mercado de trabajo como fórmula para reducir el desempleo. Durante las dos últimas décadas del siglo pasado, la retórica neoliberal definió las normas de acción de las economías de gran parte de los países en desarrollo sobre la base de las promesas de avances económicos y sociales. Como regla general, la consecuencia de ese proceso fue, además de controlar la inflación, una sucesión de crisis que, durante los 80 y 90, provocaron un aumento significativo de la exclusión social. Hubo excepciones, como China, la India, Corea del Sur y Chile, pero en términos generales ese fue el resultado.

El efecto social del neoliberalismo fue negativo. Los organismos internacionales de crédito, para justificar los fracasos resultantes de la aplicación de sus políticas, intentan probar que la indigencia (o pobreza extrema) disminuyó como consecuencia de los procesos de liberalización y privatización. Para superar el caos metodológico y estandarizar criterios de medición se creó un nuevo modelo: las personas que viven con menos de un dólar por día son definidas como indigentes y las que lo hacen con menos de dos dólares por día son clasificadas como pobres. Sobre la base de estos nuevos criterios, el Banco Mundial (BM) llegó a conclusiones taxativas: la pobreza en el mundo se habría reducido significativamente entre 1987 y 2001, es decir durante el periodo en que la apertura global se convirtió en regla (2004). El porcentaje de pobres habría caído de 60% a 53%, en tanto que el de los indigentes habría pasado de 28% a 21%. En primer lugar, hay que señalar que los porcentajes, aun si han disminuido, son absolutamente incompatibles con los estándares de civilización y los avances tecnológicos disponibles, especialmente si tenemos en cuenta que hay regiones inmensas, como el sur de Asia y el África subsahariana, con más de 76% de pobres (esta última tiene un 47% de indigentes). Pero además la idea de que se ha registrado una mejora general puede ser engañosa. Esta afirmación, en efecto, solo es válida si se consideran China y la India, dos países que desde hace diez años pasan por una fase notable de crecimiento económico. Sin embargo, es obvio, especialmente en el caso de China, que esta expansión tiene poco que ver con el modelo sugerido por el FMI y el BM.

Por el contrario, se trata de una estrategia exitosa a contramano del discurso dominante: China se ha integrado a la lógica global y ha logrado atraer una enorme cantidad de inversiones extranjeras pese al predominio de lo que los organismos internacionales consideran «malas políticas», como una alta protección comercial y el recurso a la piratería, además de instituciones consideradas «precarias» debido a la falta de democracia, la debilidad del Estado de derecho, etc. Pues bien, si se retira a China de la estadística, en el periodo 1981-2004 el porcentaje de indigentes se ha mantenido estable y el de pobres se ha incrementado 33%. En cuanto a la distribución de la renta, no hay dudas de que ha empeorado.

Actualmente, el 1% más rico del mundo obtiene un volumen de renta equivalente al 57% más pobre. La distancia entre el 20% del mundo que vive en China se ha integrado a la lógica global y ha logrado atraer una enorme cantidad de inversiones extranjeras pese al predominio de lo que los organismos internacionales consideran «malas políticas», como una alta protección comercial y el recurso a la piratería, además de institucionesconsideradas «precarias» países ricos y el 20% que vive en los países más pobres, según estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha aumentado. Es interesante comprobar que se investiga más la pobreza que la desigualdad. ¿Por qué? Básicamente, porque desde el punto de vista liberal clásico la desigualdad de la renta puede ser aceptable si hay igualdad de oportunidades. Es curioso también que se investigue la renta y no la riqueza. Recordemos que la renta es flujo y la riqueza, stock, que la riqueza se acumula, mientras que la renta solo se puede acumular cuando se ahorra. Dado que los más pobres ahorran menos y que además no suelen beneficiarse de la acumulación de renta obtenida por las operaciones financieras sofisticadas a disposición de los que tienen más dinero, es de suponer que la concentración de la riqueza sea todavía mayor que la concentración de la renta. En ese punto, sin embargo, la oscuridad estadística es total.

Otro aspecto interesante es la evolución de la desigualdad en la distribución de la renta dentro de los países. Tomemos el caso de EEUU. Allí, la renta per cápita del 20% más pobre es menos de un cuarto de la renta media per cápita del país. En Japón, en cambio, es casi la mitad. Entre 1977 y 1990, el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en la distribución del ingreso, empeoró considerablemente, al tiempo que avanzaba el libre comercio. En el periodo dorado del capitalismo de posguerra, entre 1950 y 1973, un crecimiento medio de 5% garantizaba la disminución de la desigualdad, entre países y dentro de cada uno de ellos. Ese patrón parece haber terminado. De hecho, incluso entre los exponentes del denominado «milagro asiático», como Hong Kong, Malasia y China, la desigualdad se ha incrementado, especialmente en los últimos 15 años.

En América Latina, las políticas neoliberales produjeron un fuerte deterioro de las condiciones sociales, lo que a su vez repercutió en otras variables. Los homicidios, por ejemplo, se incrementaron 40% durante la década de 1990, hasta alcanzar un índice seis veces mayor que el observado en Europa occidental (BM, 2004). Esto convirtió a la región en la segunda con mayor criminalidad del mundo después del África subsahariana. De los cuatro países más violentos del planeta, tres son latinoamericanos: Colombia (líder mundial con 68 homicidios por cada 100.000 habitantes), El Salvador (30 por cada 100.000) y Brasil (27 por cada 100.000, muy cerca de Rusia, con 28). Esto se enmarca en la profundización de la brecha social. La desigualdad en la distribución de la renta en América Latina, la región más inequitativa del mundo, ha avanzado. Las altas tasas de desigualdad no afectan solo a los más pobres sino a toda la sociedad, ya que reducen la posibilidad de ahorro nacional,debilitan el mercado interno y generan efectos perversos sobre la gobernabilidad democrática, el clima de confianza interpersonal y el capital social.

EnAmérica Latina, la población bajo la línea de pobreza creció de 41% en 1980 (136 millones de personas) a 44% en 2003 (237 millones), lo que implica, en términos absolutos, 100 millones de pobres más. En este marco general, los Estados nacionales, con presupuestos cada vez más limitados, obligados a garantizar equilibrios fiscales rígidos y con poca capacidad de manejar sus principales instrumentos de política pública, no lograron enfrentar los efectos perversos de la globalización, especialmente el aumento de la exclusión social. Y esto sucedió al mismo tiempo que la revolución en las tecnologías de la información y de la comunicación elevaba incesantemente las aspiraciones de consumo de gran parte de la población, lo cual contribuyó a aumentar las tensiones sociales. En general, América Latina no logró obtener ventajas de la inevitable inserción en la globalización que le permitieran morigerar sus efectos más perversos. En la lógica de la economía global y de la fragmentación de las cadenas productivas, la adición de valor local es la única manera de mantener la renta y el empleo de calidad dentro de las fronteras nacionales. Pero esto, a su vez, depende fuertemente de políticas públicas capaces de inyectar competitividad y desarrollo tecnológico local.

En ausencia de esas condiciones, se incrementó el escepticismo en la posibilidad de ascenso social y mejora de la situación personal y familiar por medio del trabajo, sensación potenciada por la reducción progresiva de la clase media. Dado que la economía no consiguió incluir a amplios sectores en el mercado de consumo, fueron los procesos políticos de final de siglo los que se ocuparon de cobijar a etnias y grupos sociales excluidos por medio de liderazgos carismáticos que renovaron la esperanza de amplios sectores de la sociedad. Las promesas que posibilitaron los triunfos electorales de estas elites políticas emergentes se dirigieron a aquellos sectores históricamente excluidos de los derechos sociales y económicos básicos y alejados de las estructuras del aparato del Estado. Se trata, en otras palabras, de los perdedores de la transformación neoliberal, que ahora aceptan el nuevo estilo anti-establishment y abrazan una ideología ecléctica, que incluye nuevos métodos de redistribución de la renta, aunque en general prevalecen las políticas de corte asistencialista. Evidentemente, este proceso redistributivo verificado en los últimos años en América Latina fue facilitado por el enorme crecimiento del mercado global de commodities que propició, en varios países de la región, una transformación del perfil de la deuda externa, la formación de reservas internacionales y una dinámica de expansión económica. Los principales commodities metálicos (níquel, cobre, aluminio, hierro y zinc) registraron, entre 2001 y 2007, un aumento de su precio de cerca de 200%; los energéticos (gas, petróleo y carbón), de 100%; y los agrícolas (maíz, soja, azúcar y café), de 50%. Con ello, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela consiguieron un crecimiento superior a 100% en sus exportaciones entre 2001 y 2005, las reservas internacionales de Argentina, Brasil y Venezuela crecieron cerca de 150%, y en México y Perú se incrementaron 60%. Pero esta nueva realidad, además de provocar un proceso de apreciación de las monedas locales que impacta en la competitividad externa de esos países, no durará para siempre.

La última frontera de la acumulación: el mercado de la pobreza
Según una reciente investigación realizada en 19 países por la consultora americana Right Saad Fellipelli, las profundas alteraciones producidas en las últimas décadas en el mercado de trabajo mundial tienden a reducir el nivel medio de los salarios reales. Esto es así incluso en cargos de dirección intermedios, gerencias superiores y personal especializado de las empresas privadas. Las excepciones son los supersalarios de los CEO y los miembros de la alta administración, que perciben salarios millonarios que incluyen participación en las ganancias y valorizaciones accionarias. En este contexto de caída de la renta media, mantener el nivel de la demanda global depende cada vez más de la enorme masa de renta de los más pobres, que precisan ser convencidos de consumir más y más. El mercado de la pobreza es el nuevo objetivo que el capitalismo global debe perseguir si quiere sostener su tasa de acumulación.

Esto ya se hace sentir claramente en las grandes redes de comercio minorista que buscan atraer a las amplias y crecientes bases de la pirámide social. Los supermercados de descuento están transformando el comercio minorista en todo el mundo. Save-A-Lot, por ejemplo, se convirtió en una de las redes de supermercados más exitosas de EEUU gracias a su capacidad para atraer a los pobres, un mercado que muchos ignoraban. Su objetivo son las familias con una renta media inferior a los 35.000 dólares por año. Así, mientras las cadenas de supermercados tradicionales ofrecen 60 variedades de mostaza, Save-A-Lot vende.

El mercado de la pobrezaes el nuevo objetivo que el capitalismo global debe perseguir si quiere sostener su tasa de acumulación solo dos, la amarilla y la oscura, de marca propia y un solo tamaño. Con este tipo de estrategias logra mantener los precios bajos y aumentar sus ganancias a razón de 15% al año. La red ya posee 1.300 locales en 39 países. En Alemania, Aldi Group desarrolla la misma estrategia y se ha expandido mucho, a punto tal que ya posee centenas de locales en EEUU.

En América Latina ocurrelo mismo: el comercio exitoso es el que llega a los pobres.En estas circunstancias, el futuro del consumo está en los jóvenes de las clases C, D y E. Un buen ejemplo del consumo de los pobres es Brasil. Con una estructura que combina la mayor concentración de la renta y una de las mayores poblaciones de jóvenes pobres del planeta, Brasil tiene uno de los mayores coeficientes de penetración mundial de teléfonos celulares. El 70% de los 80 millones de jóvenes posee celular. El joven pobre sin celular (aunque sea prepago) se siente todavía más paria, más infeliz, más out-group. Para comprender esto, basta observar la inmensa campaña publicitaria de teléfonos celulares, una de las que más espacio ocupa en los medios globales.

Pero no se trata solo de telefonía celular. La percepción de la importancia del mercado de la pobreza se ha extendido en las grandes corporaciones que ofrecen todo tipo de productos. Nestlé, por ejemplo, anunció su intención de reestructurarse para mejorar su llegada a las categorías D y E. «El cliente de renta baja raramente sale a hacer sus compras fuera de la comunidad puesto que no puede gastar en transporte. Por ello necesitamos encontrar la manera de atenderlo en donde vive», señaló el presidente de la empresa en Brasil.

Algo similar ocurre con Dupont: «Queremos a los 4.000 millones que están en la base de la pirámide», dijo el presidente de Dupont-América Latina2. El famoso consultor empresario Stuart Hart, autor de Capitalism at the Crossroads, afirma que, sin incluir a los miles de millones de pobres que viven con hasta 1.500 dólares por año, no habrá futuro ni para el capitalismo ni para las empresas globales.

Retomando el tema de los celulares, un buen ejemplo de la extensión del capitalismo a los sectores excluidos es la incorporación a las redes de telefonía de los habitantes más indigentes de las regiones africanas. En la árida cima de una montaña africana, conseguir agua en el río puede llevar hasta cuatro horas. La iluminación es con velas y a menudo se cocina con fogatas. Pero Bekowe Skhakhane, de 36 años, fue convencida por la publicidad de que precisa hablar con su marido, que trabaja en una empresa siderúrgica de Johannesburgo, mediante un teléfono celular. Muy pobre, ella gasta 1,9 dólares por mes para comprar cinco minutos de crédito. Al igual que la gran mayoría de los africanos, vive con menos de dos dólares por día. Pero ¿cómo cargar las baterías si no hay electricidad? Existen cargadores que funcionan a pedal de bicicleta, pero ello supone tener una bicicleta, rara propiedad en el África rural. La solución es utilizar las baterías de automóvil que ofrecen individuos que se mueven en ómnibus, a un costo de 80 centavos de dólar por carga de celular. Con estos y otros ejemplos, el capitalismo muestra, una vez más, su inmensa capacidad de adaptación. Y consigue explotar la que tal vez sea su última frontera de acumulación: los más pobres, que comerán cada día peor, pero estarán conectados al mundo en tiempo real.

 El trabajo en crisis estructural
El pujante y vencedor capitalismo global tiene su talón de Aquiles en la mala calidad y en la poca cantidad de empleos que genera. El trabajo remunerado fijo, esencial para el involucramiento económico y social del ser humano en la sociedad, está en crisis. Hoy, prácticamente ninguna persona tiene empleo de largo plazo garantizado y el trabajo, cada vez más, se orienta a tareas o proyectos de duración limitada. Esta nueva situación implica un cambio en relación con la etapa previa, durante la cual los individuos estaban sólidamente enraizados en corporaciones que, a su vez, navegaban en mercados relativamente firmes. En la época dorada del capitalismo de posguerra, cuando las materias primas entraban por una puerta y los automóviles salían por la otra, reinaba una cierta ética social que –sobre todo en Europa, pero también en EEUU– tendía a morigerar la lucha de clases a través de amplios beneficios en educación, salud y jubilación, considerados entonces derechos universales. Desde la década de 1980, sin embargo,las corporaciones y sus inversores, en el contexto de la nueva economía globalizada, comenzaron a mostrarse más preocupados por las ganancias a corto plazo. Esto, junto con los avances en las tecnologías de la información, que abarataron los costos de invertir en máquinas en relación con la mano de obra, redefinió el trabajo. Richard Sennett (2000) entrevistó a trabajadores de clase media de los sectores más dinámicos del capitalismo: las industrias de alta tecnología, los servicios financieros y los medios de comunicación. Muchos de ellos consideraban que sus vidas laborales se encontraban en riesgo permanente. El nuevo capital es impaciente. Los inversores buscan la flexibilidad de las empresas en su secuencia de producción para poder alterar los esquemas a voluntad y tercerizar todo lo que sea posible. En este contexto, los empleos se limitan cada vez más a contratos de hasta seis meses, frecuentemente renovados.

Las consecuencia de estas nuevas modalidades del trabajo ya se hacen sentir. El trabajo temporario es el sector de más rápido crecimiento en Gran Bretaña y EEUU, donde ya representa 25% de la mano de obra empleada. La desigualdad dentro de las empresas aumenta. La jornada laboral se prolonga y la presión se torna más depresiva que estimulante. En sus investigaciones de campo, Sennett constató que, bajo este nuevo tipo de modalidades laborales, se agudiza la propensión al alcoholismo, el divorcio y los problemas de salud. Se trata del nivel más bajo de los empleos flexibilizados, donde imperan los llamados «Mc-empleos», como cocinar hamburguesas, atender call centers y repartir productos en moto. Esas ocupaciones pueden parecer un medio positivo que facilita el acceso al mercado laboral de los jóvenes sin capacitación, pero rápidamente se transforman en un callejón sin salida. En verdad, muchos de estos empleos del área de servicios dejaron de ser atractivos para los jóvenes y son aceptados solo por la falta absoluta de alternativas. En los países desarrollados, esos trabajos suelen quedar a cargo de inmigrantes.

Los tiempos de trabajo y la remuneración han cambiado. La postergación de la gratificación inmediata para priorizar objetivos personales de largo plazo formaba parte de la ética protestante del capitalismo de Max Weber. Pero el nuevo paradigma se burla de la gratificación postergada. La erosión de la ética protestante no es resultado, contra lo que piensa Samuel Huntington (2004), de la contaminación por parte de las razas latinoamericanas «inferiores». Es consecuencia de la propia lógica de un sistema que destruye lealtades: al flexibilizarse el empleo y acortarse los tiempos de permanencia en el trabajo, difícilmente se mantendrá la lealtad del trabajador hacia la empresa.

En el periodo anterior era posible pensar en términos de ganancias estratégicas de largo plazo limitando los objetivos inmediatos a pequeñas realizaciones. Hoy, las personas de clase media y alta se pueden dar el lujo de correr esos riesgos y vivir esas tensiones a la espera de una buena oportunidad. Pero los jóvenes de clase baja no. Y son ellos justamente quienes más dependen de las relaciones estables, ya que en general se encuentran inmersos en redes de protección frágil, con pocos contactos y conexiones importantes. Ellos, junto con los «viejos» que luchan por permanecer en el mercado, son quienes más sufren la nueva situación del trabajo.

Una de las paradojas actuales es que muchos de los que hoy sufren el desempleo o el subempleo recibieron una sólida educación. Sin embargo, en gran cantidad de casos las oportunidades de trabajo migraron a otros lugares, frecuentemente ubicados en el mundo en desarrollo, donde se aceptan empleos a precios viles. En el área de servicios, la automatización transformó en realidad la mejor ficción científica. En Brasil, por ejemplo, el modernísimo y altamente rentable sector bancario se expandió considerablemente en los últimos 20 años y, pese a ello, redujo a la mitad sus puestos de trabajo. En la industria pesada de EEUU, entre 1982 y 2002, la producción de acero aumentó de 75 a 102 millones de toneladas, pero el número de obreros metalúrgicos cayó, en el mismo periodo, de 290.000 a 74.000. Aunque algunos de estos empleos migraron hacia otros países, la mayoría fue sustituida por máquinas sofisticadas. Incluso la muy reciente frontera de empleos, aunque de mala calidad, de los servicios de telemarketing se encuentra amenazada por los dispositivos inteligentes de activación de voz, mientras que los lectores de códigos de barra acaban con muchas funciones en comercios y supermercados. Y en general las nuevas oportunidades que se abren no alcanzan a cubrir las crecientes pérdidas. Sennett entrevistó en los 90 a jóvenes y talentosos profesionales de la publicidad en Europa. Ellos tenían la sensación de que se estaban haciendo viejos profesionalmente a los 30 años de edad y de que quedarían fuera de juego a los 40. En el actual modelo tecnológico, los especialistas en computación y los médicos precisan reaprender sus técnicas al menos tres veces durante su vida profesional.

La extinción de capacidades es una característica permanente del avance tecnológico, pues la automatización no valora la experiencia y las fuerzas del mercado hacen que sea más barato comprar nuevas capacidades que pagar por un reentrenamiento. Esta es, en definitiva, una de las contradicciones más evidentes del «progreso» en el mundo globalizado: los avances en medicina nos permiten vivir más y trabajar más tiempo, pero la extinción de las capacidades se acelera y nadie quiere saber más nada con los «viejos».

El Estado, en este nuevo contexto, apenas consigue influir en la generación de empleos formales: aunque aprendió a atender razonablemente los desempleos absolutos, no sabe cómo lidiar con el subempleo. Como consecuencia de todo esto, el resentimiento de los trabajadores se ha agudizado: se sienten desprotegidos frente a Estados frágiles e ineptos, mientras que las empresas, cada vez más pragmáticas, minimizan de todas las formas posibles la importancia del trabajo y los sindicatos se transforman en burocracias inútiles frente a la dura realidad del empleo informal y flexible.

Para algunos cientistas sociales, ese resentimiento explica el hecho de que tantos trabajadores que en el pasado se inclinaban hacia la centroizquierda hoy se acerquen a la extrema derecha. Frente a ese panorama perverso, el lúcido Sennett observaba, en los primeros años de este siglo, apenas tres débiles iniciativas innovadoras. La primera consiste en que los sindicatos funcionen como una suerte de agencia de empleos capaces de «comprar» cuotas de planes de jubilación complementarias y asistencia para repartir entre sus miembros, lo cual generaría un mínimo sentido de la solidaridad. La segunda es que las personas tuviesen siempre, en la medida de lo posible, más de un trabajo parcial, de modo de estar mejor preparadas frente a la inevitable pérdida de alguno de ellos. Finalmente, Sennett preveía un Estado que implementara programas de renta mínima, como Bolsa Familia, para aminorar el sufrimiento más agudo. América Latina es un buen ejemplo de la lucidez de esas visiones. De hecho, varias de esas iniciativas ya se están concretando. En los últimos años, los programas asistenciales se extendieron gracias al aumento de la recaudación a causa del boom exportador de los productos primarios. Ello abrió una tregua social transitoria que fue aprovechada por las nuevas elites dirigentes de origen popular de la región. Pero si las ilusiones de profundas modificaciones estructurales en las economías de esos países se extinguiesen, ¿qué podría ocurrir, especialmente si una eventual recesión, aun moderada, apareciese en el escenario internacional?

Bibliografía
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Schumpeter, Joseph: Teoria do Desenvolvimento Econômico, Abril Cultural, San Pablo, 1982. [Hay edición en español: Teoría del desenvolvimiento económico. Una investigación sobre las ganancias, capital, crédito, interés y ciclo económico, Fondo de Cultura Económica, México, D.F., 1997.]
Sennett, Richard: A Corrosão do Caráter: Conseqüências Pessoais do Trabalho no Novo Capitalismo,
Record, Río de Janeiro, 2000. [Hay edición en español: La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo, Anagrama, Barcelona, 2000.]
REVISTA LATINOAMERICANA DE SEGURIDAD CIUDADANA Marzo de 2008 Quito No 3JUSTICIA
INVESTIGACIONES: Ricardo J. Mendaña y Alicia Arias Salgado, El Ministerio Público y la«atención primaria» de la conflictividad penal. Juan Enrique Vargas Viancos, La nueva generación de reformas procesales penales en Latinoamérica. Alberto M. Binder, La política judicial de la democracia argentina -Vaivenes de la reforma judicial. Mauricio Duce J., La reformaprocesal penal en Chile. Logros y desafíos período 2000-2007.

ARTÍCULOS: Ramiro Viteri Guerrero, Enfoques sobre formas alternativas de administración de derechos y personas. Zarela Zavala Respaldiza, Justicia de paz letrada en comisarías. Las sumas y restas del sistema. Javier La Rosa Calle, La jurisdicción alternativa como mecanismo de acceso a la Justicia. Ramiro Viteri Guerrero, Enfoques sobre formas alternativas de administración de derechos y personas.

ENTREVISTA: Perspectivas y dilemas de la reforma judicial en América Latina. Diálogo con Linn Hammergren. RESEÑAS. Urvio es

Estimados amigos y amigas: Con mucho agrado les informo que estoy abriendo una nueva ventana en mi blog con el título «lecturas de fin de semana». El propósito es compartir con ustedes algunas lecturas, más largas que un artículo, pero más cortas que un ensayo, que preferiblemente se pueden leer durante el fin de semana. La cobertura es variada pues incluye temas económicos, sociales, políticos, históricos. Unos son informativos y otros generadores de debate. El factor común: que sean útiles para adoptar posiciones informadas. Espero, entonces, que efectivamente, sean lecturas útiles.

Comenzaré con el litigio con Colombia, tema en el cual la ciudadanía nicaragüense debe asentar su posición en fundamentos y argumentos. El artículo que les ofrezco fue publicado por la revista Envío, su autor es Augusto Zamora. El título «El litigio territorial Colombia Nicaragua». Es un breve repaso histórico, político y jurídico del litigio. Informa e ilustra. Obviamente, el hecho de que Augusto sea embajador del orteguismo en España no le quita valor al artículo.

Revista Envio

Nicaragua

El litigio territorial Colombia-Nicaragua

Desde hace casi 200 años Colombia disputa a Nicaragua parte de su territorio en aguas del Caribe. Desde hace más de 12 años el gobierno de Nicaragua viene luchando por hacer valer sus derechos. Esta es una breve historia de ese conflicto.

Augusto Zamora

Un mínimo y anómalo documento colonial de 1803 – que tuvo vigencia formal durante escasos 3 años y que nunca tuvo consecuencias prácticas – ha servido hasta hoy para que Colombia dispute a Nicaragua islas y cayos que, por geografía y por historia son parte del territorio centroamericano y más específicamente, del territorio nicaragüense, pues se encuentran claramente ubicados frente a nuestras costas. En litigio están también los límites de la plataforma marina – riquísima en pesca y minerales – en la que se encuentran estas islas y cayos.

La Cancillería nicaragüense está decidida a llevar la disputa territorial a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, mientras el gobierno colombiano refuerza su presencia militar en la extensa zona en disputa y ha reiterado en recientes declaraciones del nuevo Presidente su «derecho» a estos territorios. «Quiero dejar el problema resuelto al terminar mi mandato», ha declarado la Presidenta Chamorro, mientras técnicos y juristas van preparando el camino para que la resolución sea favorable a Nicaragua.

La historia de este diferendo es larga y refleja rasgos característicos de la geopolítica latinoamericana en este siglo XX. A continuación, algunos datos necesarios para situar mejor los orígenes y razones del litigio entre Nicaragua y Colombia.

Todo comenzó a finales del siglo XVIII

Lo primero que hay que tener en cuenta es que éste no es un diferendo limítrofe, geográfico. Colombia no tiene fronteras con Nicaragua. Dista más de 2 mil kilómetros de la Costa Atlántica nicaragüense y entre Colombia y Nicaragua se interponen Costa Rica y Panamá. Hace falta auxiliarse de la historia para entender la controversia.

A finales del siglo XVIII, la Corona española – en posesión por conquista y colonia de extensos territorios en América – nombró a Tomás O’Neille Gobernador de la isla de San Andrés, en la Costa de Mosquitos, frente a Nicaragua. Buscaba así hacer valer la autoridad de España frente a Inglaterra, que se había ido adueñando, desde hacía más de un siglo, de las costas atlánticas centroamericanas. Los ingleses quedaron oficialmente confinados en Belice. Sin embargo, durante casi todo el siglo XIX, la Costa de Mosquitos siguió, de facto, bajo dominio inglés. Las islas de San Andrés, Santa Catalina y Vieja Providencia habían seguido los avatares de toda la Costa Atlántica centroamericana y nunca fueron realmente ocupadas por España. Por su situación geográfica, sirvieron como centro de operaciones a aventureros y a contrabandistas. Desde 1631 vivían en estas islas decenas de familias inglesas.

El recién nombrado Gobernador O’Neille era ambicioso y aspiraba a mayores cargos, a mejores sueldos y a extensas tierras que trabajaran sus esclavos negros. Decidió dar el primer paso en esta dirección. Apoyado por los contrabandistas ingleses que vivían en San Andrés y por el Virrey de Santa Fe (territorio hoy colombiano, bajo el dominio español) escribió secretamente a Madrid exponiendo una situación patética en la isla de San Andrés y pidiendo que ésta pasara a ser «dependiente en todos sus ramos» del Virreynato de Santa Fe. La carta fue remitida sin consultar con el Capitán General de Guatemala (autoridad española con dominio sobre los territorios centroamericanos, incluída San Andrés). En respuesta, el Rey de España accedió y expidió una Real Orden el 30 de noviembre de 1803.

Doce líneas causaron el conflicto

La Real Orden es una docena de líneas en las que el monarca español establece que «las islas de San Andrés y la parte de la Costa de Mosquitos, desde el cabo Gracias a Dios inclusive hacia el río Chagres, queden segregadas de la Capitanía General de Guatemala y dependientes del Virreynato de Santa Fe». Esto es todo. Esta es la base del litigio.

Enterado, el Capitán General de Guatemala protestó enérgicamente la decisión, manifestando que «siempre los establecimientos de Mosquitos han dependido de esta Capitanía General». Solicitaba que las cosas volvieran a su estado anterior. Las razones del Capitán General fueron escuchadas y la Real Orden de 1803 quedó derogada por Real Orden de 1806.

La Real Orden de 1803 tenía en su formalidad un carácter eminentemente militar. Su objetivo era defender las costas de la isla de ataques de corsarios y piratas. Siendo todas las provincias territorio español, la Corona encargaba a las plazas navales más fuertes (Yucatán, La Habana o Cartagena) la vigilancia de otros territorios. Y aunque la palabra «segregación» usada en la Real Orden puede llevar a error, éste se aclara al saber que no fue seguida de ninguna otra disposición que indicara otro alcance que el militar y que, en la práctica, nunca fue aplicada.

De hecho, el Virreynato de Santa Fe (Colombia) no hizo acto alguno para proteger la Costa de Mosquitos. La presencia inglesa se mantuvo en la Costa mosquita y la isla de San Andrés cayó en manos inglesas el 26 de marzo de 1806. Sin disparar un tiro, O’Neille se rindió, después de que su tropa huyera en desbandada. La ocupación de la isla por los ingleses no motivó ninguna acción del Virreynato (Colombia).

Territorios en abandono

En esta situación de abandono estaban estos territorios cuando estallaron en México y Sudamérica las guerras de independencia contra el dominio español. Incidentes de aquellos años demuestran que Simón Bolívar y su gobierno no consideraron las islas como parte del territorio continental que estaban liberando de España.

La correspondencia de todos los años de pre-independencia entre Guatemala, Madrid y Santa Fe (Colombia) demuestra que la Costa de Mosquitos y sus islas adyacentes continuaron bajo la jurisdicción de Guatemala. La Real Orden de 1803 no fue vuelta a mencionar por nadie.

La independencia centroamericana, en 1821, encontró las islas en el mismo abandono, ocupadas entonces por un corsario que decía luchar bajo las banderas de Buenos Aires y de Chile.

Colombia no reclamó ningún derecho sobre territorio centroamericano hasta después de que, por un azar, alguien descubrió en junio-julio de 1824, entre los papeles del Virreinato de Santa Fe, la olvidada Real Orden de 1803. Y empezó el litigio. La disolución de la Federación Centroamericana en 1838 hizo que la controversia se bifurcara. Costa Rica, como único país fronterizo con Colombia – Panamá fue parte de Colombia hasta 1904 – heredó la parte fundamental del litigio, en tanto que Nicaragua, con la ocupación de la Mosquitia por Inglaterra, vio complicarse extremadamente su situación.

Siglo XIX: pretensiones y esfuerzos de Colombia

Durante todo el siglo XIX, con protestas simbólicas y periódicas, Colombia pretendió que Inglaterra reconociera sus reclamos sobre la Costa de Mosquitos, pretensión que fue rechazada siempre y categóricamente por el gobierno inglés. Por otra parte, Colombia ocupó las islas de San Andrés y Providencia, amparada en la Real Orden de 1803, y mantuvo permanentes controversias y negociaciones con Costa Rica. Mientras, Nicaragua trabajaba infatigablemente para recuperar la Mosquitia. Sus esfuerzos fructificaron poco a poco. En 1860, Inglaterra reconoció que la Costa formaba parte de Nicaragua y en 1881, un Laudo del emperador de Austria confirmó ese derecho. Durante todo este siglo y durante todas estas negociaciones, ningún país tomó en serio los pretendidos derechos de Colombia.

Dos hechos notables suceden a inicios del siglo XX. En 1900, el Presidente de Francia, Emile Loubet – designado árbitro en el conflicto Colombia-Costa Rica -, falló a favor de Costa Rica, negando validez a la Real Orden de 1803 y dejando a Colombia sin argumentos jurídicos con que fundamentar sus pretensiones sobre la costa caribe centroamericana. El otro acontecimiento es la firma, en 1905, del tratado Altamirano-Harrison, por el cual Inglaterra reconoció formalmente la soberanía de Nicaragua sobre su Mosquitia. Las perspectivas eran inmejorables para que el diferendo con Colombia se solucionara a favor de Nicaragua. Pero, cautivo y desarmado jurídicamente, el gobierno de Colombia recurrió a dos artificios. Pidió al árbitro Loubet que declarara que las islas de San Andrés eran algo separado y distinto de la Mosquitia y que, por lo mismo, eran colombianas. Lo consiguió. Por otro lado, «dividió» artificialmente la Costa de Mosquitos, «adjudicándose» la zona correspondiente al territorio de Nicaragua.

Esta permanente estrategia colombiana de deformar los hechos llevó al historiador Manuel María de Peralta a afirmar: «Colombia se ha impuesto la odiosa tarea de echar por tierra la historia y la legislación de España en América con mira de apropiarse o de hacerse adjudicar un territorio que no le ha pertenecido NUNCA, y se ve obligada por la necesidad de su causa a echar mano del error o de las negligencias de un amanuense y a hacerse escribir historias y geografías muy dignas del padre Periquet».

Entra en juego el gobierno de Estados Unidos

Mientras todo esto ocurría, el gobierno norteamericano, en base a una llamada Ley del Guano (18 agosto 1856), que le autorizaba a ocupar islas, rocas o cayos que no estuvieran bajo la jurisdicción de otro Estado, había declarado propiedad de los Estados Unidos los cayos y bancos próximos a Nicaragua. Bajo esta Ley del Guano (guano=excremento de gaviotas y otras aves marinas, muy rentable en el siglo XIX como fertilizante), Estados Unidos se apoderó del cayo Serrana en 1869 y en 1871, de los cayos Quitasueño y Roncador.

En su expansionismo imperial, Estados Unidos «olvidaba» que en el continente americano no había «tierras de nadie» y que todos los territorios que habían estado bajo el dominio de España pertenecían a los Estados ribereños, como sucesores. La Ley del Guano y la decisión estadounidense tendrían consecuencias nefastas para Nicaragua.

La decisión del árbitro Loubet, en favor primero de Costa Rica y después de Colombia, quedó en el papel y no fue ejecutada. Los acontecimientos políticos se precipitaron. En 1903, el territorio de Panamá fue arrancado del de Colombia por los Estados Unidos, que «fabricaron» así una república independiente para construir en ella el canal interoceánico. Colombia dejó de tener relación geográfica con Centroamérica y Panamá quedó como sucesor del diferendo. La nueva nación y Costa Rica replantearon la cuestión limítrofe, sometida a nuevo arbitraje en 1910. El Laudo del árbitro norteamericano Edward White confirmó en lo fundamental el Laudo Loubet.

Después de varios incidentes, la controversia entre Costa Rica y Panamá fue resuelta y Panamá jamás reclamó derecho alguno sobre la Costa de Mosquitos. Colombia, en cambio, desde una posición jurídicamente insostenible, continuó reclamando la Mosquitia nicaragüense, olvidándose de la costarricense y reteniendo las islas. ¡Estando de por medio dos naciones independientes, una de ellas Panamá – sucesora de los derechos de Costa Rica -y dos laudos arbitrales, Colombia seguía pretendiendo derechos sobre territorio nicaragüense!

Nicaragua intervenida por Estados Unidos

Nicaragua fue ocupada militar y políticamente por Estados Unidos en 1924. Fue entonces que el gobierno de Colombia inició una nueva vía: inició arreglos secretos con el de Estados Unidos para que éste obligara a Nicaragua a renunciar a sus derechos. Los norteamericanos no sólo querían mejorar sus relaciones con Colombia, gravemente deterioradas con la separación de Panamá. Tenían también intereses económicos. El Secretario del Tesoro norteamericano, el multimillonario Mellon, estaba urgido de que Colombia renovara la llamada concesión Barco – para exploraciones petrolíferas – y otros acuerdos pendientes sobre pesca y navegación entre ambos países. De Nicaragua, convertida en simple protectorado, no tenía Mellon nada que esperar.

La postrada Nicaragua de 1925 solicitó a Estados Unidos sus buenos oficios para someter a arbitraje el diferendo con Colombia. La respuesta del Departamento de Estado planteaba la única solución «equitativa»: para Nicaragua la Costa de Mosquitos y para Colombia, el archipiélago de San Andrés.

El caso permaneció estancado hasta que en 1928 Estados Unidos impuso a Nicaragua la suscripción de un acuerdo – negociado de previo con Colombia – que recogía totalmente la propuesta colombiana. La ocupada Nicaragua no pudo hacer nada para oponerse al diktak del imperio, que violaba su Constitución y sus derechos. La firma del mal llamado Tratado – conocido como Bárcenas Meneses -. Esguerra por sus firmantes -, nacido en circunstancias infames e impuesto por la fuerza de la ocupación extranjera, tuvo lugar el 24 de marzo de 1928, siendo Presidente el `contador jefe’ Adolfo Díaz.

El «tratado» tenía sólo dos artículos: Colombia reconocía la soberanía de Nicaragua sobre la Costa de Mosquitos y Nicaragua reconocía la soberanía de Colombia sobre las islas de San Andrés y Providencia y sobre todas las demás islas, islotes y cayos del Archipiélago de San Andrés. Los cayos Roncador, Quitasueño y Serrana se excluían de la disputa y quedaban en litigio entre Colombia y Estados Unidos.

Resistencia de Nicaragua al Tatado Bárcenas Meneses-Esguerra

La resistencia a este Tratado en Nicaragua fue tal que Estados Unidos no logró su ratificación hasta dos años después, el 6 de marzo de 1930, después de coaccionar vivamente a José María Moncada, premiado con la Presidencia del país en el pacto del Espino Negro. El gobierno estadounidenses amenazó y presionó al gobierno y al Congreso nicaragüenses y los debates parlamentarios fueron apasionados, estando presente en ellos en todo momento la idea de que se trataba de un despojo. Mientras, la soberanía nacional era defendida en las montañas, donde el General Sandino y sus hombres enfrentaban a los marines.

Paralelamente a sus negociaciones sobre cómo arrancar a Nicaragua el archipiélago de San Andrés, Colombia y Estados Unidos negociaron la situación de los cayos y bancos de Roncador, Serrana y Quitasueño. Por un acuerdo conocido como Olaya-Kellog, alcanzado en intercambio de notas y concluido el 10 de abril de 1928, las cosas quedaron como estaban: Estados Unidos se quedaba con los cayos. El despojo a Nicaragua era completo.

Durante la dictadura somocista, crece la geofagia colombiana

Durante la dictadura somocista – que coincide con el desarrollo de nuevas instituciones de Derecho del Mar, particularmente el derecho de las naciones con costas sobre sus aguas adyacentes y sobre la plataforma continental -, Nicaragua reclamó insistentemente sus derechos sobre los cayos y bancos de Roncador, Serrana y Quitasueño y sobre toda su plataforma continental.

No satisfecha con lo obtenido en 1928, Colombia continuó expandiendo sus pretensiones sobre las áreas marinas y submarinas de Nicaragua. El siguiente paso – sostenido únicamente por vetustos buques de guerra – fue tomar la declaración anexada por el Congreso nicaragüense en 1930 al ratificar el «tratado» de 1928, en el sentido de que el meridiano 82 constituía la frontera marítima entre ambos países. Así, impuso de forma unilateral una frontera marítima a Nicaragua, privándola de casi toda su plataforma continental y de su mar adyacente.

Como consecuencia de la geofagia colombiana, se multiplicaron los incidentes entre pesqueros nicaragüenses y naves de guerra colombianas en las áreas en disputa. Esto fue generando entre los nicaragüenses un sentimiento de resentimiento hacia Colombia, que amparaba con la fuerza su orfandad de derechos.

En 1969 se produjo el más fuerte incidente diplomático entre Colombia y Nicaragua, después de que el gobierno nicaragüense estuvo otorgando concesiones de exploración petrolera más allá del meridiano 82 – en 1964 a la Union Oil, en 1966 a la Mobil Oil, en 1965 a la Shell y en 1967 a la Chevron -.

Colombia: política expansionista

Dentro de su política expansionista, Colombia suscribió con Estados Unidos el 8 de septiembre de 1972 un nuevo tratado, conocido como Saccio-Vázquez Carrizosa. Por él, Estados Unidos cedía y traspasaba la soberanía de los cayos y bancos de Roncador, Serrana y Quitasueño a Colombia, poniendo fin de esa manera a lo acordado en las notas Olaya-Kellog. El tratado de 1972 provocó una vehemente reacción en Nicaragua, que de inmediato expresó su firme oposición. La reacción del gobierno colombiano fue arrogante: una comisión oficial, presidida por el Ministro de Defensa, visitó los cayos, haciendo gala del «poderío» naval colombiano. En respuesta, un grupo de periodistas nicaragüenses visitó Quitasueño e izó allí la bandera nacional.

El tratado fue un golpe político a la dictadura somocista, fiel representante de los intereses de Estados Unidos en Nicaragua. A través del fuerte lobby que tenía en el Congreso norteamericano, Somoza logró evitar que el Senado estadounidense ratificara el tratado. En esta situación encontró el litigio la revolución sandinista.

En los últimos meses de 1979 se abrió paso en la Cancillería de Nicaragua la preocupación por la defensa de los intereses territoriales del país y la voluntad de poner fin a 70 años de abandono y corruptelas, que amenazaban con hacer mayores las pérdidas territoriales de Nicaragua. Como primer paso, se decidió atajar el expansionismo colombiano en el mar Caribe, que amenazaba con privar a Nicaragua de extensas zonas de sus mares y de su plataforma marina.

Política territorial del gobierno revolucionario

La primera manifestación de la política territorial del gobierno revolucionario fue la promulgación, el 19 de diciembre de 1979, de una Ley sobre Plataforma Continental y Mar Adyacente, que establecía una zona de 200 millas náuticas «de soberanía y jurisdicción» y proclamaba el dominio nacional, exclusivo y excluyente, sobre la plataforma continental y los recursos marinos. Hasta aquel momento, Nicaragua mantenía sólo una «zona pesquera» de 200 millas náuticas.

Entre octubre y noviembre de 1979 se iniciaron en la Cancillería nicaragüense los estudios sobre la legalidad del «tratado» de 1928. Por vez primera desde 1909, Nicaragua tenía un gobierno verdaderamente nacional, no sujeto a los dictados ni a los intereses de Estados Unidos, y esto le permitía desarrollar una política activa de defensa de los derechos del país. No había interés en provocar una crisis con Colombia, pero menos interés había en mantener una situación injusta, consecuencia de 70 años de intervención de los Estados Unidos en Nicaragua. Teníamos conciencia de que se estaba en una oportunidad histórica y que no podía desaprovecharse.

La Cancillería presentó su propuesta a la Junta de Gobierno en noviembre: Nicaragua debía realizar un acto positivo para rescatar sus derechos sobre las islas de San Andrés y Providencia, así como para fortalecer sus derechos a la totalidad de sus áreas marinas y submarinas, particularmente en relación a los cayos y bancos de Roncador, Serrana y Quitasueño. El «tratado» de 1928 era nulo e inválido, por vicios insubsanables en su raíz – inconstitucional, impuesto por la fuerza, violatorio de tratados – y la Junta debía declararlo así. Se llevaron a cabo decenas de reuniones, explicativas, aclarativas, informativas. Alguno llegó a hacer la inevitable pregunta: «¿para qué tanta agua?» La respuesta era obvia: para defender la soberanía territorial y los enormes recursos que contenían esos espacios marítimos e insulares. Finalmente, hubo acuerdo general sobre la propuesta de declarar la nulidad e invalidez del «tratado» de 1928.

No había actuado mal el gobierno colombiano de Turbay Ayala en relación a la revolución sandinista. El 16 de junio de 1979, en Cartagena, el Pacto Andino había reconocido al FSLN como «fuerza beligerante». Después, había establecido muy pronto relaciones con la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Eran gestos notables, teniendo en cuenta la tradición de los gobiernos colombianos de desarrollar una política exterior de bajo perfil y a la sombra de la política norteamericana.

Libro Blanco: las razones de Nicaragua

El gobierno revolucionario elaboró un Libro Blanco, donde se explicaban las razones de Nicaragua. La decisión no era fácil. No había ningún deseo de que el acto de reivindicación de un territorio histórico, geográfica y jurídicamente nicaragüense, se interpretara como un gratuito gesto de animadversión o como pretexto para crear una crisis artificial, aunque era obvio que Colombia no aplaudiría.

El 4 de febrero de 1980, en solemne acto celebrado en la Casa de Gobierno y ante el Gabinete y el cuerpo diplomático, la Junta de Gobierno en pleno – Daniel Ortega, Sergio Ramírez, Violeta Barrios de Chamorro, Moisés Hassan y Alfonso Robelo – presentaron la Declaración sobre las islas de San Andrés y Providencia y territorios circundantes. En ella, requerían la devolución a Nicaragua de esos territorios, que le pertenecían por inobjetables títulos jurídicos, históricos y geográficos, y declaraban la «nulidad e invalidez» del «tratado» de 1928.

Esta declaración constituyó la primera acción internacional del nuevo gobierno revolucionario en defensa de los intereses nacionales. Provocó también la primera crisis de política exterior. Colombia reaccionó duramente, rechazando de inmediato la declaración nicaragüense, reafirmando sus derechos y llamando a Bogotá a su embajador en Managua. Los medios de prensa colombianos se llenaron de artículos sobre el tema, señalando que tras la declaración de Nicaragua estaba una «conjura comunista» con Cuba. En diciembre de 1980, el gobierno de Colombia publicó su propio Libro Blanco, en respuesta al de Nicaragua, que no agregaba argumentos nuevos.

El gobierno colombiano, conocedor de la creciente desconfianza norteamericana hacia la revolución sandinista, se plegó más que nunca a Estados Unidos, convirtiéndose en uno de los principales críticos de la revolución nicaragüense y en firme aliado de la política exterior norteamericana. A cambio, los norteamericanos reconocían sus pretensiones sobre Roncador, Quitasueño y Serrana. El gobierno de Turbay Ayala criticó acervamente al FMLN-FDR y apoyó al gobierno de Duarte en El Salvador, atacó la declaración conjunta franco-mexicana de reconocimiento al FMLN como «fuerza política representativa», envió fuerzas armadas al Sinaí – único país, además de Fiji que lo hizo – y con Chile fue la única nación latinoamericana que no apoyó a Argentina en el Conflicto por las Malvinas. El 23 de marzo de 1981 cortó sus relaciones con Cuba.

La llegada de Reagan al poder

El gobierno de Ronald Reagan significó el fin de cualquier posible convivencia entre Estados Unidos y Nicaragua. El antisandinismo de Reagan lo llevó a ratificar en 1981, a petición del gobierno de Colombia, el tratado Saccio-Vázquez Carrizosa de 1972, «cediendo» Estados Unidos a Colombia los cayos de Quitasueño, Roncador y Serrana. Más que un reconocimiento a los derechos de Colombia, el acto era un castigo a la política nacional e independiente del gobierno sandinista. El ex-Ministro de Relaciones Exteriores y firmante del tratado, Alfredo Vázquez Carrizosa, comentó: «Si Nicaragua se comporta amistosamente, será necesario aplazar la aprobación. Si mal, la puerta está abierta para refrendarlo».

Las relaciones entre Nicaragua y Colombia mejoraron ostensiblemente con la Presidencia de Belisario Betancur en 1982. Un tanto sorpresivamente, Betancur decidió rescatar a Colombia de su sumisión a Estados Unidos y sacarla de su aislamiento en el entorno latinoamericano. Dos pasos ilustran esta nueva etapa: el ingreso de Colombia en el Movimiento de Países No Alineados y su decisión de involucrarse en los esfuerzos por encontrar una solución pacífica a la crisis centroamericana, nucleados en torno al Grupo de Contadora. Como lo cortés no quita lo valiente, se mantuvo la controversia territorial y el gobierno de Colombia protestó en dos ocasiones – en 1984 y 1985 – por acciones en las que Nicaragua reivindicaba sus derechos en el archipiélago de San Andrés y en los cayos caribeños, pero la protesta no trascendió de intercambios diplomáticos para cubrir formalidades.

El último año de la presidencia de Betancur se enrarecieron las relaciones y en los últimos días de su mandato, el 2 de agosto de 1986, el gobierno de Colombia suscribió con el de Honduras un tratado limítrofe, repartiéndose ambos países casi todo el territorio marítimo de Nicaragua en el Caribe, acuerdo coherente con el permanente expansionismo colombiano en aguas caribeñas. En lo que afecta a Centroamérica, Colombia tiene suscritos tratados de este tipo con Panamá (en vigor desde noviembre/77) y con Costa Rica (firmado en marzo/77, pero sin entrar en vigor por la negativa del Congreso costarricense a ratificarlo). El Congreso colombiano ratificó el tratado con Honduras en octubre/86 con la única oposición de la Unión Patriótica.

No sucedieron más sobresaltos en los años posteriores. Cada país quedó en su posición y en Nicaragua, la guerra acabó desplazando las cuestiones territoriales a un segundo plano. En 1990, el cambio de gobierno no significó un cambio de actitud ni en Colombia ni en Nicaragua. Después de ciertas vacilaciones iniciales, el gobierno de Violeta Chamorro mantuvo la política territorial trazada por el sandinismo, considerando nulos e inválidos todos los «tratados» fabricados por Colombia en estos 60 años para despojar a los nicaragüenses de nuestros territorios. Para Nicaragua, no hay otra política posible.