Con sus acciones desquiciadas de los últimos días, Ortega no ha hecho más que llevar al extremo la brutal realidad de que en Nicaragua no hay Constitución, ni leyes, ni derechos. Solamente campea la voluntad de un tirano desalmado que se aferra maniáticamente al poder. Y en ese afán, no tiene límites.
No le bastó imponer la ley que prescribe la pena de prisión perpetua. Ni la ley de agentes extranjeros. Tampoco le bastaron las reformas a la ley electoral, que reducen, todavía más, los espacios a la participación. Ni la ley que faculta a los verdugos del aparato judicial a castigar a cualquier ciudadano con 90 días de cárcel, sin juicio ni defensa posible.
No le bastó copar el Consejo Supremo Electoral con fieles sirvientes. Ni imponer la ley que deja a su arbitrio la eliminación de candidatos que representen el más mínimo riesgo para su continuismo. Ni imponer un calendario electoral a su gusto y antojo. Igual, no le bastó apoderarse de la totalidad de la estructura electoral.
No le basta con mantener más de 120 prisioneros políticos. Ni impedir movilizaciones o reuniones de organizaciones políticas o sociales. Ni mantener a los precandidatos con casa por cárcel. Tampoco le bastan los atropellos a periodistas y a medios de comunicación.
En fin, no le basta con mantener suspendidas las libertades y cancelados los derechos constitucionales.
Un montaje chapucero
Ortega está consciente del rechazo que la inmensa mayoría de los nicaragüenses tienen a su régimen. Le da pavor que ese rechazo se exprese en las urnas. Además, ese rechazo lo enfurece. De ahí viene la sed de venganza demencial.
Ese es el fondo del montaje chapucero en contra de Cristiana Chamorro cuyo propósito es inhabilitar su candidatura y, de paso, aprovechar la operación para castigar o amedrentar a periodistas y medios de comunicación independientes.
El montaje tiene como base una acusación por el delito de lavado de dinero. Para que exista ese delito es condición que el origen de los fondos sea un crimen como narcotráfico, secuestro, extorsión, trata de personas y otros semejantes. El lavado de dinero se completa cuando los fondos regresan a manos del delincuente. El absurdo es que la acusación se lleva en el saco tanto a las agencias internacionales de cooperación, como a los beneficiarios de las mismas. En el caso de AID, hay centenares de organizaciones beneficiarias, incluso alcaldías y entidades del gobierno, pero da la casualidad que sólo acusan a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
La segunda pieza del montaje
Pero no les bastó con eso, sino que la Fiscalía interpuso una acusación penal y solicitó, además del arresto, la inhabilitación para ejercer cargos públicos, es decir, que de una vez la inhibieran para ser candidata a la presidencia. Naturalmente, la jueza a cargo accedió a la solicitud en cuestión de horas.
Y esta fue la segunda pieza del montaje chapucero. No es muy difícil demostrar la bestialidad legal que están cometiendo con tal de acatar la voluntad del tirano. Vamos a hacerlo, no porque creamos ingenuamente que para la dictadura las leyes tengan alguna importancia, sino para aclarar cualquier confusión o duda, pero, sobre todo, para terminar de desnudar la operación chapucera.
Si estuviéramos en una democracia en que se respetara el marco legal y los órganos del Estado fueran independientes, las cosas serían así:
Los derechos ciudadanos están consignados en la Constitución Política. Esos derechos solamente pueden ser limitados por la decisión de una autoridad competente, después de cumplir los procedimientos legales.
En el caso de los delitos, las autoridades competentes son los tribunales de justicia, los cuales pueden limitar los derechos de un ciudadano de dos maneras: mediante una pena, o bien, mediante una medida cautelar.
La inhabilitación para ejercer cargos públicos, de acuerdo al código penal vigente, es una pena. Es decir, sólo se puede imponer como resultado de una sentencia firme, al final de un juicio. Cuando ya no quedan más recursos que interponer.
Veamos lo que dice el artículo 57 del código penal: “La pena de inhabilitación especial para ejercer empleo o cargo público produce la privación del empleo…Produce además la incapacidad para obtener el mismo u otros análogos durante el tiempo de la condena. En la sentencia se deberá especificar los empleos, cargos u honores sobre los que recae esta inhabilitación.”
¿Respetó esa disposición la resolución de la jueza que dictó la medida chapucera en contra de Cristiana Chamorro?
No. Dictó la resolución de entrada. Impuso la inhabilitación como una medida cautelar. Las medidas cautelares son, por así decirlo, medidas preventivas.
¿Y qué dice al respecto el artículo 166 del Código Procesal Penal?
Dice, expresamente “Las únicas medidas cautelares son las que este código autoriza…En ningún caso las medidas cautelares podrán ser usadas como medio para obtener la confesión del imputado o como sanción penal anticipada”.
No se necesita ser abogado para entender esto: Primero, que solo pueden aplicarse las medidas cautelares que están en el código. No pueden inventarse. Segundo, que no pueden imponerse como sanción penal anticipada.
Seguidamente, el artículo 167 establece una lista precisa de las medidas cautelares, ahí están la detención domiciliaria, el impedimento para salir del país, la presentación periódica ante un tribunal, entre otras…pero ¿saben qué? …en esa lista no aparece la inhabilitación para ejercer cargo público. Y no puede aparecer porque esa es una pena y no una medida cautelar.
¿Qué tenemos entonces? Que los chapuceros de la fiscalía y del aparato judicial están actuando en contra de ley expresa.
Y vean lo que son las ironías en una dictadura: El artículo 463 del Código Penal establece como castigo prisión y la inhabilitación para el ejercicio del cargo, cuando un juez dicte una resolución en contra de ley expresa.
Pero bueno, este es nuestro país, donde no existe ni Constitución, ni leyes ni tribunales, sino la voluntad de un tirano que legisla y dicta sentencias. Y una manada de sirvientes que acatan esa voluntad, aunque para eso tengan que orquestar montajes chapuceros.
Corolario
Si todavía quedan algunas mentes, en grupos políticos o en grupos económicos, pensando que, prestándose a un juego electoral con cartas marcadas, pueden llegar a un arreglo con el dictador para restablecer el modelo de dominación “comé y comamos”, que implantaron antes de que estallara la crisis de abril, y que tantos beneficios deparó a unos y otros, seguramente estarán haciendo de nuevo sus cálculos. Y si no los están haciendo, deberían hacerlo.
Ese modelo ya no puede repararse. No hay aterrizajes suaves para retornar al redil del dictador. Les perdió la confianza. Tal como manifestó en uno de sus discursos, mordieron la mano que les dio de comer. Y ahora solo acepta claudicación incondicional. Allá ellos.
Porque está claro que el tirano ya ni circo electoral quiere.
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