En la sesión del 21 de mayo del diálogo nacional se aprobó, por consenso, el acuerdo de asumir, como propias, las recomendaciones contenidas en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los representantes del régimen aceptaron públicamente y levantando sus manos ese compromiso.
Ante el pueblo nicaragüense, el régimen se comprometió a cumplir las recomendaciones contenidas en el informe de la CIDH.
Revisemos pues cuáles fueron los compromisos que asumió el gobierno y que ya debería estar cumpliendo.
La recomendación número seis del informe de la CIDH dice lo siguiente: “Adoptar medidas para investigar diligentemente, juzgar y sancionar a los responsables de todos los actos de violencia cometidos durante las protestas”.
El régimen se comprometió a Investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los actos de violencia, según la recomendación número seis del informe.
¿Y cuáles son esos actos de violencia?
El mismo informe señala que de las evidencias recibidas se desprenden “graves violaciones de derechos humanos durante un mes de protestas, caracterizadas por el uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad del estado y de terceros armados. Lo que dio como resultado –continúa el diciendo el informe- decenas de muertos y centenares de personas heridas; detenciones ilegales y arbitrarias; prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, censura y ataques contra la prensa, y otras formas de amedrentamiento como amenazas, hostigamientos y persecución dirigidas a disolver las protestas y a inhibir la participación ciudadana”.
¿Quiénes son los responsables de esos actos de violencia?
En un párrafo posterior, el informe agrega: “la represión estuvo a cargo de la Policía Nacional, sus fuerzas antimotines y grupos parapoliciales”.
En otras palabras, los representantes del régimen asumieron el compromiso de investigar, juzgar y sancionar a los responsables, policía nacional, fuerzas antimotines y grupos parapoliciales.
Si el gobierno tuviera la voluntad de cumplir las recomendaciones de la CIDH y los acuerdos del diálogo, ya deberían estar sometidos a investigación y proceso judicial los mandos de la policía nacional. Pero allí están, muy campantes ejerciendo sus funciones.
La siguiente recomendación del informe de la CIDH que corresponde puntualizar, es la número ocho. Dice lo siguiente:
“Desmantelar los grupos parapoliciales y adoptar medidas para impedir que sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostiguen a la población civil”.
Aquí el informe se refiere a los grupos paramilitares, a las turbas criminales del régimen. Cabe recordar que esta fue una de las condiciones que comunicó al gobierno la conferencia episcopal, como base para asumir su función mediadora.
Sin embargo, en lugar de proceder a cumplir con el compromiso asumido en el marco del diálogo, el régimen hizo exactamente lo contrario: dio luz verde a sus turbas diabólicas para que continuaran la masacre indiscriminada.
Más muertos. Más heridos. Más torturados. Más desaparecidos. Chinandega, León, Boaco, Managua, y otros territorios son asolados por los escuadrones de la muerte.
Portar una bandera azul y blanco se ha vuelto una actividad que desata la rabia asesina de los escuadrones de la muerte del orteguismo y se castiga con la muerte. Escuchar la canción dedicada a los estudiantes desata la rabia asesina de los escuadrones de la muerte del orteguismo y se castiga con la muerte.
Por el tipo de armas, se sospecha que son policías disfrazados de civiles. Y si no son policías, resulta claro que cuentan con protección policial pues se mueven libremente con total impunidad.
¿Alguien sabe que hayan capturado a alguno?
¿Qué pretende Ortega al incumplir ostentosa y flagrantemente, de entrada, los primeros acuerdos del diálogo?
¿Qué pretende al desatar sus turbas diabólicas?
Pretende sembrar el terror y elevar el nivel de la confrontación, al mismo tiempo. Pretende que unos se paralicen por el temor y que otros pierdan la paciencia y entren en el camino de la violencia. Sabe que en ese campo lleva ventaja, porque en un escenario de violencia se impone el más brutal. El más despiadado.
Cualquiera que participe en las marchas y plantones de protesta puede notar que no hay odio en las miradas. No hay sed de venganza en los rostros. A pesar de los asesinatos, a pesar del sufrimiento, los nicaragüenses seguimos atesorando nobleza en nuestra alma. Jóvenes, adultos, hombres y mujeres, y hasta niños y niñas, el pueblo, camina, corea consignas, canta, enarbola su bandera, con pasión, con esperanzas, pero sin odio.
No podemos permitir que Ortega y sus secuaces contaminen de odio y de sed de venganza la nobleza de esta insurrección cívica del pueblo nicaragüense. Por eso es preciso salir del régimen cuanto antes.
Es imperativo mantener los cauces pacíficos, pero también es imperativo elevar la presión social. Es tiempo ya de convocar, en esta semana, al primer paro nacional, aunque sea de un día. Después, ya veremos.
La desobediencia civil es la ruta menos dolorosa y menos costosa. Es el único lenguaje que Ortega entiende. Y el único diálogo que puede acatar.
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