La crisis del INSS detonó, simultáneamente, tres crisis: crisis del modelo económico, crisis del modelo de control social y, como consecuencia, crisis del régimen político dictatorial. Esto parece teoría, pero analizar nuestro contexto tiene implicaciones muy prácticas. Conocer el terreno que pisamos es esencial para no perdernos en el camino.
Comencemos con la crisis del modelo de control social. Cuando hablamos de control social nos referimos a los mecanismos que ha utilizado el régimen para mutilar el ejercicio de los derechos civiles, laborales y políticos, y neutralizar las acciones de reclamo o protesta social. El régimen navegó, con relativa tranquilidad, durante once años, utilizando principalmente los siguientes mecanismos:
El primero ha sido la organización y movilización de su clientela política. Las grandes concentraciones y los espectáculos con centenares de chavalos uniformados, por ejemplo, cumplían el propósito de arrinconar a los opositores en la creencia de que éramos minúsculos, e insuflar en sus simpatizantes la convicción de que eran invencibles, porque constituían una mayoría aplastante. Además, que contaban con el apoyo masivo de la juventud. Vamos por más victorias, proclamaban. Recordemos también las descalificaciones que utilizaron tanto Ortega como Murillo, en días recientes.
En determinados casos, parte de esta clientela partidaria era utilizada para disuadir o para intimidar. Acordémonos de las rotondas y los consejos del poder ciudadano. Esta base social, sin embargo, se erosionó por varias causas, entre otras, el cansancio por la persistencia de la pobreza, el subempleo, los bajos ingresos, las promesas incumplidas y los engaños acumulados. El desgaste se evidenció en ocasión de los dos últimos fraudes electorales y quedó patentizada en el trágico episodio que todavía vivimos. El régimen confiaba en que miles abarrotarían las rotondas en respaldo a las reformas al INSS, pero sus bases están a tal punto socavadas, que solo pudieron montar algunos plantones patéticos en algunas rotondas. Donde no hay que dar, no hay que velar, enseña un refrán popular. La portentosa marcha del 23 de abril propinó un golpe político y moral a la mandíbula de este mecanismo de control social. Pero no está aniquilado y Ortega buscará prontamente como realizar alguna exhibición.
El segundo mecanismo son las fuerzas de choque. Delincuentes o desalmados engrosan sus filas, captados mediante pagos o prebendas. Son un recurso destinado a avasallar por la fuerza y el terror toda manifestación opositora. Cadenas, piedras, garrotes, morteros y, si necesario, balas.
A muchos nos tocó vivir momentos dramáticos ante estas bandas criminales. No podemos olvidar estos antecedentes. Hay una foto emblemática de un candidato a alcalde en León, con bate en mano, repartiendo batazos a diestra y siniestra. También está la primera destrucción de Radio Darío, asesinatos en distintos municipios y violentas agresiones a movilizaciones populares.
Estos grupos paramilitares son responsables de varios de los asesinatos cometidos en contra de los estudiantes en esta semana fatídica. Aunque este aparato represivo está políticamente golpeado, sigue vivo. Cualquier esfuerzo por alcanzar la armonía social y garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos pasa por la disolución de estos grupos. Por supuesto, Ortega difícilmente se desprenderá de manera voluntaria de uno de sus instrumentos de coerción preferidos. Si hablamos de diálogo, aquí está un tema relevante.
El tercer mecanismo de control social ha contado con dos patas: la cooptación del movimiento sindical y la alianza con la cúpula empresarial. El control del movimiento sindical le ha permitido desarticular o neutralizar toda organización independiente de los trabajadores y violentar derechos laborales sin huelgas ni reclamos. La alianza con la cúpula empresarial, aunque no beneficia a la mayoría de los empresarios, al comprometer a los más poderosos e influyentes, proyectaba la imagen de que la empresa privada era uno de los pilares del régimen. Y fue un recurso efectivo para demostrar fuerza, acallar justas reivindicaciones empresariales como las onerosas tarifas eléctricas y los precios del combustible, y apaciguar amenazas externas. Sobre este binomio Ortega afianzó su modelo económico.
La crisis del INSS ha debilitado la gravitación de los sindicatos orteguistas. Nadie los toma en cuenta como factores de solución. Mientras, la alianza con la cúpula empresarial ha sufrido una fisura. Todavía no está clara la profundidad de esa fisura y si es temporal o definitiva. Pero sí es claro que una prioridad en la estrategia del régimen es restaurar esta alianza. Para lograrlo, con seguridad, estará dispuesto a hacer concesiones de corto plazo con las exoneraciones, el régimen fiscal y las mismas reformas a la seguridad social. Sin embargo, el conglomerado empresarial está ahora más consciente de los riesgos que conlleva seguir embarcados en ese modelo.
Finalmente están los recursos represivos tradicionales: el ejército y la policía. Por algo en su primera comparecencia Ortega apareció flanqueado por los jefes de ambos cuerpos armados. El control personal y la progresiva cooptación de sus mandos incidió en la conversión de la policía, más ostensiblemente, en un cuerpo represivo que no entiende de ley, ni de controles institucionales. El salvajismo observado con la masacre que perpetraron la semana anterior lo dice todo.
Para que los nicaragüenses recuperemos nuestros derechos y se instale la armonía social y la seguridad democrática es imperativo que la policía se someta a la ley y recobre su perfil institucional.
¿Puede alcanzarse este propósito con Ortega en el poder?
*En dos artículos posteriores abordaremos la crisis del modelo económico y la crisis del régimen político dictatorial.
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