¿Cuántas masacres más tenemos por delante?

A comienzos de la semana anterior, oficiales del ejército dieron a conocer la muerte de seis nicaragüenses, civiles, en la zona conocida como San Pablo 22, correspondiente al municipio La Cruz de Río Grande. El ejército solamente proporcionó el nombre de uno de los fallecidos. Rafael Dávila Pérez, alias comandante Colocho. Todos fueron enterrados en una fosa común. Según las declaraciones se trataba de una banda delincuencial que asolaba la región desde hacía varios meses.

El militar que ofreció la información, manifestó: “Estos elementos delincuenciales su modo de operar es ese, la marihuana, la comercialización y cultivo de marihuana, más los robos, extorsiones y violaciones”.

Y agregó:

“nosotros tenemos varios casos, varias denuncias que por cuestiones de seguridad no podemos dar nombre, pero hay denuncias, tanto en la Policía como en el Ejército, de los robos y de las violaciones que estos hacían”. Y finiquitó: “Esos eran todos, no hay gente que haya sobrevivido”

Vamos por punto. Admitamos que existían denuncias de delitos comunes. Si así fuera ¿Qué tiene que ver el ejército en este asunto?

Si hablan de delitos comunes, la investigación corresponde a la policía. La Fiscalía es la otra institución que estaba llamada a intervenir. En cualquier caso ¿Dónde están esas denuncias? ¿Ante qué órgano policial o judicial se interpusieron?

Sigamos. Según el militar tenían alrededor de 9 días de andar tras la pista de los supuestos delincuentes. También se sabe que los emboscaron a la orilla de un río, en horas de la madrugada.

¿El ejército se proponía capturarlos? Si se proponía capturarlos ¿cómo es que los mató a todos? ¿Les pidieron que se rindieran? ¿O los supuestos delincuentes se negaron a rendirse y combatieron a muerte hasta ser completamente aniquilados?

¿Dónde están los plantíos de marihuana que supuestamente traficaba este grupo de nicaragüenses que fue aniquilado?

Sigamos con las suposiciones. Asumamos que el grupo estaba formado por delincuentes. ¿De dónde saca el ejército la facultad para acusarlos, condenarlos y después aplicarles la pena de muerte?

Pero no solo eso. Los seis asesinados fueron enterrados en una fosa común. Sin que siquiera se procediera a su identificación.

El ejército los acusó, los procesó, los condenó a muerte, ejecutó la sentencia mortal, y pretendió borrar toda huella de la existencia de estos nicaragüenses. Hasta los nombres. Enterrados en una fosa común, sin identificación. Como que si fueran monos.

Ahora pasemos a la otra cara de la historia. Resulta que dos de los fallecidos eran adolescentes. Apareció la madre. Se llama Elea Valle Aguirre. Ahora se sabe que dos de los «peligrosísimos» delincuentes que asesinó el ejército -violadores de mujeres, dijeron- eran un niño de doce años, Francisco Pérez Valle, y la adolescente Yojeisel Elizabeth Pérez Valle, de 16 años. Allí están las fotos en La Prensa para el que las quiera ver. Dos rostros infantiles. Campesinos. Pobres.

A Elea Valle le mataron al marido y a dos hijos. Queda con tres chiquitos que mantener y con el acoso del ejército, según ella misma denunció.

Todo sistema jurídico, todo sistema político civilizado, si una razón tiene, si un motivo tiene, es tutelar la vida humana. Es la persona, su vida, su integridad física y moral, por encima de cualquier otra consideración, lo que da sentido a la palabra humanidad. Todos los demás derechos derivan del sagrado derecho a la vida.

Sin embargo, en nuestro país se ha convertido ya en una práctica oprobiosa de los cuerpos armados limitarse a informar mediante escuetos comunicados sobre la muerte de nicaragüenses, sin que se conozca de ninguna investigación sobre las circunstancias. Se van a la tumba sin forma ni figura de juicio. Y ahora con el agravante de que además de la infame condena a muerte se van condenados también como narcotraficantes.

Y los casos se van acumulando, de mes en mes.

El CENIDH, en el documento denominado “Impunidad de las violaciones a los derechos civiles y políticos”, anota lo siguiente: “El propio Ejército de Nicaragua reconoce la existencia de cincuenta y cinco muertos en los años 2008, 2011, 2012 y 2013 sin dar mayor explicación de las circunstancias en que sucedieron los hechos ni los nombres de los involucrados en los mismos. Simplemente en su Memorias Anuales hablan de delincuentes muertos en “resultados operacionales”.

55 muertos. Desde la fecha de publicación de ese documento decenas de nicaragüenses más, fueron asesinados en las mismas circunstancias.

Con estos antecedentes resulta una cruel ironía citar que el artículo 23 de la Constitución Política de Nicaragua establece: “El derecho a la vida es inviolable e inherente a la persona humana. En Nicaragua no hay pena de muerte”.

Debemos decirlo con todas sus letras y en altas y claras voces. Lo que perpetró el ejército fue una masacre. Asesinaron con premeditación, alevosía, ventaja y con pretensiones de impunidad a seis nicaragüenses que, delincuentes, o no, tenían derecho a un juicio, a que se presumiera su inocencia mientras no se demostrara lo contrario, y por encima de todo, tenían derecho a su vida. Y si se trataba de alzados en armas por motivos políticos, pues iguales son las razones.

Debemos expresar nuestro repudio y nuestra indignación por los asesinatos, pero también por la pretensión de dejar enterrados, en una fosa común, a las víctimas y a toda huella del salvajismo que se perpetró en su contra.

Los órganos competentes del ejército están obligados a iniciar una investigación conforme las normas vigentes.

¿Ilusión? Mientras llega el momento de hacer justicia.