A fines de la semana anterior se conoció el informe del Departamento de Estado, de los Estados Unidos en materia de derechos humanos. Este es un informe que el gobierno norteamericano publica anualmente con su visión sobre el respeto a los derechos humanos a nivel mundial. Hay un apartado para cada país.
El contenido del apartado correspondiente a Nicaragua en verdad no contiene mayores novedades. Retrata información que todos los nicaragüenses conocemos. En esencia es una presentación ordenada y pormenorizada de los atropellos cometidos por el régimen en campos tales como: derechos laborales; derechos y libertades civiles; libertad de expresión y de prensa, derechos políticos y electorales, derechos de propiedad, arrestos y detenciones arbitrarias, en fin, toda la gama de derechos humanos y ciudadanos consagrados en compromisos internacionales.
Dado que se trata de un informe que refleja la visión del gobierno norteamericano, correspondería subrayar tres aspectos:
Primero, el recuento detallado sobre el proceso que culminó en la farsa electoral de noviembre del 2016. La exclusión de observadores imparciales; la exclusión de las fuerzas opositoras; la destitución de los diputados; el control total del sistema electoral. Todos estos episodios son anotados con fechas y detalles, lo que el proceso político nacional es seguido con detenimiento.
Segundo, la calificación que se hace, de entrada, de que el régimen de Ortega en la práctica es un régimen de partido único. Así, el reporte describe el control sobre el poder judicial, el poder electoral, la contraloría general de la república, la asamblea nacional y demás instituciones del Estado. Los nicaragüenses ya lo sabemos, pero ahora se trata de una afirmación sostenida por el Departamento de Estado.
El tercer aspecto a resaltar es el detalle sobre la corrupción de las altas esferas del poder y la impunidad con que estos actos de corrupción se llevan a cabo. En este campo, el reporte hace también referencia a la cooperación petrolera venezolana.
Por supuesto, que hay un amplio relato en el informe sobre el acoso a las organizaciones no gubernamentales, las limitaciones a la libre movilización y organización, las ejecuciones por motivaciones políticas de campesinos en la zona norte del país y otras violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses.
Por otra parte es importante resaltar que este informe se publica ya bajo la responsabilidad del gobierno de Donald Trump. El prefacio del informe está suscrito por el nuevo Secretario de Estado, el señor Rex Tillerson.
En su introducción, el Secretario de Estado señala que el informe está destinado a servir de referencia al congreso norteamericano y a las distintas instancias del Estado para la adopción de políticas y decisiones. Y efectivamente, el documento es un documento vivo que seguramente escucharemos repetir a lo largo del año.
El segundo aspecto a destacar es que, con ocho días de diferencia, la publicación coincide con la declaración que en materia de derechos humanos aprobó el parlamento europeo. Se trata de los dos principales socios económicos del país, en consecuencia no son visiones y opiniones que puedan menospreciarse. Ni Ortega ni nosotros.
En conclusión, la naturaleza dictatorial del régimen y los atropellos cotidianos a los derechos ciudadanos ahora no solamente son registrados por los nicaragüenses. Cierto es que la comunidad internacional no vendrá a sacarnos las castañas del fuego. Pero no es lo mismo luchar por la democracia en el aislamiento y la indiferencia que cuando hay ojos y oídos atentos en el exterior.
Edgar Espinosa
Nicaragua tiene su tradición política y eso significa de que nunca ha sabido resolver los problemas de abuso de gobierno practicando la cívica. NO SABEMOS PRACTICAR LA CIVICA POR CUANTO NUNCA HA EXISTIDO INFORMACION EDUCATIVA PARA ESO. Cuando ya la situación es de enfermos en el poder lo que aplica es la manera tradicional. Es un largo desgaste y un cuento de nunca acabar seguir así y es mucha ingenuidad pensar de que un cambio ‘por las buenas’, los malandros que están acostumbrados al dinero fácil, cedan sus ilícitos privilegios. Por tanto, se impone la solución tradicional. Ustedes intuyen como es la cosa. El país necesita primero tener conciencia de la ALTERNANCIA que debe existir por siempre en la administración de la cosa pública (nunca más de dos períodos). La cosa pública es sagrada y nadie tiene derecho a usufructuar esos recursos para provecho propio, familiar o de grupo. Se debe administrar para beneficio de TODOS, nunca de grupos.
Josep María
es verdad pero algún día se verán las consecuencias