Hoy por ti, mañana por mí

(Pobladores se dirigen al lugar de la masacre. Foto diario La Prensa)

Todo sistema jurídico, todo sistema político civilizado, si una razón tiene, si un motivo tiene es tutelar la vida humana. Es la persona, su vida, su integridad física y moral, por encima de cualquier otra consideración, lo que da sentido a la palabra humanidad. Todos los demás derechos derivan del sagrado derecho a la vida.

Sin embargo, en nuestro país se ha convertido ya en una práctica oprobiosa de los cuerpos armados limitarse a informar mediante escuetos comunicados sobre la muerte de nicaragüenses, sin que se conozca de ninguna investigación sobre las circunstancias. Se van a la tumba sin forma ni figura de juicio. Y ahora con el agravante de que por encima de la condena a muerte se van condenados también como narcotraficantes.

Y en esto no solo corresponde emplazar a la policía y al ejército. También debemos encarar a la Fiscalía General de la República, institución que por ley está obligada al menos a abrir una investigación, pero jamás en estos casos han dicho esta boca es mía.

Y los casos se van acumulando, de mes en mes.

En días recientes arrebataron la vida a José Nahúm Mendoza, Margarito Mendoza y Armando Pérez en el municipio de Ciudad Antigua. El pueblo asistió al sepelio venciendo la intimidación y reivindicando la integridad moral de los occisos ya que fueron acusados por la policía como narcotraficantes. Sus familiares desmintieron en el CENIDH la versión de la policía y exigieron una investigación. Hasta el derecho a la verdad les están arrebatando.

A diferencia de otros casos en que los familiares han preferido callar por temor, en este caso los familiares se atrevieron a hacer la denuncia pública. Para que tengamos una idea de la condición de estos nicaragüenses que siempre se trata de gente muy humilde, atendamos las declaraciones de Wendy Mendoza, esposa de Margarito:

Ella dijo: “mi marido salió de la casa a las ocho de la mañana hacia la finca, una hora después empezó la balacera en las tierras de mi marido, a las 12 del día pasaron por el patio de mi suegra efectivos del Ejército, sucios de tierra y con un machete, fue hasta las cuatro de la tarde que me informaron que Margarito estaba muerto, me llevaron al lugar del tiroteo y fue el cuerpo de mi papá que mire primero, esta acuchillado”.

“Yo tengo miedo, no puedo regresar a mi casa porque tengo miedo, porque eso también lo pueden hacer con nosotros. Les pido que nos dejen en paz, con nuestro sufrimiento. A Margarito le quitaron su cartera y allí tenia los papeles de una moto que compró hace cinco meses, ni la puedo vender para ayudarme” agregó Wendy, quien es madre de un niño con discapacidad.

Por su parte, la señora Lidia Fajardo, esposa de Nahúm, dijo “ellos no eran narcotraficantes, somos una familia humilde, trabajadora y todo el pueblo nos conoce, lo que tenemos en la casa nos ha costado, por el trabajo de mis hijas que migraron a Costa Rica, tenemos pruebas como las hemos comprado. Yo pido que se aclare y que se haga justicia, porque no fueron animales los que murieron”.

En verdad, no fueron animales los que murieron

Con estos antecedentes resulta casi odioso citar que el artículo 23 de la Constitución Política de Nicaragua establece como el primer derecho de todo nicaragüense el derecho a la vida. Así el artículo 23 establece: “El derecho a la vida es inviolable e inherente a la persona humana. En Nicaragua no hay pena de muerte”.

No obstante, para las autoridades del régimen bastan unas breves líneas para dar por finiquitado el expediente de una vida.
Si desde el poder, quienes tienen la fuerza, se atribuyen el derecho a arrebatar la vida a cualquier ciudadano ¿quién puede sentirse seguro ya sea en la ciudad o en el campo?

Si desde el poder, quienes tienen la fuerza, se atribuyen el derecho a arrebatar la vida ¿cuánto hay que esperar para que otros, los amenazados, se sientan con el mismo derecho?

Ya hemos transitado por la misma cuesta, así que podemos reconocerla por sus precipicios, sus piedras afiladas y por sus espinas. Cuando se cierran los espacios políticos. Cuando se atropellan los derechos ciudadanos. Cuando se aniquilan las libertades públicas. Cuando la impunidad de unos, de los poderosos, es acompañada por la indefensión de otros, los débiles, el resultado siempre es el mismo: la violencia.

Debemos evitar la violencia, es cierto, pero a quien corresponde en primer lugar dar pasos efectivos para evitar la violencia es a quienes por ley están obligados a evitarla y sin embargo la propician: La camarilla gobernante y sus secuaces.

Por nuestra parte, estamos obligados a denunciar enérgicamente estos hechos y hacernos eco, todos, del reclamo de los familiares. Primero, por una razón de elemental humanidad. Segundo por una razón de autodefensa colectiva. Bien reza la frase: Hoy por ti, mañana por mí.