Y ahora… ¿Quién podrá defendernos?

Cuando la cabeza de un régimen abusa del poder y utiliza los instrumentos del Estado para cubrir sus desmanes bajo el manto de la impunidad, muy pronto esa actitud se contagia a todos aquellos que ejercen algún tipo de autoridad o cumplen una función pública, aunque sea en la alcaldía más remota.

Cuando el abuso proviene de un civil, sea un vigilante -que a veces se creen con facultad de avasallar a la gente, sobre todo a los más humildes. o de una secretaria o un funcionario de menor o mediano nivel, el agravio, si bien no debería producirse, en la mayoría de los casos queda en un incidente desagradable. Por supuesto, esa conducta se agrava a medida que se asciende en la escalera burocrática.

Pero el problema adquiere connotaciones de peligro cuando el comportamiento abusivo contamina a los cuerpos armados del régimen, porque allí del agravio a la agresión media solamente un paso.

En días recientes hay proliferado denuncias y videos en los medios de comunicación, en las redes sociales y en los centros de promoción de derechos humanos, de agresiones flagrantes por parte de policías en contra de personas indefensas e inofensivas, que ni están cometiendo delitos ni representan una amenaza para los agresores. Estas denuncias son acompañadas de videos, fotografías, testimonios personales o muestras de golpizas.

Unas veces se trata de agresiones verbales, en otros casos se llega a la amenaza y la intimidación, en otros la agresión física, y en otros el ciudadano termina preso o, peor aún, acusado de agresor o agresora.

Y así, quienes están obligados a proteger a la gente terminan convirtiéndose en una amenaza.

Tal vez el caso que resume todo el espectro de abusos es el de Arely Cano, quien fue detenida por un retén policial, en las cercanías de Metrocentro. La ciudadana protestó porque los mantenían retenidos por demasiado tiempo y pidió que los multaran o le devolvieran los documentos. La respuesta policial fue trasladar el vehículo al depósito municipal. Ante sus protestas la montaron violentamente en una camioneta y se la llevaron presa.

Arely Cano es promotora de los derechos de las personas que padecen Sida y está acostumbrada a los medios de comunicación. Procedió a denunciar los abusos y la policía respondió con un nuevo acto de intimidación: la acusaron penalmente por obstrucción de funciones y maltrato.

Arely Cano denunció en los medios de comunicación estos abusos y la respuesta de la policía fue acusarla penalmente de obstrucción de funciones y maltrato por los cinco agentes que intervinieron en el incidente. El colmo de la aberración: La víctima como acusada.

¿Qué tipo de amenaza puede representar una mujer desarmada frente a cinco policías?

¿Cómo actuó la Fiscalía? Se puso del lado de la policía.

Durante el juicio, en la etapa procesal destinada al anuncio de las pruebas, la defensora de Arely Cano manifestó que presentaría un video mostrando la agresión policial. Hasta allí llegó el juicio. Los cinco policías no comparecieron a las dos audiencias posteriores y el juez se vio obligado a clausurar el juicio.

En la televisión hemos visto a una abuela con la cabeza rajada y moretones en los brazos, que fue agredida en su propia casa. Vimos en las redes sociales al conductor de un vehículo que es arrancado violentamente del volante por pedir la devolución de sus documentos. Vimos al periodista de un medio escrito agredido mientras ejercía su trabajo.

La pregunta que corresponde hacer es si estas agresiones son producto de agentes policiales envalentonados por la impunidad, o si se trata de una política deliberada para intimidar a la población.

La tentación es utilizar la frase del famoso comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños ¿y ahora, quién podrá defendernos?

Ninguna de las dos opciones podemos tolerar.

El caso de Arely Cano es ejemplar porque muestra cómo los poderes públicos se estrellaron en contra de la entereza de la mujer. Y nos ofrece pautas sobre cómo proceder.

¿Cuáles son nuestras armas?
• El celular es una buena arma porque permite registrar los abusos.
• La solidaridad es esencial. Tanto de quienes se encuentran en los alrededor como por medio de la denuncia si el abuso no se puede evitar.
• La denuncia pública es clave. El mejor amigo de los abusadores es el silencio. Mientras más se repitan las denuncias ya sea ante los medios de comunicación, en las redes sociales o ante las comisiones de derechos humanos, más fuerza tendrán nuestras denuncias.

La mayor garantía de que estas prácticas se generalicen es someterse mansamente a la arbitrariedad. Por eso lanzo de idea de que promovamos una campaña de defensa de los derechos ciudadanos frente a las arbitrariedades policiales. Afiches. Calcomanías para los vehículos. En fin, los especialistas en comunicación podrían ayudar con ideas e iniciativas. Lo que no podemos es quedarnos de brazos cruzados.

¿Quién podrá defendernos? Mientras no salgamos de este régimen que irrespeta la ley y los derechos humanos somos nosotros, todos, juntos, quienes tendremos que defendernos.