Nadie aprende con el estómago vacío

En ocasión de la visita que recientemente realicé a Puerto Díaz, cuando recorría las accidentadas calles del poblado, algunas cortadas en piedra viva, pasé por una escuela; casualmente estaban saliendo los chavalos de clase. Me acerqué a un grupo para conversar y conocer de primera mano qué pensaban los alumnos sobre el funcionamiento de su escuela…una escuela rural.

Mientras conversábamos me fijé que llevaban varias bolsitas: una con arroz, otra con frijoles, otra con maíz, otra con cereal y otra con aceite. Les pregunté qué era eso y respondieron que se las entregaban en el colegio todos los días para que cocinaran en su casa. Obviamente, se trata de la merienda escolar. Me resultó muy alentador comprobar que estas provisiones lleguen efectivamente a una escuela rural. Es evidente que la merienda escolar es un componente esencial para mejorar la educación en el país pues favorece la asistencia a clases, ayuda a la nutrición y salud de la niñez, y contribuye al aprovechamiento escolar.

Nadie aprende con el estómago vacío.

Es importante recordar, sin embargo, que la merienda escolar no fue implantada por el régimen actual sino que arrancó con gobiernos anteriores. Pero bueno, el hecho positivo es que se ha preservado. Cualquier agenda para un gobierno de cambio debe incluir necesariamente sostener la merienda escolar.

Hasta aquí, todo bien. Pero resulta que a los escolares también se les entregan zapatos y uniformes escolares. Y aquí es donde comienza el lobo a sacar las orejas.

De manera totalmente inusitada, el Ministerio de Educación divulgó el 9 de mayo una nota de prensa con graves acusaciones al contratista responsable de la entrega de los zapatos. La nota del Ministerio, que todavía puede leerse en su sitio de internet dice lo siguiente:

El Ministerio de Educación se ha comprometido a entregar, en todo el País un total de 604,733 pares de Zapatos Escolares…

Al Primero de Abril de este Año, se ha cumplido con un 74.36% de la Meta, para un total de 449,719 (450 mil) pares de zapatos entregados. Siguen pendientes de entrega 155,014 pares, es decir, el 25.64%.

El Ministerio de Educación explica a las Familias de los Municipios pendientes, que este incumplimiento se debe a la irresponsabilidad del proveedor “Calzados Alex, S.A.”, de Alejandro Delgado Márquez, quien se comprometió a elaborar y entregar calzado nicaragüense, y ahora sabemos que realiza sus compras en otros Países, con lo cual no solo incumple, con los tiempos establecidos para la entrega, sino que afecta las expectativas de las Pequeñas Industrias del Calzado de distintos Departamentos del País…
Resaltemos las tres acusaciones. Incumplir con los plazos de entrega, comprar los zapatos en el exterior y afectar a las pequeñas industrias del calzado pues el compromiso era comprar los zapatos a talleres locales.

Hasta aquí el comunicado pareciera limitarse a una controversia contractual. Las sorpresas comienzan al saber quién es el contratista denunciado.

¿Quién es?

Es un diputado del Frente Sandinista que es, además, presidente de las Mipymes del calzado.

Pero las cosas van más allá: Resulta que la adjudicación de ese contrato fue autorizada por la Ministra de Educación mediante la resolución ministerial No. 1161 del 2015, utilizando el denominado procedimiento simplificado, esto es, sin licitación, y por una suma que supera los siete millones de dólares. Siete millones de dólares. El diario La Prensa, que destapó el asunto, publicó el texto de la resolución ministerial.

La Ministra, sin licitación, adjudica un contrato por siete millones de dólares a un diputado activo del Frente Sandinista.

Estos son los hechos. Veamos ahora qué dice la Constitución Política vigente.

El artículo 130 dice: “Los funcionarios públicos de cualquier Poder del Estado, elegidos directa e indirectamente; los ministros y viceministros de Estado; los presidentes o directores de entes autónomos y gubernamentales; y los embajadores de Nicaragua en el exterior no pueden obtener concesión alguna del Estado. Tampoco podrán actuar como apoderados o gestores de empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras, en contrataciones de éstas con el Estado. La violación de esta disposición anula las concesiones o ventajas obtenidas y causa la pérdida de la representación y el cargo”.

Anulación del contrato y pérdida del cargo, dice la Constitución.

Al tratarse de una violación constitucional flagrante, en cualquier país serio, tanto la Ministra de Educación como el diputado deberían haber renunciado. O debían tener causa abierta. Aquí no. Ni la Contraloría ni la Fiscalía han movido un dedo.

¿Por qué?

¿Se trata de tropelías excepcionales o forman parte ya de una costumbre en las contrataciones con recursos públicos?

Si recordamos la adjudicación que el mismo Ministerio de Educación realizó en favor de otro diputado de la bancada oficialista para rehabilitar escuelas que después dejó a medio palo uno tiene derecho a dudar sobre la transparencia en las contrataciones de ese ministerio. No ayuda recordar la intervención de que fue objeto, seguida de destituciones y despidos, sin que nadie supiera la causa.

¿Qué ocurrirá con las millonarias contrataciones para adquirir provisiones, mochilas y uniformes?

Dejo a ustedes la respuesta.

Está bien suministrar merienda y zapatos a nuestros escolares. Lo que está mal, muy mal, es lucrarse de manera fraudulenta de los recursos públicos asignados a mejorar la educación de nuestra niñez.