De ¨el pueblo presidente¨al ¨pueblo delincuente¨

Comencemos por hacer una breve recapitulación de algunos episodios acaecidos en los últimos meses:

• En el mes de mayo de este año se produjo una huelga en Bonanza. Los mineros planteaban un conjunto de demandas a la empresa explotadora de la mina. Se desencadenaron disturbios y la policía informó la muerte del ciudadano Joel Rivera Chavarría, a causa de un balazo policial. También se reportaron varios heridos y detenidos.

• En el mes de julio se informó sobre protestas en Rosita, encabezadas por transportistas. Las reivindicaciones eran todas de carácter social e incluían la reparación de caminos. Los dirigentes de las cooperativas de transporte que encabezaban la huelga fueron capturados y traídos al Chipote. En Agosto fueron enjuiciados. Los pobladores protestaron y nueva ración de golpeados, heridos y detenidos. Hasta el jefe de la policía de Siuna agarró terminación porque optó aparentemente por apaciguar los ánimos en lugar de la represión abierta. Resultado: lo destituyeron. Ruperto de Jesús Martínez y Victoriano Olivas recibieron condena de siete años de prisión. Una pena mayor que la impuesta a los participantes en la masacre de Las Jagüitas.

• A mediados de septiembre se produjeron incidentes violentos en Waspam y en comunidades indígenas del sector. Se reportó la muerte de Mario Leman, dirigente de la organización Yatama, además de once heridos. El motivo: conflictos por los derechos indígenas sobre territorios comunales. En el fondo, pobreza y abandono.

• La Mina el Limón y Chichigalpa son los casos más recientes. En el caso de la Mina El Limón los reclamos vienen desde hace varios meses: Las exigencias consisten en el cumplimiento del convenio colectivo y otras reivindicaciones sociales. El último conflicto se desató por el despido de dirigentes sindicales, los cuales por lo que se observa cuentan con respaldo de la población y de mineros. Un policía falleció en uno de los incidentes de la protesta y varios dirigentes fueron detenidos. El viernes marcharon centenares de pobladores y mineros exigiendo la liberación de sus dirigentes. Cualquiera puede ver los videos con los ¨delincuentes¨ marchando. Hay más de diez detenidos, incluyendo los líderes sindicales, los cuales están acusados ilegalmente en un juzgado de Managua, con el agravante de que no fueron presentados por la policía. Un verdadero secuestro.

Además de las capturas, enjuiciamiento y presencia de antimotines, el régimen cortó el abastecimiento de agua y de víveres, mientras mantiene un cerco policial que impide ingresar al poblado.

• En el caso de Chichigalpa, los reclamantes son ex cañeros que demandan indemnización a causa de pacer insuficiencia renal crónica. Las protestas se desbordaron en daños a la propiedad. La versión de los reclamantes es que los desmanes fueron provocados por individuos que no forman parte de su organización. El reclamo de los ex cañeros también viene desde hace tiempo. Recordemos que en enero del año pasado falleció por un disparo de la policía el ciudadano Juan de Dios Cortés.

• A los episodios descritos se agregan las manifestaciones de Rancho Grande y Santo Domingo, así como las movilizaciones de los campesinos que defienden sus derechos de propiedad ante las amenazas de expropiación por la concesión canalera.

Preguntémonos ahora ¿Qué tienen de común estos episodios?

1. En todos los casos se trata de reivindicaciones o defensa de derechos de carácter social. Derechos laborales, salud, protección de los recursos naturales, derechos de propiedad. En todos los casos los demandantes son gente pobre. Gente del pueblo.
2. En todos los casos se trata de auténticos movimientos sociales, ajenos a banderas políticas o partidarias. De hecho, algunos participantes se identifican abiertamente como sandinistas.
3. Aunque en algunos casos se registran expresiones de violencia, en ningún caso se trata de violencia armada.
4. El bloque de poder hasta ahora ha respondido como un solo puño para golpear y aplastar estas expresiones de movilización social: gobierno, policía, cúpula empresarial, aparato judicial, medios de comunicación al servicio del régimen. El recetario es de golpes, cárcel, balas y condenas. Lo que ahora se llama ahora ¨criminalización de la protesta social¨. El discurso es también uniforme: los protestantes son calificados como delincuentes, vándalos y vagos. El pueblo delincuente. Las apelaciones al diálogo tienen connotaciones hipócritas toda vez que el único resultado que aceptan es la rendición.

5.- A nivel de discursos, los voceros más caracterizados, sobre todo los voceros ¨oficiosos¨ comienzan a mostrar actitudes paranoicas sobre siniestras conspiraciones y a ventilar expresiones de aires facistoides.

¿Qué conclusiones podemos extraer?
La recurrencia de estas manifestaciones de malestar social representan síntomas de un mal mayor: el agotamiento del régimen social de acumulación impulsado por el orteguismo, asentado en la depredación de recursos naturales y el abaratamiento de la mano de obra. ¨Ventajas¨ competitivas del siglo XIX.

El modelo de dominación tiene como base la alianza de la cúpula del poder político con la cúpula empresarial transnacionalizada, que produce y reproduce concentraciones obscenas de riqueza por un lado, y expansión de la pobreza por el otro.

Las contradicciones inherentes a este régimen social de acumulación eran superficialmente mitigadas por los programas asistenciales y clientelares que posibilitaban los ingresos provenientes de la cooperación petrolera venezolana. Con el desplome de los precios de las principales exportaciones y el declive de ingresos petroleros a laq cúpula gobernante el modelo está sufriendo perforaciones muy cerca de su línea de flotación. Esta es la fuente que genera y seguirá generando malestar social. Y movilización social.

Por hoy, el poder del presidente y sus secuaces, como puño férreo, frente al pueblo desguarnecido. Más temprano o más tarde veremos el poder del régimen frente al poder del pueblo. El régimen dictatorial frente al pueblo delincuente.