Crónica de otro manotazo despótico

Las actuaciones zigzagueantes y contradictorias de Brooklyn Rivera, dirigente miskito defenestrado por sus ex aliados orteguistas, no mueven a la simpatía. Pero este no es un asunto de simpatías o de antipatías sino de un nuevo manotazo despótico del régimen. Un manotazo que debemos rechazar y escarbar en sus implicaciones.

Hablemos primero de leyes. El régimen reformó a como quiso la Constitución Política para asegurar el continuismo y la concentración de poder. En correspondencia, la bancada oficialista reformó a su antojo la ley orgánica de la Asamblea Nacional para ponerse a tono con la nueva constitución. En esa ley se establecen las causales y el procedimiento para la pérdida de la inmunidad o de la condición de diputado. El procedimiento establece como obligatorio la creación de una Comisión Especial para conocer de cada caso. En este sentido, el artículo 25 consigna: ¨Una vez integrada la Comisión Especial, tendrá setenta y dos horas para instalarse, notificando al Diputado o Diputada dentro de las setenta y dos horas subsiguientes a su instalación, dándole audiencia para que dentro del plazo de tres días después de notificado exprese lo que tenga a bien y nombre a su defensor en caso que lo requiera, o bien, si lo prefiere defenderse personalmente¨.

El procedimiento legal incluye además período de pruebas y plazos para la elaboración del informe de la Comisión.

Sin embargo, la base del despojo al dirigente miskito de su condición de diputado fue un documento acusatorio que leyó Edwin Castro, jefe de la bancada oficialista, sobre presuntas ventas ilegales de propiedades de las comunidades de la Costa Caribe. Lo leyó y no lo entregó a nadie. Eso fue todo. Ni trámites, ni pruebas, ni nada. Solo la sentencia del régimen por la boca de su vocero parlamentario. Le dieron cinco minutos al acusado para que se defendiera y acto seguido impusieron su aplanadora, resolviendo en violación flagrante a ley expresa.

La primera implicación es entonces que esta gente no respeta ni siquiera las leyes que ellos mismos aprueban.

La segunda implicación es el mensaje para los aliados del orteguismo. El régimen reafirma que solo admite súbditos y subordinados. El régimen no tolera devaneos, pretensiones de independencia o intenciones de escapar a su abrazo fatal. Tomen nota pues los fervorosos aliados de hoy. Mañana les puede tocar a ustedes.

Vayamos ahora al fondo del asunto. La primera interrogante es ¿estos presuntos abusos, desde cuándo eran del conocimiento del régimen? Sería absurdo pensar que, de existir, esos abusos fueron cometidos y conocidos hasta ahora. Por supuesto que, de existir, los conocían y los toleraban desde hace mucho.

Significa entonces que los aliados del régimen, mientras lo sean, gozan de impunidad total para sus desmanes. Mantener la alianza los eleva a la categoría de impunes, la ruptura los degrada a la categoría de delincuentes. Esta es la tercera implicación.

La siguiente pregunta es: admitiendo que tales abusos se produjeron, no pudieron concretarse sin la coautoría o complicidad de funcionarios del régimen ¿Qué ocurre con los registradores de la propiedad, con la procuraduría general de justicia y con los representantes del régimen en los consejos regionales? ¿Qué papel desempeña la Corte Suprema de Justicia con su facultad de supervisar la actuación y los protocolos de los notarios? ¿Cuál es el grado de participación de los funcionarios del régimen en estos delitos? ¿Serán procesados judicialmente?

Finalmente están dos dimensiones. De un lado, la pobreza y abandono secular de estas poblaciones. Waspam, por ejemplo, es uno de los municipios con mayores niveles de pobreza extrema del país. Los llamados colonos también son pobres, mestizos, originarios, según estudiosos del tema, de las mismas regiones del caribe norte y central.

De otro lado está el negocio. Se sabe que desde hace años opera una mafia maderera que a vista y paciencia de las autoridades, día a día extrae tucas y tucas de madera, que después sacan del país. Las denuncias son múltiples sin que la policía, MARENA y el batallón ecológico del ejército muestren voluntad de combatir este tráfico ilegal. También es pública la participación de ALBAFORESTAL, la empresa maderera del régimen ¿Alguien investigará estas acciones?

En estas condiciones, el zarpazo dictatorial cumple varios objetivos simultáneos: pasarle la cuenta a un aliado insumiso; ensañarse en un chivo expiatorio para responsabilizarlo por el derramamiento de sangre y atropellos acaecidos en las comunidades del Caribe Norte; encubrir los abusos de empresas y funcionarios allegados al régimen y, finalmente, tender una cortina de humo ante los conflictos por las tierras con las comunidades indígenas y la represión que se cierne. A este respecto resulta sospecho que la bancada oficialista se negó rotundamente a la creación de una comisión parlamentaria que investigue los sucesos sangrientos de los últimos días.

Pero en este caso están jugando con fuego, en terreno escabroso y con la gasolina al lado. Las posibilidades de que el conflicto se agudice y expanda están a la vuelta de la esquina. La represión no es la vía de solución. A nadie conviene una espiral de violencia. Además, posiblemente las fuerzas del narcotráfico internacional están atentas a pescar en río revuelto.

Las poblaciones miskitas merecen ejercer sus derechos en paz y con seguridad. Y al Estado corresponde garantizar esas condiciones. En el presente, la responsabilidad exclusiva recae en la cúpula gobernante.