¿Parte sin novedad? La masacre de Las Jagüitas

Juan de Dios Cortez se llamaba el cañero que protestaba en Chichigalpa, reclamando una indemnización por daños a su salud, cuando disparos policiales acabaron con su vida. En el mismo incidente, José Ignacio Balladares, de 14 años, recibió un balazo en el rostro. A Juan de Dios le pagaron el ataúd y lo enterraron con todo y sus reclamos. Y parte sin novedad.

María del Carmen Aguirre, de 60 años, recibió una bala en el muslo, mientras Antony Conrado, de 20 años, recibió un disparo en el brazo. Salvaron la vida milagrosamente. Ocurrió en Managua, en el kilómetro 8 de la carretera norte. No hace mucho. El agresor fue un escolta de Aminta Granera. Según testigos el policía rafagueó, sin atinar, a un motorizado que tuvo la imprudencia de pasar junto a la caravana de la jefa policial. La acción homicida pudo ocasionar una verdadera tragedia dada la cantidad de personas que circulan en el perímetro. La policía declaró oficialmente que los disparos fueron accidentales. Y parte sin novedad.

Joel Chavarría era un minero de Bonanza que reclamaba por sus derechos a la empresa extranjera explotadora de la mina. Murió hace unos dos meses, víctima de disparos policiales. Y parte sin novedad.

Mariel Silva Barquero, conducía su vehículo en un barrio de Managua y repentinamente fue atacada a balazos desde una motocicleta conducida por un policía vestido de civil. Cuando la señora se detuvo, el perseguidor le puso la pistola en la cabeza, al tiempo que la interrogaba. Sobrevivió de milagro. La víctima denunció los hechos en el Distrito IV de la policía, allí le manifestaron que fue un error. Y parte sin novedad.

Kevin Bautista López, falleció en Totogalpa con un balazo policial en la cabeza, mientras observaba las protestas de un grupo de transportistas. La policía ofreció realizar una investigación. Hasta allí. Parte sin novedad.

Francisco Javier Ponce fue capturado en su casa, en Rivas, por unos enmascarados, pasó unos días desaparecido y después apareció cadáver, en las mazmorras de El Chipote. Suicidio, dijo la policía. Y parte sin novedad.

Pablo Hernández resultó muerto por disparos policiales en el barrio Monseñor Lezcano, mientras conducía su motocicleta, no hace mucho. La policía inicialmente informó que había sido víctima de un asalto. Pero Carlos Alberto Méndez, lesionado también por los disparos, echó por tierra la versión policial. Y parte sin novedad.

Efrén Herrera cayó abatido en un retén policial en Somoto. La familia denunció ante una organización de derechos humanos hasta los nombres de los autores de los disparos. Parte sin novedad.

Todos estos hechos acaecieron en tiempos recientes.

La noche del sábado 11 de julio, la tragedia se ensañó en la familia Ramírez. Murieron Catherine Ramírez de 22 años. Aura Marina Reyes Ramírez, de once años y José Efraím Pérez Ramírez de 13 años. Mientras la niña Miryam Guzmán Ramírez y el niño Axel Reyes se encuentran en estado delicado. Todos masacrados por la policía. Y no hay que dejar de lado los atropellos sufridos por los vecinos del lugar luego de ocurrida la masacre.

Obviamente este no es un listado exhaustivo de víctimas mortales de la policía en los últimos tiempos. Pero son casos suficientes para demostrarnos, primero, que los abusos policiales, incluyendo la violencia homicida, a estas alturas no son excesos aislados: constituyen un patrón de comportamiento. Segundo, que no están focalizados en zonas de alta peligrosidad: se repiten a lo largo y ancho del territorio nacional. Tercero, que toda la ciudadanía está expuesta a la tragedia independientemente de si circula de día o de noche; en campo o ciudad; a pie o en vehículo; en zonas aparentemente seguras o zonas expuestas; si está en su casa, en la cárcel o en la calle; si es hombre o mujer; si es adolescente, niña o niño. Salvo los que transitan con caravanas de guardaespaldas, nadie, absolutamente nadie, puede considerarse a salvo.

Que conste: no estamos refiriéndonos a capturas o detenciones ilegales; ni a golpizas o torturas a prisioneros; ni allanamiento o apropiación indebida de bienes; ni de bombazos a control remoto, o actos de represión política. Abundan las denuncias sobre este tipo de atropellos. Estamos hablando del sagrado derecho a la vida. Hablamos de acciones en contra de nicaragüenses a quienes la policía arrebató la existencia, o estuvo a punto, sin causa alguna.

La tragedia de las Jagüitas, por sus dimensiones y por cebarse en mujeres, niñas y niños, exhibe la llaga en que el régimen ha transformado el cuerpo policial. Y quedemos claros. Estos hechos no se remedian castigando a los autores materiales de la masacre, algunos de los cuales probablemente sean exhibidos como chivos expiatorios. Por supuesto, deben ser castigados, pero no basta. Más allá del repudio ante la masacre, de las peticiones de renuncia y del cínico histrionismo de los representantes del régimen, debemos penetrar al fondo del asunto.

¿Por qué razones el cuerpo policial -hechas las excepciones que siempre hay- se siente con la autoridad para actuar por encima de la ley?
Por la certeza de estar cobijados por la impunidad.

¿De dónde extraen los malhechores la certidumbre de estar amparados por un manto de impunidad?
El régimen les ha mostrado que la lealtad al monarca es más importante que la lealtad a las leyes. La retribución es la impunidad.

En consecuencia, los verdaderos responsables son quienes provocan la descomposición del cuerpo policial al intoxicarlo de impunidad, prepotencia, irrespeto a la ley, desprecio a las libertades y derechos ciudadanos, partidarización y subordinación a los designios del monarca. Esos son los responsables.

Mientras no logremos revertir esta descomposición, todos corremos el riesgo de ser acribillados, en el momento o sitio más inesperado, sin decir agua va.

Y parte sin novedad.