La Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Energía establece en el inciso g, del artículo 4, que corresponde a esa institución “Aprobar, publicar y controlar las tarifas de venta de energía de los distribuidores a los consumidores”. El artículo 12 de la misma ley consigna en el inciso “a” que el presidente del Consejo de Dirección del INE tiene la atribución de representar legalmente al Instituto con facultades de mandatario generalísimo. Es claro pues que el actual presidente del INE, David Castillo, es el funcionario competente para atender el asunto de las tarifas.
Como se sabe, antes que comenzara el desplome de los precios internacionales del petróleo ya en Nicaragua pagábamos las tarifas eléctricas más elevadas de Centroamérica, en todas las categorías de consumo, a pesar del llamado “cambio en la matriz energética”. Más bien, con ese cambio, en lugar de bajar, las tarifas se han incrementado año con año. Y miren que casualidad, igualito que con el combustible, los precios comenzaron a elevarse de manera sostenida a partir de que llegó al gobierno Daniel Ortega.
Para que tengan una idea, veamos cual era la situación de los pequeños y medianos empresarios de la industria con las tarifas existentes a junio del año pasado. En Nicaragua la tarifa para el sector industrial era 20% más elevada que en Costa Rica, 24% más alta que en El Salvador, el 11% mayor que en Guatemala y 4% más que en Honduras. Obviamente, al tener costos más elevados su competitividad es menor frente a los empresarios centroamericanos, para no ir tan largo. Esta situación ha empeorado en los últimos meses porque todos los países centroamericanos han reducido las tarifas eléctricas en correspondencia con la disminución de los precios del petróleo.
A los consumidores las tarifas elevadas nos afectan doblemente. De manera directa, con la factura que se paga mes a mes. De manera indirecta, porque en todos los precios de los bienes y servicios que compramos va incorporado el costo de la electricidad. Si compramos un litro de leche o una camisa, si nos sacamos una muela o si pagamos un crédito, en el precio va metido el costo de la tarifa de electricidad.
Dado que el oficialismo ha impedido que Castillo comparezca a la Asamblea Nacional a explicar a los nicaragüenses por qué no se reducen las tarifas eléctricas, públicamente emplazo al presidente del INE a que responda las siguientes preguntas:
1. Si el gobierno ha pregonado los logros y beneficios del cambio en la “matriz energética” ¿Por qué los nicaragüenses hemos pagado las tarifas más altas de Centroamérica?
2. Si los precios internacionales del petróleo se han reducido en más del 50% desde hace más de seis meses ¿Por qué en Nicaragua no se ha reducido la tarifa eléctrica? ¿Cuánto ha sido el ahorro en los costos de generación como resultado de esa disminución?
3. Algunos voceros oficiosos han afirmado que la razón es que usted resolvió pagar la deuda existente con CARUNA en lugar de reducir las tarifas. ¿A cuánto asciende esa deuda? ¿Cuánto se ha amortizado? ¿Cuál es la estrategia financiera del INE para cancelar esa deuda?
4. Si la reducción de las tarifas eléctricas posibilitaría mejorar las competitividad del sector empresarial, aumentar los ingresos reales de todos, favorecer nuevas inversiones y posibilidades de empleo y, en general, contribuir a la economía del país y a mejorar algunas condiciones de la gente ¿Qué razones tiene para preferir pagar la deuda con CARUNA, que usted sabe proviene de la cooperación preferencial venezolana?
5. El INE hasta hace pocos años tenía un presupuesto menor a 70 millones de córdobas. En los últimos años ese presupuesto se ha multiplicado por cuatro, mientras las facultades del INE -y notoriamente su eficacia en el cumplimiento de sus atribuciones- se han reducido ¿Por qué se eliminó de la página web del INE toda la información relacionada con su presupuesto de ingresos y gastos?
6. Finalmente, si la Ley de Acceso a la Información señala que “el ejercicio y actividad de las atribuciones y competencias de las entidades sometidas al imperio de esta Ley, así como la administración de su patrimonio público están sometidas al principio de publicidad…En consecuencia toda la información existente en posesión de las entidades señaladas tendrá carácter público y será de libre acceso a la población” ¿Por qué usted no ha dado la cara y ofrecido a los nicaragüenses una explicación sobre este tema tan sensible?
Además de las respuestas a las preguntas anteriores, posiblemente a los lectores les interesará conocer la siguiente información: Con la privatización de la cooperación petrolera venezolana se inventó la empresa ALBANISA, que ejerce el monopolio de las importaciones de hidrocarburos. ALBANISA asigna parte de esa renta petrolera a CARUNA, que es una “cooperativa” controlada por el régimen. CARUNA otorga un crédito por 200 millones de dólares al INE, al “módico” 8% de interés anual, más ½% de comisión. El INE, con base en un turbio y clandestino memorándum de entendimiento, paga a TSK, la empresa distribuidora de electricidad (ya sabemos quiénes son los socios escondidos de esta empresa). TSK, a su vez, le paga a los generadores de energía, y aquí vuelve a aparecer ALBANISA porque también es una importante generadora de energía. ALBANISA, a su vez, vende los hidrocarburos que consumen las empresas generadoras de energía.
Esa es la raíz del misterio de las altas tarifas eléctricas.
Edgar Espinosa
YA BASTA de soportar todo esta masacre económica que le infligen al pueblo. La verdad es que mientras el Cartel del Carmen permanezca en control de algunas instituciones, el país va a estar languideciendo hasta el colapso por el ahogamiento que ejercen estos mafiosos. Sin embargo, esto tendrá que terminar pronto porque la Gente del Pueblo ya estamos exasperados de tanta miseria inducida y abuso de poder. Esta explosión social es una cuestión de tiempo. La Gente del Pueblo debe proscribir todo ese andamiage de saqueo sandinista y deben hacerlos responsables de toda la miseria y violencia que padecen los trabajadores, campesinos y gente humilde. Hay que enjuiciarlos y hacer que paguen sus delitos. Para ellos todo es ‘bonito’, porque saquean indiscrimidamente y lamen las mieles del dinero mal habido que pertenece al pueblo. Ese ha sido su oficicio desde que se robaron la revolución que era del pueblo y la convirtieron en un botín para su banda. Por tanto, todo lo que emane de ellos es inválido e ilegal porque la verdadera fuente de poder y de derecho es el pueblo y ellos son una banda. Todos los índices económicos del país señalan a Ortega y pandilla como causantes del desiquilibrio que vive el país. No lo vamos a permitir.
aura lila
Esta demas el comentar sobre lo que todo el mundo sabe. A esta banda de asaltantes solamente pensemos en unidad para desarticular y enjuiciarlos. Tenemos que unirnos en pensamiento, palabra y obra sobre un plan donde tengamos como unico objetivo el arrancar de raiz, todito este arbol malvado, venenoso que viene contaminando a muchos. Ni siquiera sugieren pago alguno de la millonada que el Estado, su Estado fallido debe al Seguro Social, entidad perteneciente al gremio trabajador, al que sudando sol a sol ha pretendido obtener alguna atencion requerida al momento de su vejez, nadie dice este tema es meritorio de empuje nacional. La energia el pueblo continuara siendo el pato de la fiesta. Solo saber que beneficiados seran solamente los que consuman mas de 150 watios. al mes, y los que consuman menos que? seguiran pagando mismo precio actual?. No seamos ni nos hagamos mensos, aqui la orden es de asegurar que el pueblo pague mas impuesto y el ILEGAL, RECIBIR SU PAGO DE ESE «PRESTAMO» que generoso hiciera. Busquemos la ansiada UNIDAD para ordenar agenda de cada paso que demos para la salvacion del pais. Ya ni preguntar ni pedir ni esperar es suficiente, agilicemos reuniones entre todos, partidos opositores, movimientos etc. para definir agenda nacional y dar inicio a tareas que conlleven el unico proposito de EXTIRPAR ESTE DIBIESO REPLETO DE PUS que esta regando corrientes de vivencia holgazana, estirando mano por cada atropello que den al ciudadano honrrado y reclamente de sus derechos ciudadanos.