Tres dramas y una tragedia

Quienes aspiramos a una Nicaragua distinta debemos reconocer como uno de los déficits de nuestra conducta colectiva la tendencia a ver por encima del hombro los problemas que no nos afectan de manera directa. Es un déficit que debemos saldar, porque esa falta de solidaridad o “yoquepierdismo” es uno de los aliados del régimen ya que le permite aislar los reclamos y, eventualmente, golpear o desarticular o neutralizar las expresiones de protesta o resistencia. Esta reflexión de orden general la traslado en esta oportunidad a las demandas de los ex miembros del ejército y demás excombatientes de la década de los ochenta.

En este caso particular, el régimen ha respondido a los reclamos con una burla que chorrea sangre.

Después de años de movilizaciones y garroteadas, organizaciones que aglutinaban a excombatientes de la década de los ochenta lograron que la representación de Ortega en la Asamblea Nacional diera curso a la denominada “Ley Especial para atención de Excombatientes por la paz, la unidad y la reconciliación nacional”, (se conoce también como Ley No. 830). Dicha ley contiene una serie de declaraciones generales que disfrazan como concesiones a los excombatientes lo que en realidad son derechos elementales de todos los nicaragüenses, pero también recoge algunas respuestas a las demandas históricas de los excombatientes.

El 13 de febrero se cumplen dos años de publicación en La Gaceta de dicha Ley y la pregunta obvia es cuál es el grado de cumplimiento de las disposiciones y mandatos que contiene. La respuesta también es obvia: nada. No se ha cumplido una sola palabra. En realidad esa ley constituye una burla siniestra para sus destinatarios.

Y aquí la burla comenzó desde el principio. Al aprobarse la ley se incorporó una coletilla fatal: el artículo 75 establece que “De conformidad a lo dispuesto en el artículo 150, numeral 10 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, el Presidente de la República dictará el Reglamento de la presente Ley en un plazo de 60 días”.

¿Qué significa esto? Las leyes que aprueba la Asamblea Nacional, para ser aplicables requieren ser reglamentadas por el poder ejecutivo. Y a dos años de estar vigente, Ortega todavía no ha dictado el reglamento correspondiente, a pesar de que el plazo era de 60 días. La falta de aplicación de la ley y la burla a los combatientes tiene pues nombre y apellido. Aprobaron la ley para calmar los ánimos pero nunca tuvieron intención de cumplirla.

No está demás mencionar que a la cabeza del Consejo que estaría a cargo de la ejecución de la ley se encuentra, con nombre y apellido, don Miguel Obando y Bravo.

En demanda del cumplimiento de la Ley, un grupo de retirados del ejército lleva ya 20 días en huelga de hambre. Como los mismos excombatientes expresan, ellos ofrecieron su vida en la lucha contra la dictadura y después en defensa de la revolución. Pero los jerarcas del régimen evidentemente ya olvidaron esa época. Ninguno de sus representantes ha movido un dedo.

Si bien todos los reclamos ante el régimen encierran una cuota de drama y sacrificio, en el presente caso se juntan tres dramas en una sola tragedia.

El primero es el de la pobreza y la falta de oportunidades. Es indudable que si esta masa de nicaragüenses tuviera oportunidades de empleo o de insertarse productivamente en la dinámica económica del país, esas demandas estarían prácticamente resueltas. Pero los gobiernos anteriores no tuvieron voluntad real de asegurar una respuesta de fondo para saldar esta deuda histórica. Ni los anteriores, ni el actual, que lleva ya ocho años y es el que está moralmente más obligado.

El segundo drama es el drama de la desigualdad. La revolución partió a la sociedad de arriba hacia abajo. Así, quedamos en bandos enfrentados gente que pertenecía al mismo estatus de ingresos; personas que practicaban la misma religión o que pertenecían al mismo segmento social, incluso a la misma familia. Pero el proceso político desplegado a partir de los años noventa partió al sandinismo de una manera distinta, separando a una minoría enriquecida y a una mayoría empobrecida. Unos, una exigua minoría de vivianes, hoy son multimillonarios. Los otros, la inmensa mayoría, padecen desempleo o subempleo, falta de oportunidades, falta de acceso a la seguridad social, y, en el caso de los excombatientes, la situación es más grave porque no tuvieron ocasión de acceder a educación técnica o profesional, y ya acercándose a la tercera edad, sus opciones se reducen casi a cero.

El tercer drama es la burla. El régimen exhibe su falta de sensibilidad frente a este sector de población que le sirvió con lealtad y les muestra una mueca de burla y sarcasmo.

Tres dramas distintos y una sola tragedia verdadera. Porque en el fondo está la tragedia de la guerra y sus secuelas. Unas secuelas que a 25 años de distancia siguen palpitando. Y sangran.

Estos nicaragüenses, hombres y mujeres, expresan un espíritu de resistencia que merece nuestra solidaridad. Como sociedad nos recuerda que todavía hay, allí, una deuda pendiente. Deuda heredada de la confrontación. Por supuesto, los primeros obligados a honrarla son los jerarcas del régimen.

Quienes estamos comprometidos con la democracia, con independencia de que podamos portar banderas partidarias distintas, estamos obligados a no dejar solos a estos nicaragüenses. Nuestra obligación es respaldarlos.