Está bien la pensión reducida…¿y la pensión universal?

La reconquista del derecho a la pensión reducida es, sin duda, un avance. Todo nicaragüense que haya cotizado más de 250 semanas al INSS y tenga cumplidos 60 años, tiene derecho a reclamar su pensión. O cuando los cumpla, porque de aquí en adelante, todo el que vaya cumpliendo esas condiciones va adquiriendo también el derecho a exigir su pensión reducida. Y que quede claro, no es una dádiva ni el resultado de la generosidad o buen gobierno de Ortega. Es resultado de una lucha de años y de la solidaridad que recibió el reclamo de los viejitos.
Pero esa conquista no puede hacernos olvidar que ocho de cada diez nicaragüenses que desarrollan una actividad laboral, no están afiliadas al INSS. Son aquellos trabajadores y trabajadoras que se encuentran en el sector informal. Esto significa que al cumplir sesenta años no tendrán derecho a ninguna pensión, ni completa, ni reducida. Una verdadera tragedia.
Porque sabemos que con el pasar de los años las enfermedades se multiplican y se agravan, las capacidades físicas y mentales para el desempeño laboral van disminuyendo, y aumenta en general la vulnerabilidad de las personas. Es la ley de la vida. Es cuando más necesita la persona del apoyo de los demás, del estado y de las familias.
Por eso existe la jubilación y las pensiones. Para que las personas después de dedicar al trabajo sus mejores años, puedan disponer de condiciones mínimas de vida que le aseguren sustento, vivienda, salud y cuotas de bienestar. Es una gran injusticia entonces que ocho de cada diez nicaragüenses tengan desde ahora cancelado ese derecho.
Por esta razón en el programa de gobierno que presentó Fabio Gadea en el 2011 estaba incluida la pensión universal. Esto es, una cantidad mínima que recibiría todo el que cumpliera más de 65 años, con independencia de si estaba asegurado al INSS, o no. Incluso se habían identificado las fuentes para financiar esa pensión universal. Los diputados democráticos estamos obligados a presentar esa iniciativa de ley, la ley de pensión universal, y trabajar arduamente por lograr apoyo de la población para que pueda ser aprobada.
Para que se den una idea cómo estamos en este aspecto:
De los nicaragüenses que se encuentran entre 65 y 74 años (los cuales deberían estar jubilados), el 57%, esto es, casi 6 de cada diez, se encuentran laboralmente activos. De ellos, el 63% están en el área rural. En otras palabras, tienen que trabajar, en lo que sea, para ganarse la vida.
Pero, fíjense en este dato: Uno de cada tres nicaragüenses mayores de 75 años –uno, de cada tres- se encuentran laboralmente activos, y en el campo casi la mitad de quienes son prácticamente octogenarios se ven obligados a trabajar para sobrevivir. Nada de pensión reducida, ni nada que se le parezca. Si no trabaja, no come. ¿se imaginan ustedes qué ingresos puede tener por su trabajo una persona a esa edad, en el campo?
No olvidemos pues a los ancianos y ancianas que no tienen pensión ni completa ni reducida. Y no olvidemos que todos, con el tiempo, llegaremos a esas edades. Si no tenemos seguridad social, o si el seguro quiebra, estarán –estaremos- listos y servidos.

Estamos obligados a buscar, proponer y promover alternativas viables para otorgar la pensión universal…¿qué dónde hay eso?…allí nomás en Costa Rica la seguridad social cubre a más del noventa por ciento de la población. Y no tienen canal.