En los últimos seis meses se han producido tres muertes en instalaciones de la policía nacional. Tres muertos en seis meses son muchas muertes, en un tiempo muy corto para incidentes de esa gravedad. Un fallecimiento se produjo en Morazán, otro en Managua y el último en Jinotega.
¿Podemos considerar estas muertes, hechos aislados?
No. En mi opinión, no. En particular si tomamos en cuenta que los hechos fatales anteriores se suman a las denuncias de violación de mujeres, vejámenes, torturas psicológicas, golpizas y otros atropellos cometidos por policías fuera y dentro de las instalaciones policiales.
En los tres casos señalados se afirma que las víctimas sufrieron severas golpizas. No es preciso ser experto para saber que matar a alguien a golpes requiere saña, ventaja y oportunidad. Saña, porque la víctima debe ser atormentada, prácticamente hasta morir. Ventaja, porque los victimarios, o están en superioridad numérica, o superioridad de fuerzas o superioridad de armas. Y oportunidad, es decir, que la víctima no dispone de condiciones para defenderse, ni para correr, ni para ser auxiliado.
¿Se cumplen esas condiciones en las instalaciones policiales? Parece que sí.
La encargada de la jefatura de la policía nacional declaró que la principal causa es el hacinamiento en las celdas preventivas. Sin duda es un factor. Pero no el único. Porque el hacinamiento es un problema de vieja data, y no se habían repetido los casos fatales, como ahora.
Lo primero que debemos subrayar es que un reo, sea un condenado, o detenido preventivamente, no pierde su condición de humano. Y es elemental que debe respetársele no sólo su derecho a la vida. También debe respetarse su integridad física y su condición de persona. Por tal razón las constituciones y leyes en regímenes democráticos establecen la prohibición de someter a tratos infamantes o degradantes, a todo ser humano. Y esta es una cuestión de principios, de leyes, de doctrina, de convicción y de práctica.
En algunos de los homicidios recientes se atribuye a la misma policía la responsabilidad de las golpizas, también se acusa a reos y, en otros, como en Jinotega, policías y reos se bolean la responsabilidad.
La verdad es que, en ningún caso, la policía puede evadir sus propias responsabilidades. Porque asumamos por un momento que los autores de las golpizas no fueron policías. Su deber primordial es resguardar el orden en sus instalaciones y proteger a los reos bajo su custodia. Lo menos, entonces, es una acusación por negligencia. Una negligencia mortal, porque se llevó la vida de tres personas.
Porque es natural que una persona que está siendo atormentada a golpes, al menos grite. Todos conocemos que las instalaciones policiales son pequeñas. ¿Alguien puede creer que nadie escuche los gritos de quien está siendo salvajemente golpeado?
Imagínense que en el caso de Jinotega, el jefe policial de la plaza, al acusar a cuatro reos como responsables del homicidio, declaró que había nueve víctimas más que habían sido golpeados, robados o abusados sexualmente ¿Tenía que producirse un muerto para que se dieran cuenta de esos abusos?
¿Qué nivel de control ejerce la policía al interior de sus instalaciones y qué nivel de seguridad ofrecen los custodios de los detenidos?
La policía no puede evadir su propia responsabilidad y, en lugar de andar buscando excusas, la policía está obligada a dar soluciones. Y soluciones de fondo, porque la multiplicación de estas denuncias muestra que la descomposición a causa de la manipulación política del régimen, está mutando a una descomposición que abarca otros ámbitos, distintos al ámbito político, y comienza a extenderse a lo largo y ancho del cuerpo policial. Y la sociedad, más tarde o más temprano termina por reaccionar ante un cuerpo en descomposición.
Cuando se rompen los cauces de la ley, el orden y el respeto a los derechos humanos, la ruptura es expansiva. Se rompen también para todos aquellos que se sienten dueños de autoridad o poder. Para todos ellos, y para todo. Es lo mismo que ocurrió con la guardia.
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