En agosto del pasado año, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, aprobó al gobierno de Ortega un crédito por 43 millones de dólares para financiar el proyecto “Respuesta inmediata de salud pública para contener y controlar el coronavirus en Nicaragua. Ante la desconfianza existente sobre las capacidades y transparencia de las instituciones del régimen, el convenio suscrito reduce al mínimo al mínimo la participación del gobierno y asigna la ejecución de las principales actividades a la Organización Panamericana de la Salud, OPS; y la Oficina de Naciones Unidas para la ejecución de proyectos, UNOPS; mientras, la organización no gubernamental conocida por las siglas PCI (Project Concern International) estaría a cargo de la verificación técnica de las operaciones.
Estamos hablando de 43 millones de dólares, los cuales más tarde o más temprano tendremos que pagar los nicaragüenses: No es una donación sino un préstamo.
Pues bien, han pasado ya casi cinco meses desde la aprobación. Si consideramos la inmediatez de los objetivos del proyecto, a estas alturas ya debería estar en plena ejecución. Los nicaragüenses deberíamos conocer los avances, si hay; o los retrasos, si ese fuera el caso. No es admisible que las instituciones concernidas se contagien del secretismo del gobierno.
En términos prácticos, lo que se conoce hasta ahora es, por un lado, que el último reporte del MINSA registra menos de 170 muertes y menos de 5000 contagiados. Por otro lado, autoridades del régimen dictatorial de manera demencial siguen promoviendo aglomeraciones que propician la expansión de los contagios.
Más allá de las acciones de propaganda del régimen para presumir del supuesto éxito de sus políticas de salud mediante la exhibición de cifras ridículas, el hecho es que esta propaganda no es inofensiva. Esa propaganda contribuye a forjar la idea de una falsa normalidad y de un control efectivo de la pandemia, principalmente en la población más desinformada. Provoca asombro ver aglomeraciones de pobladores en distintas actividades sin ningún tipo de protección. Esa displicencia de parte de la población no es ajena a la actitud irresponsable del gobierno.
En contraste, los medios de comunicación nacionales comienzan a informar que se multiplican en distintos municipios los fatídicos entierros express, con la consabida custodia policial y de personal del MINSA, a la par que médicos, expertos y, más importante aún, 33 asociaciones médicas dieron a conocer un comunicado llamando a redoblar las medidas de prevención ante las señales de un rebrote de la pandemia. Una opinión que está en plena correspondencia con las noticias internacionales sobre la oleada que se abate sobre distintos países del mundo.
En estas condiciones debemos de nuevo denunciar la actitud irresponsable de la cúpula gobernante, pero también corresponde emplazar tanto al BID, como a la OPS, al PCI y a la UNOPS, que son las entidades involucradas en el proyecto.
En primer lugar, para que informen cuál es el estado de implementación de actividades de las que depende la vida o la muerte de miles de nicaragüenses.
Para que nos demos una idea, vamos a compartir algunos datos que figuran en el documento oficial del proyecto. Es posible que a algunos les puedan parecer cifras exageradas, pero quien tenga dudas y quiera desmentirme puede buscar la página 1 del anexo 2 del documento citado.
Según el documento, de ejecutarse eficazmente las actividades del proyecto las muertes estimadas serían alrededor de seis mil. Es decir, si el MINSA a esta fecha reporta únicamente 167 muertes, una de dos: O esa cifra es flagrantemente falsa o, si no lo es, debemos esperar que en los meses venideros se produzca un verdadero desastre. De no ejecutarse el proyecto, la estimación de fallecidos es de 24 mil. Así que el proyecto es crucial en términos de vidas humanas.
Pero el documento dice más. Según el documento, la proyección del MINSA es de cien mil contagiados, aproximadamente. Mientras que la proyección de los formuladores del documento es más de un millón. Sí. Más de un millón. Independientemente de la proyección que tomemos de referencia, el hecho es, de nuevo, que en materia de contagios los datos de los boletines gubernamentales son notoriamente falsos o estamos a las puertas de una avalancha de contagios.
Emplazamos en consecuencia a la Organización Panamericana de la Salud, OPS, al PCI, a UNOPS y al Banco Interamericano de Desarrollo, a que den cuenta sobre el estado de ejecución del proyecto. Pero, en especial, que informen las cifras verdaderas de contagios y de muertes, y los peligros reales que gravitan sobre la vida de los nicaragüenses.
No estamos hablando de un proyecto de construcción de carreteras, viviendas o provisión de créditos a la producción. Estamos hablando de vida y muerte de seres humanos. Miles de seres humanos.
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