Párrafo
En un régimen democrático la Constitución Política es uno de los fundamentos esenciales de la convivencia ciudadana. Por así decirlo, la Constitución representa la base, el cimiento, de todo el edificio legal en el que habita y desarrolla su vida la población de un país.
Se le llama Carta Magna o Ley Fundamental porque, metafóricamente, es la madre de todas las leyes. De la Constitución se desprenden las normas legales ordinarias que hacen posible que personas, familias, trabajadores, empresas y organizaciones sociales desarrollen sus actividades en libertad y paz, con derechos, orden y garantías.
¿Qué contiene la Constitución?
Desde el punto de vista formal establece, principalmente, cómo se conforma el Estado, el territorio que comprende, los poderes e instituciones fundamentales que lo componen, las competencias, atribuciones, procedimientos y los límites a las facultades de los poderes y autoridades. En especial, la Constitución consigna los derechos y libertades del pueblo, que las autoridades están obligadas a respetar, proteger y promover. Ya sea un magistrado, un juez, un ministro, un oficial del ejército o de la policía. Cualquier autoridad tiene como primera obligación tutelar los derechos de la población. Entre estos derechos están el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, a movilizarse libremente, a organizarse, a profesar, o no, el credo religioso que su conciencia determine, a optar por la ideología de su preferencia, el derecho a un juicio imparcial, los derechos políticos, los derechos económicos, los derechos sociales.
En todo país democrático, cualquier autoridad que pretenda quebrantar la Constitución comete delito y debe ser enjuiciado por los tribunales de justicia. Y cuando un grupo o una persona se coloca por encima de la Constitución, avasalla a las instituciones y poderes del Estado, y violenta los derechos y libertades ciudadanas, estamos ante lo que se llama Golpe de Estado. En otras palabras, el marco político, legal e institucional se quebranta para ser sustituido por la voluntad de un tirano. Es lo que ocurre en #Nicaragua. En la práctica, la Constitución es letra muerta.
¿A qué vienen los párrafos anteriores?
Pues resulta que hoy lunes es día de la Constitución Política de Nicaragua, conforme una ley aprobada en 1995, la ley 201. Debería ser pues un día de especial significación y de celebración cívica.
Evidentemente, en las presentes circunstancias, con un régimen dictatorial que demolió todo el andamiaje constitucional no hay nada que celebrar. Pero no podemos dejar pasar la fecha sin recordarnos la necesidad de que en la nueva Nicaragua democrática, que deberemos construir, por fin podamos tener una Constitución, sustentada en un sólido consenso social, que sea respetada, que perdure y que garantice la convivencia pacífica entre los nicaragüenses, con garantía de derechos, libertades y oportunidades de prosperidad para todos.
En buena medida, los avatares de la Constitución, presuntamente en vigencia, reflejan la accidentada y trágica vida política en nuestra historia reciente.
Evocando la frase «un pueblo que desconoce su historia está obligado a repetirla, haremos un breve repaso a vuelo de pájaro: Como resultado del pacto entre Fernando Agüero y el General Somoza Debayle se aprobó una Constitución en 1974 diseñada para posibilitar la reelección del General. Cinco años después, con el triunfo de la insurrección popular, la Constitución de Somoza fue demolida. Estuvimos sin Constitución, bajo el mando y ordeno de la Dirección Nacional del Frente Sandinista, desde 1979 hasta 1987, año en que el régimen sandinista aprobó una nueva Constitución. En 1995, con la Asamblea legislativa emanada de las elecciones de 1990 esa Constitución fue reformada para introducir cambios democráticos, entre otros, prohibición de la reelección sucesiva, reducción de poderes a la presidencia, institucionalización del ejército y la policía, eliminación del servicio militar. Sin embargo, en el 2000, como resultado del pacto entre Alemán y Ortega, vuelta para atrás, nueva reforma para instalar el bipartidismo, la impunidad y repartición prebendaria de los poderes del Estado entre los caudillos.
Así llegamos al 2014, año en que Daniel Ortega, utilizando una mayoría bastarda en la Asamblea Nacional, resultado del fraude electoral en las elecciones del 2011, impuso unas reformas constitucionales que transformaron la carta magna en un traje a la medida de las pretensiones dictatoriales y dinásticas de Ortega y su familia. Restableció la reelección presidencial, rompió el proceso de institucionalización del ejército y de la policía convirtiéndolos en cuerpos armados a su servicio, sembró la semilla de la sucesión dinástica, elevó a rango constitución la concesión canalera, consagró la impunidad e impuso al Estado el mote de socialista, cristiano y solidario, entre otros desmanes.
En definitiva, otorgó rango constitucional a todas las lacras del pasado: Centralización del poder, nepotismo, corrupción, hipoteca a la soberanía nacional, exclusión política y social, impunidad, para citar algunas. Más que hablar de la Constitución Política de Nicaragua es más propio referirse a la Constitución de Ortega.
Pero no le bastó con todos esos abusos: ante las protestas populares que estallaron en abril del 2018 suspendió, de facto, los derechos y libertades ciudadanas. LLegó al como de ni siquiera respetar su propia Constitución.
En conclusión, no tenemos nada que celebrar pero sí la fecha debe servirnos como recordatorio del reto que tenemos de seguir luchando por recuperar nuestros derechos y libertades, restablecer la democracia y dotarnos, después de 200 años de caídas y recaídas, de una Constitución que exprese las aspiraciones, compromisos, derechos, responsabilidades y el rumbo para construir un futuro decente y con dignidad para todos.
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