La propuesta del COSEP

El salario mínimo se define como la remuneración indispensable para que una familia cubra sus necesidades más elementales, principalmente la comida. En Nicaragua, una familia que vive con un salario mínimo, más que vivir, en realidad sobrevive al borde del hambre. Valga decir que es el más bajo de Centroamérica.

Solo consideremos que el costo oficial de la canasta básica supera los 14 mil córdobas al mes y que el salario mínimo en la industria no llega a 5.800 córdobas. Una suma que ni siquiera alcanza para cubrir el componente de comida, de la canasta básica, cuyo costo, según el gobierno, está por encima de nueve mil córdobas mensuales.

Recordemos la diferencia entre salario nominal y salario real. El salario nominal es la cantidad en córdobas que un trabajador percibe, conforme la nómina, digamos, diez mil córdobas. El salario real es la cantidad de bienes y servicios que ese trabajador puede comprar con ese ingreso. La diferencia la provoca la inflación, esto es, el aumento de precios de los artículos de consumo básico y de los otros bienes y servicios. Mientras más suben los precios, menor es el salario real porque la inflación «se come el salario»: con el mismo dinero se compran menos productos. Hay que decir que la inflación no solamente afecta a los asalariados, sino a todos los consumidores que devengan ingresos fijos en córdobas, sean profesionales, empresarios o trabajadores.

Cómo medir el deterioro del poder de compra de los salarios

Si sumamos la tasa de inflación del 2018, que fue del 4%, con la tasa de inflación del 2019, que fue del 6%, y tomamos como ciertas las estadísticas del Banco Central (los expertos opinan que están adulteradas), encontramos que el deterioro de los ingresos fue aproximadamente del 10%, porque, también recordemos que los salarios en general, y el salario mínimo en particular, han estado congelados por todo el 2019 y parte del 2018. Esto significa que este ajuste al salario mínimo de menos del 3% que aprobó Ortega la semana pasada, apenas da para rascar el deterioro en el costo de la vida. Por encima de ese ajuste se monta la inflación del 2020, que ya va corriendo.

En definitiva, esa medida es como una migaja frente al aumento de precios de los artículos de primera necesidad.

Pero bien. Debemos reconocer que la crisis económica que atraviesa el país, a causa de la permanencia de Ortega en el poder, no aconseja mayores elevaciones salariales pues, a la larga, saldría peor el remedio que la enfermedad. Sabemos que a los empresarios les toca cargar con el aumento de las aportaciones al INSS, que les impuso Ortega; con de las tarifas energía, que impone Ortega en su calidad de empresario; con la falta de créditos, resultado de la falta de confianza en el gobierno de Ortega; y con el aumento en los impuestos, que también recetó Ortega. En este contexto, un aumento en los salarios afectaría la viabilidad de muchas empresas y su capacidad de conservar empleos. Recordemos que la mayor cantidad de empresas en Nicaragua son pequeñas, micros y medianas.

Por consiguiente, corresponde preguntarnos si hay alternativas que permitan recuperar el poder adquisitivo de los asalariados, y también de los no asalariados.

¿Hay alternativas de solución?

Pues Sí. Hay alternativas. Aclaro que no las estoy inventando. Son propuestas sensatas que están sobre la mesa:

1. Si consideramos que buena parte del aumento de los precios se origina en el paquete de impuestos que descargó Ortega en febrero del año pasado, revisar y reducir principalmente los impuestos que recaen en artículos de consumo básico mejoraría el poder de compra de la población. Además, alentaría el consumo y, por esa vía, podría reanimar las ventas y las actividades económicas. Es una propuesta viable.

2. La otra propuesta, igualmente viable, la presentó el COSEP. Consiste en elevar el techo exento del impuesto sobre la renta. ¿Qué significa esto, en cristiano?

Vamos a explicarlo: el impuesto sobre la renta se paga sobre los ingresos de personas o empresas. Las empresas y empresarios pagan sobre sus utilidades. Los trabajadores sobre sus salarios. Los profesionales sobre sus ingresos.

Actualmente, el techo exento es de cien mil córdobas. Supongamos que usted gana diez mil córdobas mensuales, esto es 120 mil córdobas al año. Usted no paga impuesto sobre los 100 mil, que están exentos, sino sobre los 20 mil. Si gana 150 mil al año, el impuesto se le aplica a los 50 mil.

Ese techo de 100 mil córdobas se estableció desde el 2012 y Ortega no lo ha movido. Por tal razón, como resultado de la devaluación del córdoba y los ajustes de salario para compensar la inflación de cada año, ahora nos encontramos con la aberración de que una persona que no gana ni para cubrir el costo de la canasta básica tiene que pagar impuesto sobre la renta. Literalmente deja de comer para pagar al Estado. Recordemos que el costo mensual de la canasta básica supera los 14 mil córdobas.

La propuesta del COSEP consiste en elevar el techo exento hasta llevarlo al costo de la canasta básica. Pongamos un ejemplo: una persona que gane 120 mil, es decir 10 mil córdobas mensuales, ya no pagaría impuesto sobre la renta. Y así, hasta llegar a un ingreso anual aproximadamente de 150 mil córdobas.

¿Cuál sería el resultado? Mejorar el ingreso real de la población y estimular las actividades económica sin afectar la economía de las empresas, independientemente de su tamaño.

No tengo ningún problema en declarar que esa propuesta del COSEP merece respaldo, porque va en beneficio de la población, en particular de los de menores ingresos. No me interesan en este caso las intenciones políticas que el COSEP pueda tener, o no tener.

Posiblemente esta posición provoque desconcierto a mi lado derecho y a mi lado izquierdo, pero estamos aquí ante un punto de confluencia propicio para armonizar intereses y presionar al régimen a fin de que adopte medidas que efectivamente mitiguen el impacto de la crisis económica en las familias nicaragüenses. Al fin y al cabo el sentido de la política verdadera es ese: Procurar el beneficio de la gente.