La tragedia en que el régimen genocida está sumiendo al país tiene varias dimensiones. Naturalmente, la principal expresión es en el daño humano, como resultado de la criminal represión. Las muertes. Las persecuciones. Los desaparecidos. Las prisiones. Lesionados. El exilio. Las persecuciones.
Pero hay otro daño que las familias sufren día a día y está relacionado con el cierre de empresas y el crecimiento del desempleo y el subempleo. El resultado es la pérdida de ingresos y de la capacidad de consumo de la población
Vamos a ponerle algunos números. El centro de investigación FUNIDES presentó en esta semana un breve informe que pone cifras a la crisis económica.
Comencemos con el desempleo. Según el informe, aproximadamente 350 mil nicaragüenses han perdido su empleo. Detrás de esa estadística, hay un drama familiar que se padece día a día y que también alimenta la corriente de migrantes al exterior. Menos comida. Menos educación. Menos salud. Más angustia. Más sufrimiento.
Es decir, más pobreza. Según el mismo informe, en estos meses el nivel de pobreza creció en correspondencia al aumento del desempleo.
Las dimensiones de este golpe solo podemos apreciarlo si consideramos que, según las cifras oficiales, más del sesenta porciento de la población se encontraba ya, antes de la crisis, en condición de subempleo o desempleo. Así que previsiblemente siete, de cada diez nicaragüenses de la fuerza laboral, se encuentra en esa condición.
Los sectores más sufridos son el comercio, la construcción, hoteles y restaurantes, y el sector agropecuario. Tanto empresas como trabajadores. Y aquí estamos hablando de grandes empresas, medianas, pequeñas y las microempresas.
En cuanto al futuro, el estudio plantea dos escenarios. Un escenario supone que se restablece un cierto margen de normalidad y los agentes económicos se adaptan a la situación. En este escenario, de todos modos la economía registraría un decrecimiento del siete por ciento de la actividad económica, en relación al 2017, con su secuela de desempleo y pérdida de ingresos.
La razón principal es que siempre permanecería la incertidumbre tanto en los inversionistas como en los consumidores. Ni los inversionistas nacionales ni los extranjeros arriesgarían sus fondos. Ni los consumidores estarían en capacidad de aumentar sus compras, tanto de contado como de crédito.
El segundo escenario es que la crisis política se agrave, las consecuencias por supuesto serían más agudas. La reducción del crecimiento económico en relación al 2017 sería del nueve por ciento.
Pero además de las repercusiones en la economía de las empresas y en la economía familiar también se generan repercusiones a nivel macroeconómico, las cuales a su vez retroalimentan el deterioro: Los retiros bancarios, la disminución de los créditos, la reducción de las recaudaciones, los recortes presupuestarios, el aumento de la deuda pública, forman parte de esa dinámica que se retroalimenta.
En este contexto se inscribe la crisis del INSS. Porque el cierre de empresas implica menos aportes por parte de los empleadores y el crecimiento del desempleo tiene como correlato la reducción en el número de afiliados y, por consiguiente, la suma de ambos factores, se traducen en la disminución de los ingresos de la institución, profundizando la crisis.
En cualquier caso, el problema fundamental es que mientras Ortega permanezca en el poder, la situación económica continuará agravándose. Y con ello el cierre de empresas, el desempleo y las penurias de la población.
Y de esto también los sectores de población que todavía respaldan al régimen deberán estar claros, porque ni siquiera los trabajadores del estado están a resguardo del desempleo como consecuencia de la permanencia de Ortega en el poder.
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