Con el propósito de escarbar en las raíces de la crisis actual y, por consiguiente, ayudarnos a identificar posibles rutas para resolverla, hablamos ayer de la crisis del modelo de control social, en el presente escrito abordaremos la crisis del modelo económico y social.
Bajo la envoltura de una economía de libre mercado, Ortega impuso, en realidad, una economía controlada por monopolios y oligopolios. Desde el control de sectores claves de la economía como los combustibles, la energía eléctrica, el sistema financiero, una minoría pudo concentrar los beneficios del crecimiento económico y generar, de un lado, un enriquecimiento desmesurado y, de otro, la persistencia de la pobreza, actividades económicas de sobrevivencia y migraciones al exterior.
En esencia, la economía ha reposado en la depredación de recursos naturales, tales como agua, bosques, suelo, minerales; y en los bajos salarios de la población, tanto de trabajadores como de técnicos y profesionales, y un marco de restricciones para la prosperidad de las pequeñas, micros y medianas empresas. El complemento de ese modelo ha sido el compadrazgo político o económico en la asignación de licitaciones, información privilegiada, reserva de mercados, protección arancelaria, exoneraciones, concesiones y ventajas económicas. Ese compadrazgo prontamente degeneró en corrupción campante y sonante.
La principal palanca para instaurar ese modelo fue la cooperación petrolera venezolana.
Dado que el suministro de hidrocarburos era al fiado, en un cincuenta por ciento, y en buena medida la otra parte de la factura petrolera se pagaba con productos de exportación, la economía del país dejaba de gastar más de 700 millones de dólares anuales.
La disponibilidad de estos recursos ayudó a preservar equilibrios macroeconómicos, tales como reservas internacionales, estabilidad de la moneda y baja inflación.
Adicionalmente, la cooperación petrolera contribuía a los llamados equilibrios fiscales. Esto es, que los gastos del Estado no se dispararan y pudieran ser cubiertos con los ingresos derivados de impuestos, créditos y donaciones.
Por supuesto, el principal efecto fue el establecimiento de un poderoso grupo económico encabezado por la familia Ortega. Lo cuantioso de los recursos posibilitó financiar programas asistenciales que, si bien no resolvían el problema de fondo, contribuía a mitigar algunas necesidades de la gente: hambre cero, plan techo, usura cero, eran parte de estos programas.
No hubo visión, ni intención, ni capacidad para impulsar la modernización tecnológica de la producción, ni se mejoró la productividad y, sobre todo, ni se resolvió la pobreza, ni se generó empleo productivo estable y suficiente. En definitiva, se exhibieron algunos “islotes de prosperidad” que sirvieron de de cosmética para adornar el discurso triunfalista sobre un desempeño económico que ni siquiera rasguñó los rezagos estructurales de la economía.
Las impaciencias en las familias por la persistencia de sus penurias, se mitigaba con propaganda y promesas de mejoras futuras: el maná caería del cielo en forma de canal interoceánico, un satélite, un puerto en el caribe, algodón cuyas fibras brotarían en colores, una refinería, un programa de riego de la llanura del pacífico que generaría tres cosechas por año, entre otros delirios.
Un médico toma el pulso, mide la temperatura, mide la presión, realiza exámenes clínicos y después da un diagnóstico. Igual hacen los economistas, pero no es necesario ser economista para apreciar la significación de los siguientes datos oficiales sobre el comportamiento de la economía en el 2017: La tasa de subempleo se mantuvo de principio al fin del año en el 43%. A este subempleo se agrega el 15% de trabajadores sin salarios y aun creyendo el cuento de que solamente hay un 3% de desempleo abierto, resulta que menos del 40% la fuerza de trabajo dispone de un empleo estable. Visto desde otro ángulo, más del 60% de la fuerza laboral en condiciones de precariedad. En resumen, un fracaso en términos laborales.
Si nos vamos a la inversión, a pesar de los vistosos shows mediáticos con la inauguración de edificios y nuevos proyectos, las estadísticas del Banco Central muestran que en el 2017 la inversión se redujo. Los inversionistas colocaron menos recursos en el país que el año anterior.
Lo mismo ocurrió con el consumo. El consumo de las familias se situó en un ritmo menor en un 2% en relación al año anterior.
Un dato más, y estos también son datos oficiales: en noviembre del 2017 se reportaron 921 mil afiliados al INSS, desde entonces comenzaron a disminuir hasta llegar en febrero, fecha del último reporte, a 905 mil. Es decir, sin estallar la crisis del INSS, el número de afiliados se redujo en 16 mil afiliados.
Ni consumo, ni inversión, ni empleo, ni seguridad social. Indicadores claves de toda economía. Lo que sí creció fue la deuda externa total y la deuda pública, y los pagos del servicio de ese creciente endeudamiento. El pago de ese servicio se traduce en reducción de los recursos que podían destinarse a medicinas, educación, caminos rurales, para mencionar algunos destinos de beneficio económico y social
Pero siguieron apretando para compensar la caída de los ingresos provenientes de Venezuela. Y así, solo en el 2017 sustrajeron a la economía al menos 140 millones de dólares como resultado de sobreprecios y sobre ganancias en el negocio del combustible.
Y llegó el momento en que ese modelo de capitalismo de rapiña, basado en el enriquecimiento de unos y el empobrecimiento de la mayoría, y amalgamado con corrupción, se desinfló.
No queda al régimen nada que ofrecer y nada que repartir. Y, llegado el momento de distribuir los costos políticos y económicos del ajuste, comenzó el forcejeó con la cúpula empresarial. Lograron ponerse de acuerdo en trasladar a las espaldas de las familias, el costo de mantener los beneficios a ALBANISA y grandes generadores de energía eléctrica. Pero con el INSS la alianza crujió y el modelo hizo crack con las irresponsables medidas destinadas a parchar la crisis del INSS. Lo demás es historia en curso.
La realidad es que, con diálogo o sin diálogo, nuestro país no es es viable, ni política, ni económica, ni socialmente, ni éticamente, con el modelo de rapiña impuesto por Ortega.
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