Uno de los mejores aliados del régimen es el olvido. La memoria colectiva es tan corta que en breve tiempo se van enterrando las tragedias y al final, parte sin novedad. Por esta razón uno de los campos de batalla frente a este régimen dictatorial debemos librarlo en la memoria. El siguiente relato se refiere a un episodio que ocurrió hace solamente un año, por estas fechas, pero de él solo queda un recuerdo nebuloso. El caso nos sirve de ejemplo para ilustrar nuestra afirmación de que el olvido es un aliado del régimen.
Repasemos el relato.
La madrugada del cinco de febrero, como consecuencia de un operativo policial ejecutado en el municipio Tuma La Dalia fallecieron por heridas de bala Cairo Blandón Lemus, y su hijita, de 15 meses, Daira Blandón Sánchez.
La policía informó que Blandón, de 48 años, era un delincuente prófugo; que ambas muertes se produjeron en un tiroteo, porque Blandón resistió armado; que ambos fallecidos fueron trasladados con vida al hospital de La Dalia; que en el intercambio de disparos resultó herido un agente policial y que los hechos acaecieron en la comunidad “La Chocolata”. Eso dijo la policía por medio de una vocera oficial.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH, divulgó su informe conclusivo en el que, después de hacer un minucioso relato de sus investigaciones se afirma:
• El operativo, en el que participaron al menos diez efectivos policiales, se realizó entre las tres y las cuatro de la madrugada, sin orden judicial de allanamiento, violentando las disposiciones legales vigentes.
• La niña no fue trasladada al hospital por la policía, sino que por su propia madre con el auxilio de un vecino.
• Blandón tenía 28 años y no 48.
• El dictamen del médico forense registra que Blandón recibió un balazo en el costado y otro en la pierna. Ambos disparos son de fusil M16. Un arma de guerra.
• Los hechos acaecieron en el barrio San Martín y no en la comunidad La Chocolata.
• En el hospital de la Dalia no ingresó ningún policía herido.
• Después de 15 días la policía no ha informado sobre ningún procedimiento de investigación ni la delegación departamental del Ministerio Público ha iniciado ninguna acción judicial. Tampoco se conoce quién comandaba el operativo.
La primera pregunta que salta a la vista es por qué hay tantas inexactitudes en la versión policial en temas tan gruesos como el lugar de los hechos. Uno tendría que preguntarse si se trata de inexactitudes o de falsedades.
Pero hay otros asuntos de fondo. Para comenzar, por qué la policía, después de más de 15 días y tratándose de dos vidas humanas, en especial, la muerte de una niña, no ha informado de ningún procedimiento de investigación, si es que ha iniciado alguno. Pero no solo la policía, sino también la delegación departamental de Matagalpa del Ministerio Público, que tiene la responsabilidad y la obligación de abrir el proceso judicial para deslindar responsabilidades por estas muertes. Por supuesto, esperar alguna diligencia de la Procuraduría de Derechos Humanos sería como pensar en un circo sin payasos. Ninguna institución ha dicho estaba boca es mía.
El pormenorizado informe del CENIDH permite llegar a conclusiones demoledoras sobre la ilegalidad, irresponsabilidad e impunidad de la actuación judicial.
Aun suponiendo el peor de los casos, esto es, que Blandón efectivamente fuera un peligroso delincuente, en Nicaragua no hay pena de muerte. ¿Qué derecho tiene la policía para quitar la vida a un ser humano sin antes realizar ningún intento de persuasión y con un desproporcionado uso armas letales? ¿Con qué facultad la policía, sin orden judicial alguna, allana una vivienda en horas de la madrugada?
Cuando uno observa las fotografías de la vivienda, un mísero espacio cubierto de zinc, madera y plástico, de inmediato se constata que no había ninguna posibilidad de que alguien pudiera resistir armado en tales condiciones.
Por otra parte ¿Qué principios de humanidad inspiran a esa unidad policial que no tuvo reparo en dejar abandonada a una niña agonizante?
El reflejo de la actitud que comienza a caracterizar a la policía lo encontramos en una desdeñosa frase que un oficial de policía vociferó a uno de los representantes del CENIDH cuando intentaba obtener información por parte de los agentes policiales:
“Si ya saben que no serán atendidos para que se detienen a perder el tiempo”. Este episodio se registra en el informe.
Perder el tiempo. Cuando se trata de la vida de dos personas. Una de ellas una niña que ni siquiera llegó a conocer la tierra donde había nacido.
Si allanan una vivienda en la madrugada, sin orden judicial; si disparan a matar sin reparar quién se encuentre en medio; si no respetan el derecho a la vida; si no se dignan a recoger a una niña agonizante, si mienten; si no investigan, si no informan, menos que castiguen ¿hasta dónde vamos a llegar?
Hasta aquí nuestro comentario de aquel momento. Transcurrió un año. Dos muertes. Un flagrante atropello a la legalidad y a los derechos humanos por parte de la policía, pero, caso cerrado.
En febrero fue la policía, en el municipio Tuma La Dalia. En noviembre, fue el ejército en el municipio de La Cruz de Río Grande. Una menor en el primer caso, dos menores en el segundo. En ambos, los mayores, acusados de delincuentes, muertos sin más trámite que una escueta declaración oficial.
¿Cuántos veces veremos repetir el mismo episodio funesto?
¿Hasta dónde vamos a llegar?
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