¿Quiénes son los delincuentes?

La policía de Daniel Ortega desplegó una desproporcionada operación represiva con el propósito de contener la marcha convocada por el Consejo Nacional de Defensa de la Tierra, que se realizaría el sábado 22 de abril, en Juigalpa.

Desde el día anterior, el viernes, la policía orteguista destacó fuerzas especiales en puntos intermedios y puntos de acceso a Juigalpa. La marcha se realizaría en conmemoración del Día Internacional de la Madre Tierra. El objetivo manifiesto de las fuerzas policiales fue impedir el ingreso a Juigalpa de los campesinos que se desplazaban desde los poblados de Nueva Guinea y Río San Juan, lo mismo que de los ciudadanos provenientes de otras zonas del país.

Así, desplegaron fuerzas en el puente del Río Ochomogo, para impedir la movilización de los pobladores de Ometepe, Rivas y poblados aledaños. En el empalme de Boaco, para impedir que ingresaran los pobladores originarios de Managua y del occidente y norte del país. Y en otros puntos de acceso como La Lechera, Puente la Tonga y el Tule.

En la época de la dictadura somocista, ese régimen, denunciado permanentemente como un violador sistemático de los derechos humanos, al menos se guardaba de emitir el decreto de suspensión de derechos y garantías ciudadanas. A Ortega le tienen sin cuidado la Constitución, las leyes y los derechos y garantías de los nicaragüenses. Ni siquiera se cuida de emitir un decreto de suspensión de derechos y garantías. Violenta la ley y violenta los derechos, y parte sin novedad.

Atendamos algunas de las disposiciones constitucionales vigentes: El artículo 53 dice “Se garantiza el derecho de reunión pacífica; el ejercicio de este derecho no requiere permiso previo”. Por su parte, el artículo 54 de la constitución establece “Se reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública de conformidad con la ley”.

¿Qué significa esto? Que ninguna autoridad puede anular, en condiciones de normalidad, el derecho de manifestación pacífica. De acuerdo con su ley orgánica, la policía nacional no está facultada para prohibir el ejercicio de este derecho, a lo más que puede llegar es a regular rutas y horarios.

Todos quisiéramos tener una policía que garantizara a los nicaragüenses, sin distinción, la vida, la integridad física y moral, el orden, la seguridad ciudadana, y demás derechos y garantías. Todos quisiéramos tener una policía sometida a la ley, que guardara fielmente uno de los principios fundacionales contenidos en su ley reguladora que manda a guardar “4) Integridad: Honestidad, dignidad, transparencia, compostura y decencia en la vida laboral, personal y social. Comportamiento acorde con la ley y las normas sociales, abstenerse de todo acto de corrupción, oponerse a él resueltamente, mantener una actitud ejemplar en todos los aspectos de la vida, que fortalezcan el honor de la Institución y sus miembros ante la comunidad”.

Lamentablemente, una vez que los mandos policiales resolvieron someterse a los designios dictatoriales de Ortega, la institución sigue deslizándose por una pendiente de descrédito.

El 22 de abril no bastó con violentar derechos constitucionales sino que emitieron un comunicado que solamente puede calificarse de infame.

Dicho comunicado afirma que fueron los miembros del Consejo de la Tierra los que establecieron tranques, exactamente en los sitios donde la policía, a vista de todo el mundo, obstaculizó la circulación ciudadana. Se trata de una mentira chapucera: si los marchistas precisamente lo que pretendían era desplazarse hacia Juigalpa para realizar su concentración y su marcha.

El comunicado agrega “En estos tranques se concentraron grupos de personas en actitud hostil armados con garrotes, piedras, machetes y armas de fuego causando zozobra e intranquilidad en la población”. Otra afirmación falaz y perversa.

Fíjense lo que dice la policía. Si una organización tuvo la capacidad de desplazar grupos armados en tantos lugares, solo puede significar una de dos, o que la policía está mintiendo de manera chabacana, o que en el país más seguro de Centroamérica estamos al borde de un levantamiento popular violento. Porque si existe un grupo numeroso, armado y hostil, que tiene semejante capacidad de coordinación, pues preparémonos todos.

Por otra parte, con semejante despliegue policial y si en verdad tan peligrosa fue la situación, sería bueno que la policía enseñara todas las armas de fuego que incautó.

Finalmente, el comunicado de la policía afirma que la marcha era ilegal. Los ilegales son ellos. Como lo mencionamos antes, la policía no tiene facultades de declarar ilegal el ejercicio del derecho de reunión, concentración o movilización pacífica. Pero además, circula profusamente, con la firma y sello de recibido de la policía de Chontales, la comunicación que enviaron los organizadores.

Los ilegales son ellos. Ilegales y delincuentes, porque el artículo 431 del código penal vigente establece lo siguiente: “La autoridad, funcionario o empleado público que fuera de los casos previstos en la Constitución Política de la República de Nicaragua suspenda total o parcialmente, en parte o en todo el territorio nacional, derechos, libertades o garantías establecidas en ella, será sancionado con pena de cinco a diez años de prisión…”

Al menos para marcar tarjeta, el Consejo de la Tierra y los ciudadanos que fueron directamente afectados deberían acordar una marea de denuncias en la Fiscalía por la comisión de este delito. Por supuesto, a la cabeza de los acusados debería estar el “jefe supremo” y los mandos principales de la policía.

Nuestra solidaridad con los campesinos y demás ciudadanos que fueron atropellados en sus derechos. Nuestra solidaridad con todos los que sufrieron agresiones físicas.