Acción de guerra

La opinión pública ha conocido un acto de salvajismo perpetrado en la comunidad El Portal, en Pantasma. Dos personas fueron despedazadas a causa de un poderoso explosivo, activado a distancia, mientras el campesino Modesto Duarte fue ejecutado a mansalva. Según relato de los familiares, el cuerpo de Duarte presentaba diferentes golpes en la espalda, dos orificios de bala y fracturas en su brazo y pie derecho.

Quienes tuvieron oportunidad de escuchar las conmovedoras declaraciones de los familiares de Modesto Duarte estoy seguro de que comparten conmigo la opinión de que además de provocar consternación, también dejan un sordo sentimiento de indignación.

Beneranda Peralta, ahora viuda, y madre de siete hijos, declaró “Nunca creí que muriera mi esposo de esa manera cobarde, sin nada, sin poder responder nada… “; mientras su hija, Reyna Duarte Peralta decía, “Yo exijo que haya justicia por mi padre. Ya no queremos que haya más dolor para nosotros. Y decirle al gobierno que ya no siga mandando al ejército a matar a los campesinos…” Y así, frases sencillas, doloridas, con el característico acento de nuestros campesinos del norte.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH, después de entrevistar a pobladores y familiares y visitar el terreno, publicó un pormenorizado informe. El reporte destaca: “En la inspección al lugar donde estalló el artefacto explosivo, un cafetal ubicado dentro de la propiedad de la familia Duarte a unos cien metros de su vivienda, se encontraron restos de pertrechos militares, casquillos, pedazos de mochilas, ropa, restos de piel y cabello en las cortezas de los árboles y los restos de un pie a unos cien metros del lugar de la explosión”.

Más adelante el informe agrega “esta denuncia deja en evidencia la escalada de violencia que amenaza la seguridad en el campo debido a que la respuesta ante los grupos armados es la militarización y violación recurrente de los derechos humanos, con el saldo trágico de la muerte de civiles que habitan las zonas afectadas… Los hechos recientes abren heridas todavía no sanadas, lo que se ve agravado en los últimos diecisiete meses con los enfrentamientos entre el Ejército y grupos armados con víctimas civiles, casos a la fecha en impunidad”.

¿Cómo creer al ejército y a la policía?
La policía y el ejército han negado su participación en los hechos. Sin embargo, de tanto ocultar información, de tanto falsear realidades, esas instituciones perdieron credibilidad. Ahora que se han puesto de moda los cuentos chinos, con este cuento de que no hay grupos armados con motivaciones políticas está sucediendo igualito que en el caso del cuento del meteorito: nadie lo cree.

Como nuestra memoria es corta y tenemos tendencia a olvidar, voy rememorar unos cuantos hechos:
En noviembre del 2014, falleció de un balazo en la cabeza Kevin Alberto Bautista, en Totogalpa. La policía anunció una investigación. Nunca se presentó un informe, si es que lo hubo.

En noviembre del 2012, pobladores que protestaban en Nueva Guinea fueron vapuleados y un grupo de mujeres, estando encarceladas, sufrió maltratos, incluyendo vejámenes sexuales. La policía anunció una investigación. Los resultados de esa investigación nunca se conocieron.

En los últimos meses del año pasado autoridades locales, sacerdotes y pobladores denunciaron operativos militares y refiegas en la zona de Ayapal. Un oficial del ejército declaró que se trataba de un operativo para “detectar y destruir plantíos de marihuana”. Sin embargo, hasta ahora no se conoce ni una sola señal de los plantíos que presuntamente provocaron el despliegue militar.

Cuando se produjo la agresión a los jóvenes de OcupaINSS, se robaron siete vehículos, en presencia de la policía, además de otras pertenencias. Hasta ahora no apareció ningún vehículo y la policía no ha dicho esta boca es mía.

A fines del mes de Julio del año pasado, en Jinotega, fue ultimado, de un solo disparo, Carlos García, desmovilizado de la resistencia y activo opositor. La policía no ha proporcionado ninguna información.

Con ocasión de la resistencia campesina al ingreso de brigadas que se identifican como encuestadores o brigadistas de salud y que son acompañados por antimotines y destacamentos de la policía y del ejército, un comisionado de la policía respondió, según nota informativa de Confidencial: “¿por qué estábamos aquí? Pues porque somos Policía Nacional y nos movemos todos los departamentos, hacemos recorridos, damos seguridad a turistas, a los que vienen a comprar a estos puertos de montañas…”

Para encubrir la represión desatada en contra de los campesinos de El Tule, el 24 de diciembre, la jefa de la policía nacional ofreció una declaración tremendista, afirmando que hasta una delegación policial había sido quemada. Después se publicó una foto con la delegación intacta.

Con estos antecedentes ¿cómo creerles?

Un acto de guerra
Si diéramos crédito a los alegatos de la policía, habría que creer que “esos delincuentes”, traficantes de marihuana (ni siquiera de crack, menos de cocaína) disponen de un poder de fuego que les permite activar a distancia poderosos explosivos que, cualquiera sabe, no se adquieren en el mercado Oriental. Sí así fuera, deberíamos admitir también que los grupos armados han alcanzado grados de peligrosidad extrema. Y si así fuera, pues deberían decirlo.

Obviamente que sólo un tonto o un fanático podría ignorar que todos los cabos enlazan en una dirección: se trató de una operación de inteligencia militar con todas las trazas y los trazos de historia que ya vivimos. Tal como plantea el CENIDH, afrontamos un hecho gravísimo que puede estar abriendo puertas a nuevos y trágicos episodios.

Ni aún en el combate a peligrosos grupos narcotraficantes transnacionales se ha conocido el uso de esos dispositivos. En definitiva, se trata de operaciones que solo se explican en un teatro de guerra. Y no es que la acción revele que los grupos armados estén en capacidad de llevarnos a esa escalada. La acción revela cuál es la voluntad real de quien ejerce el poder. Y ahí reside su peligrosidad.

¿Debemos admitir que el ejército y la policía, y el jefe supremo de ambas instituciones, tienen por sí y ante sí la facultad de arrebatar la vida a toda persona que consideren como un peligro?

El derecho humano fundamental es el derecho a la vida. Si este derecho no se respeta ¿Qué derechos podemos esperar que se respeten?

Por muy delincuente que pueda ser una persona, en Nicaragua no hay pena de muerte. Si desde el poder, quienes tienen la fuerza, se atribuyen el derecho a arrebatar la vida ¿quién puede sentirse seguro ya sea en la ciudad o en el campo?

Si desde el poder, quienes tienen la fuerza, se atribuyen el derecho a arrebatar la vida ¿cuánto hay que esperar para que otros se sientan con el mismo derecho?

Cuando ese momento llega, ya lo sabemos por historia reciente y por historia pretérita, llegamos al momento en que “todo vale”. Un momento que no queremos volver a padecer.