Esta resolución de la Corte Suprema de Justicia sobre el reclamo de Milton Arcia es un retrato fiel, de cuerpo entero, del deplorable estado en que se encuentra la administración de justicia en nuestro país. Un día le reconocieron sus derechos y al día siguiente se los despojaron.
Para quienes ignoran el caso, Milton Arcia es un mediano empresario que llegó a un acuerdo con la alcaldía de Managua para realizar una inversión turística en el lago Xolotlán. Posteriormente la alcaldía, en un procedimiento poco transparente, despojó al empresario de su inversión y le impuso una multa de más de un millón de córdobas. Los argumentos de este proceder no están claros. Arcia interpuso un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. El órgano judicial resolvió positivamente el reclamo y así lo notificó al empresario. Pero al día siguiente emitió un fallo “de aclaración” mediante el cual echó pie atrás y rechazó el reclamo, dejando a Arcia manos arriba.
El episodio confirma, por enésima ocasión, el valor que el régimen atribuye a la ley. En principio las leyes constituyen un instrumento esencial para la convivencia pacífica, consignan garantías, derechos y obligaciones, así como formas para dirimir controversias y resolver sobre “el tuyo y el mío”. Sin embargo, el régimen ha convertido el marco jurídico en un chicle que estira, encoje, se traga o escupe de acuerdo a sus intereses, patologías, simpatías y antipatías.
La ciudadanía, en consecuencia, se encuentra inerme frente al poder. Ante un atropello tan manifiesto ¿qué recurso le queda al afectado? Ninguno. Ninguno de carácter cívico o institucional. Pero lo grave no es solamente la flagrante arbitrariedad del caso descrito. Lo grave es que cualquier ciudadano común y corriente se encuentra expuesto a la misma indefensión. Trátese de una vaca, de un reclamo laboral, de un chancho, de una rajada de cabeza, de un vehículo, de una finca, de una mercadería retenida en la aduana, de un contrato, trátese de lo que se trate, los cauces institucionales sólo están sujetos a una norma: la voluntad dictatorial del régimen.
Un tercer aspecto está referido al vasallaje de quienes ejercen las magistraturas del poder judicial. Evidentemente, al momento de dictar la primera sentencia no conocían los designios del monarca y se atrevieron a resolver positivamente el reclamo de Arcia. Pero ese atrevimiento solamente duró veinticuatro horas. La “solución” que encontraron parece chiste de circo pueblerino: Inventaron un fallo de “aclaración” que vuelve las cosas al revés.
A propósito de magistrados, cabe recordar el debate reciente sobre la imposición de candidaturas en el poder judicial. Se dijo que había que ocupar espacios y con ese argumento aparecieron jurando respetar la ley. Tratándose de un empresario, los magistrados recomendados por el COSEP al menos deberían decir esta boca es mía.
En verdad, los pequeños y medianos empresarios requieren una alta dosis de valentía para invertir en este país porque ¿Qué certidumbres o garantías tienen sobre sus propiedades, inversiones y derechos?
La acumulación de estos episodios arbitrarios -que cierran caminos- es lo que va allanando los senderos de la violencia y de las acciones de hecho. Porque donde ya no queda nada que perder, cualquier cosa es ganancia.
Leonel Ojeda
Ocurre que el Dictador sólo tiene un Diálogo permanente con los representantes o auto proclamados representantes del «Gran Capital», es decir, dialoga con el «CPC» del gran capital, pero, el afectado no pertenece, ni aspira, si suspira en convertirse en miembro del selecto club del «Gran Capital», así como tampoco se ha proclamado Vasallo, como públicamente ya lo hicieron los miembros del selecto Club del «Gran Capital». Para el Dictador solamente existen «Grandes Empresarios», los micro, pequeños y medianos Empresarios, sencillamente NO EXISTEN.-