La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó a consideración de los Estados Miembros de esa organización mundial un informe actualizado sobre las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses por parte del régimen encabezado por Daniel Ortega.
El informe tiene como fecha de cierre el 31 de julio. Es decir, comprende las violaciones cometidas a lo largo de la mayor parte del año que transcurre, además de las cometidas en el segundo semestre del 2018.
Si bien el documento recoge hechos que para los nicaragüenses no son una novedad, ya que se trata de actos flagrantes cometidos por los esbirros del régimen, lo relevante es que están reflejados en un reporte oficial de la más alta funcionaria de Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos.
He tenido oportunidad de leer en las redes sociales frases de menosprecio a este informe, así como al papel de organismos internacionales y, en general, de la comunidad internacional. Estas actitudes son comprensibles, a causa de la desesperación que provoca la gravosa situación que vivimos los nicaragüenses. En otros casos el motivo es la impotencia y el desánimo. Es comprensible. Sin embargo, conviene que revisemos esas actitudes y valoremos los hechos a la luz de las competencias y facultades de esas organizaciones. Precisamente, una de las grandes carencias que se reconoce al Derecho Internacional Público, es que no dispone de capacidades coercitivas, es decir, de la capacidad para imponer por la fuerza sus decisiones.
Entonces ¿Para qué sirven esos informes y esas resoluciones?
En primer lugar, sirven para aislar al régimen. Y ese aislamiento, ese descrédito, tiene consecuencias políticas. Además, esos reportes sirven de fundamento para que los gobiernos adopten decisiones como, por ejemplo, sanciones a los jerarcas del régimen, las cuales, si bien no provocan un naufragio inmediato, día a día van socavando sus bases de sustentación. Son útiles como instrumentos de gestión y presión política internacional.
En segundo lugar, se trata de argumentos y posicionamientos que se van acumulando y entrelazando unos con otros. Llegado el momento, pueden ofrecer elementos de respaldo a acusaciones penales en tribunales internacionales de justicia. Ese momento, que tal vez hoy se vea lejos, inevitablemente va a llegar.
A lo interno del país, si les asignamos el valor que corresponde, también son armas en la lucha política, ya que desnudan los embustes de la propaganda oficialista. De hecho, el informe de Michelle Bachelet envía el cesto de la basura todos los esfuerzos del régimen por mostrar normalidad y engatusar a la opinión pública internacional.
Además, hay muchos ejemplos de que, a la postre, decisiones de la comunidad internacional se transforman en instrumentos políticos poderosos. No en todos los casos, naturalmente. No vayamos muy largo, basta recordar el papel que cumplió la Organización de Estados Americanos en la salida de Anastasio Somoza Debayle.
Y qué dice el informe?
Extraeremos algunos párrafos para darnos una idea:
“La OACNUDH tiene motivos razonables para creer que, desde agosto de 2018, un número considerable de mujeres y hombres privados de libertad en el contexto de las protestas y luego acusados de delitos comunes, fueron sometidos a tortura y/o malos tratos, tanto físicos como psicológicos, tales como golpizas, registros corporales ilegales, amenazas de muerte y amenazas a las familias. También se documentó casos de violencia sexual y de género contra mujeres”.
Este párrafo contiene señalamientos que son constitutivos de delitos de lesa humanidad.
Vamos con otro:
“Las medidas institucionales y legislativas adoptadas con el propósito declarado
de reconciliar y garantizar la reparación a todas las víctimas de la crisis sociopolítica se
impusieron sin consulta previa y no se ajustan a los principios internacionales
pertinentes”.
¿Qué significa lo anterior? Que la comisión de la verdad de Ortega, la ley de reconciliación y la ley de amnistía quedan internacionalmente como inútiles artimañas.
Sigamos:
“Ninguna de las medidas unilaterales adoptadas por el Gobierno ha sido diseñada con el fin de establecer la rendición de cuentas, lo que, unido a la falta de independencia de la administración de justicia, consolida la impunidad de las violaciones de los derechos humanos. refleja la falta de voluntad de garantizar la rendición de cuentas y consolida la impunidad por la violación de los derechos humanos…También socava, aún más, la confianza pública en las instituciones del Estado».
«Se ha utilizado el sistema de justicia para criminalizar la disidencia y garantizar la impunidad de los responsables de las violaciones de los derechos humanos, lo que demuestra la falta de independencia del poder judicial respecto del poder ejecutivo.»
En resumen: Impunidad. Descrédito. Falta de independencia de la administración de justicia. ¿Que el lenguaje podrìa ser otro? Sì.
¿Que podrìa ser màs contundente? Sì.
¿Que hay una omisiòn lamentable? Sì. Los derechos humanos de los refugiados nicaragüenses ni siquiera son mencionados y debemos reclamarlo.
En conclusiòn: Lo hemos afirmado en otras ocasiones y lo reiteramos ahora. La comunidad internacional no va a sacar a Ortega del poder, pero su contribución es fundamental para que podamos lograrlo. Es en esta perspectiva que debemos valorar el informe Bachelet.
Dejar una respuesta