Esta medida, más bien este garrotazo que acaba de propinar el régimen de Ortega sobre las espaldas del pueblo nicaragüense, verdaderamente no es una medida tendiente a resolver la crisis del Instituto de Seguridad Social, sino que es una acción de venganza política, es una acción de represión política.
¿Por qué afirmamos que es un acto de venganza política?
En primer lugar, porque las medidas no resuelven los problemas de fondo del INSS.
En segundo lugar, porque empeorará la situación de crisis económica que viven las familias, las empresas y el país en general.
En tercer lugar, porque aumentan la cuota de sacrificio y de penuria de las familias nicaragüenses. Golpean a empresarios grandes, medianos, micros y pequeños, porque aumentan sus costos, reducen su competitividad y los amenazan con la quiebra. Golpean a los consumidores, porque elevarán los precios de los bienes y servicios de consumo. Golpean a los trabajadores afiliados a la seguridad social, porque pagarán más y recibirán menos. Golpean a los desempleados, porque los condenan a no encontrar trabajo. Golpean a los profesionales porque encarece el seguro facultativo y el costo de la vida. Golpean a la juventud, a los estudiantes, porque desde ahora les niega la oportunidad de empleo e ingreso, además que les cercenan, desde ahora, los beneficios de la seguridad social.
¿Es solo discurso lo que estamos planteando?
Por supuesto que no es discurso. Se trata de realidades.
Comencemos por el contexto en que se imponen. Recordemos algunos datos: Al mes de diciembre del 2018 se retiraron más de 1500 millones de dólares de los depósitos bancarios, según informa la Superintendencia de Bancos. Esto representa casi el 30% de los depósitos que estaban en los bancos antes que estallara la crisis. Solo en el mes de diciembre los retiros fueron por el equivalente a 220 millones de dólares, el mayor monto en los últimos seis meses.
El retiro de semejante cantidad de dinero a causa de la desconfianza frente a un gobierno que no respeta ni las leyes, ni la Constitución, ni los derechos de los nicaragüenses, provocó, de un lado, la reducción de los créditos bancarios a todos los sectores. Se redujeron los créditos personales, al comercio, a la industria, a la ganadería, a la agricultura.
¿Qué implica esta reducción de créditos a los sectores productivos?
Significa menos inversión, menos ventas por parte de los comerciantes, menos ingresos para las empresas y para los trabajadores, cierre de empresas, menos afiliados a la seguridad social y más desempleo.
Pero también la reducción de los créditos ha repercutido en las reservas en dólares del banco central, las cuales se desplomaron en un cuarenta por ciento. Para que lo entendamos mejor: si el Banco Central tenía 100 dólares en reservas de dólares, perdió 40 dólares, ahora tiene sesenta. La consecuencia de lo anterior es la reducción de los córdobas en circulación lo cual contrae aún más la economía.
¿Por qué afirmamos que las medidas no van a salvar al INSS?
Muy sencillo. No hay que ser economista para saberlo.
Sabemos que la crisis del INSS fue precipitada por el aumento desmesurado en los gastos administrativos, de los salarios y en la planilla. Que al llegar Ortega al poder el INSS registraba un superávit que se transformó en un déficit. Que las clínicas previsionales son una sangría permanente para los recursos de la institución. Que se realizaron inversiones turbias y que se hizo charanga con los fondos de reserva de la institución.
La medida aprobada no dice una palabra sobre estos temas. Los mismos irresponsables del despilfarro de los fondos del INSS, son los que ahora suscriben las reformas.
Además, si no va a haber más inversión, ni extranjera ni nacional, significa que no se instalarán nuevas empresas que contraten más trabajadores. Si va a aumentar el gasto de las empresas por contratar a un nuevo trabajador y las empresas más bien van a ajustar sus costos laborales ¿Alguien cree que va a aumentar el número de afiliados y de empresas cotizantes?
Si un empresario va a pagar un aporte mayor por cada trabajador, ante todo va a hacer una revisión de sus costos laborales para ajustar su planilla y en segundo lugar la va a pensar dos veces antes de contratar un nuevo trabajador, en el ambiente de desconfianza generado por un régimen que no respeta ni la ley ni los derechos. Lo que aumentará es la economía informal.
En otras palabras, lo que los desfalcadores del INSS pueden obtener sacando dinero de los bolsillos a empresarios y trabajadores, se va a escapar con la disminución del número de afiliados y de empresas cotizantes.
Además, los empresarios, para buscar la sobrevivencia de sus empresas van a trasladar parte de sus costos a los precios de los bienes que producen, por consiguiente, al aumentar los precios empeorará todavía más la condición de vida de las familias. Además, que el desempleo va a ser una amenaza permanente. En el caso de los trabajadores afiliados al INSS, no solo van a pagar más y a recibir menos, sino que, igualmente, estarán bajo la amenaza permanente del despido, y sufrirán el impacto del aumento del costo de la vida.
Tampoco hay que ser economista para comprender que, si no hay nuevas inversiones ni empresas, si no hay más empleo e ingresos, si no hay más consumo, la crisis económica continuará empeorando.
Es que no hay salida económica con Ortega en el poder.
¿Y por qué el régimen se ensaña de esta manera en los nicaragüenses?
Porque saben que van de viaje. Y así como han reprimido a diestra y siniestra, con odio, así también propinan este garrotazo en venganza. A ellos no les importa ni el presente ni el futuro de los nicaragüenses. Así de sencillo.
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