En el año 1995 se aprobó una ley que declara los primeros lunes de cada mes de septiembre “Día de la Constitución Política”, con la sana intención de promover la formación democrática de la población.
La primera pregunta que surge es si tiene sentido establecer un día especial para celebrar la Constitución. En términos generales, uno tendría que responder afirmativamente.
¿Por qué razón?
Porque la Constitución Política, en países democráticos, es resultado de un sólido consenso social. La Constitución establece los principios y normas que sirven de fundamento a un país. En la Constitución se define la estructura del Estado, sus órganos y competencias, así como el conjunto de derechos y libertades de sus ciudadanos, y los procedimientos e instituciones destinadas a resguardar el orden y resolver las controversias. De la Constitución se desprenden las leyes ordinarias que hacen posible que personas, familias, etnias, trabajadores, empresarios y organizaciones sociales desarrollen sus actividades en libertad y paz, con derechos, orden y garantías.
Este día, deberíamos estar rindiendo homenaje a la Constitución Política. Sin embargo, la reflexión obligada es, si en las presentes circunstancias tenemos algo que conmemorar.
Por supuesto, no hay nada que conmemorar porque Ortega, utilizando una mayoría espuria en la Asamblea Nacional, resultante del fraude electoral en las elecciones del 2011, impuso unas reformas constitucionales que transformaron la carta magna en un traje a la medida. Esto es, a la medida de las pretensiones dictatoriales y dinásticas del orteguismo.
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En lugar de señalar la ruta hacia el futuro, la Constitución impuesta por Ortega refleja un régimen que reencarna todas las lacras del pasado. Ortega y sus comparsas desmontaron la institucionalidad democrática y nos han colocado nuevamente en tierra donde todo vale, que también quiere decir, donde nada vale.
Anotaré algunas de las mayores perversiones históricas que el régimen dio rango constitucional.
1. La reelección presidencial. Los afanes de perpetuación en el poder siempre fueron motivo de conflictos y guerras. Ortega, al imponer su reelección nos coloca, otra vez, ante la misma cuesta empinada y cubierta de espinas.
2. La desnacionalización del ejército y de la policía. El ejército y la policía son instituciones destinadas a salvaguardar el orden y asegurar el respeto a los derechos ciudadanos. Por esta razón, es condición imprescindible que su actuación se subordine estrictamente a la Constitución y a las leyes. Una de las lacras de nuestra historia es la creación de cuerpos armados que se arropan en banderas partidarias y no en la bandera nacional. Que obedecen a un caudillo y no a las leyes. Ortega, al subordinar los mandos del ejército y de la policía a su voluntad personal, resucita un fantasma de nefastas trayectorias.
3. La concesión canalera. Mediante esa concesión, Ortega convirtió en polvo la soberanía nacional, hipotecando el país por cien años. Ni leyes penales, ni fiscales, ni civiles, ni administrativas, ni mercantiles, ni laborales pueden aplicarse a los concesionarios. Una concesión vende patria elevada a rango constitucional.
4. La sucesión dinástica. Representa, como se dice, la tapa al pomo. No contento con el control absoluto del poder, ahora Ortega pretende heredarlo a su familia al designar a su esposa como vicepresidenta.
Cualquier repaso por la historia de nuestro país revela que buena parte de los conflictos se originaron la ambición del mandamás de turno, de mantenerse en el poder, por encima de la voluntad popular. De hecho, a lo largo de todo el siglo XX la única elección que podría llamarse de esa manera fue la que se realizó en 1990, y con costo. Debemos recordarlo una y otra vez: fue el respeto al voto soberano del pueblo la llave que abrió puertas hacia la paz y a la convivencia democrática. Ortega, al anular ese derecho con los fraudes electorales, la destitución arbitraria de funcionarios electos, la exclusión de fuerzas opositoras y ahora con la eliminación del padrón electoral, nos coloca nuevamente ante las mismas encrucijadas que como país hemos enfrentado a lo largo de la historia. Encrucijadas resueltas siempre con dolor y tragedia, porque nos colocan entre la sumisión y la resistencia.
¿Tenemos entonces algo que celebrar?
Por supuesto que no. Lo que tenemos es el reto y la obligación de luchar por restablecer la democracia y dotarnos de una Constitución que exprese un sólido consenso social a partir del cual podamos edificar un futuro decente para todos.
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