Sangre, sudor y lágrimas

Ortega nos está llevando al borde del precipicio. No solo es obra de él. Para saber cómo salir del berenjenal es importante que repasemos cómo llegamos hasta aquí.

Cuando Daniel Ortega “ganó” las elecciones en noviembre del 2006, gracias a la famosa rebaja al 35% obsequiada por Arnoldo Alemán, y al 8% de votos que nunca apareció, escuché a algunos políticos que se consolaron con la reflexión de que al fin y al cabo solo se trataba de capear la borrasca por cinco años, porque la barrera de la “no reelección” marcaba el límite para el “nunca más”. Incluso alentaban la expectativa de que esta circunstancia abriría espacio para debatir la sucesión en el Frente Sandinista y, con ello, la posibilidad de democratizar a esa organización.

Sin embargo, a pesar de obtener el 38% de los votos, Ortega gobernó con mayoría calificada pues los diputados del PLC le acompañaron en los primeros años votando asiduamente junto a la bancada oficialista. Tanto así que le entregaron la presidencia de la Asamblea Nacional. El pacto le allanó el camino al poder, primero; y, después, para gobernar sin tropiezos.

Cuando Ortega se apropió de la cooperación petrolera venezolana, como base para estructurar un poderoso grupo económico, fueron pocos los que alzaron su voz de protesta. Cuando torció el brazo a la transnacional ESSO para controlar los eslabones claves del negocio del combustible, algunos reconocieron cínicamente su capacidad para ejercer poder. El pacto con los sectores económicos más poderosos del país que se resume en la frase: “carta blanca para abusar del poder a cambio de carta blanca para enriquecerse a lo descosido”, reforzó esa opinión y posibilitó la imposición de un modelo económico y social depredador y excluyente.

Pero la mayoría consideró que el marco constitucional era el límite.

Cuando Ortega mandó a garrotear gente, manipuló símbolos religiosos y orquestó, en contubernio con Alemán, el fraude electoral en las elecciones municipales del 2008, muchos pensaron que ese despojo era el límite en su afán de concentrar poder.

La reacción de una parte de la comunidad internacional, en particular la Unión Europea, que canceló montos significativos de apoyo presupuestario, y Estados Unidos, que canceló la participación de Nicaragua en la Cuenta Reto del Milenio, reforzaron ese criterio. Pero Ortega encontró oxígeno en los generosos fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, lo cuales, junto al uso y abuso de la cooperación venezolana le permitieron sacarle la lengua a la comunidad internacional y seguir campante.

Cuando Ortega ordenó a sus secuaces del poder judicial la adopción de un “fallo” que anulara la Constitución y habilitara la reelección continua, muchos pensaron que había roto el límite pero que ya no podía ir demasiado lejos.

Cuando Ortega ejecutó el fraude electoral del 2011 y con urnas milagrosas se recetó más de 60 diputados, resultaba claro que no se detenía ante nada. Pero a esas alturas el temor en unos; la complacencia y complicidad en otros; y la impotencia y pasividad en el resto de actores políticos, sociales y económicos internos, habían carcomido cualquier barrera que obstaculizara el desenfreno de Ortega por acumular poder y riquezas. La comunidad internacional, por su parte, se distraía “viendo para el icaco”.

Cuando Ortega otorgó la concesión canalera al especulador chino, Wang Jing, definitivamente “la sacó del estadio”. Nuevamente se pensó que se había desbordado, pero que su falta de escrúpulos no llegaría al extremo de modificar la Constitución para dar rango constitucional a un acuerdo más vende patria que el mismísimo tratado “Chamorro-Bryan”.

Pero Ortega no tuvo reparo en reformar la Constitución, recetarse la reelección indefinida y, acto seguido, imponer el control absoluto de los poderes públicos al ungir a los titulares de todos los cargos, incluyendo sus monigotes del Consejo Supremo Electoral y de la Corte Suprema de Justicia. Emergió así una nueva especie en el zoológico nacional: las garrapatas de cargos públicos. Los liberales orteguistas.

Pero quedaban tareas pendientes. Ningún poder dictatorial se siente seguro mientras no garantiza el sometimiento de las fuerzas armadas. Ortega entonces impuso nuevas leyes para el ejército y para la policía a fin de asegurarse la subordinación personal de los mandos de esas instituciones.

En el presente, inconforme con el expediente de robar votos, procede a excluir del proceso electoral a la única fuerza política opositora. De esta forma, con el apoyo de cómplices y garrapatas políticas se adjudicará el porcentaje de votos que se le antoje. Y quedemos claros, ese despojo no concierne únicamente a las fuerzas políticas excluidas. Es un problema de todos porque a todos nos está despojando del derecho a votar. Un derecho que ha costado sangre, sudor y lágrimas. Un costo que no debemos pagar nuevamente.

Pactos, complicidades, incompetencias, mezquindades y pasividad, pavimentaron la ruta hacia un modelo de somocismo revisado, corregido y aumentado, al mejor estilo de otros desgraciados episodios ya sufridos por el pueblo nicaragüense.

La conclusión del relato lo enseña la misma historia: frente a las concepciones totalitarias del poder los límites legales e institucionales son papel mojado. El único límite efectivo es la resistencia ciudadana activa. Una resistencia firme, inteligente y masiva. Pero la participación de la gente no cae del cielo: se requiere una propuesta de cambio viable, creíble y que despierte ilusiones.

Mientras esa resistencia no se produzca, no hay límites para el régimen dictatorial.

Tan sencillo como la palabra Juan.