Hablemos pues de propuestas

La gente plantea, y con justa razón, la necesidad de que se presenten propuestas. Y la verdad es que resulta imperativo exponer con claridad qué es factible hacer en beneficio de la población, distinto a las políticas que impone el régimen de Ortega.

Sabemos que los principales problemas que enfrenta la inmensa mayoría de los nicaragüenses son: falta de trabajo, salarios insuficientes y pobreza. Toda propuesta entonces debe tener como centro, más que alcanzar estadísticas, atender los problemas más sentidos de la gente.

Con el ánimo de contribuir a un debate propositivo, aquí van algunas ideas sobre medidas que podrían formar parte de una agenda de cambio real, en beneficio de la gente. Dividiré las propuestas en tres partes. Medidas de corto plazo. Medidas de largo plazo. Y medidas de carácter político institucional.

Comenzaré con las medidas de corto plazo. Se trata de propuestas de carácter práctico, que son viables y que tendrían un impacto inmediato en beneficio de la población. Obviamente podrían profundizarse más, detallarse más. Pero este no es un plan de gobierno sino que propuestas para el debate. No pretendemos inventar el agua tibia porque aquí no hay soluciones mágicas.

Primero. Reducción de los precios del combustible, acercándolos al promedio centroamericano
¿Cómo? Implantando el “sistema paridad precio de importación”. Este método lo ejecutan con resultados positivos otros países latinoamericanos. No afecta el mecanismo del mercado pero establece parámetros máximos y mínimos en los costos y utilidades de los agentes económicos que participan en el negocio de los hidrocarburos. También contribuye a la transparencia de las operaciones.

¿Cuál sería el beneficio? Elevar el poder adquisitivo de los consumidores en general, de manera directa, por la vía de menores tarifas. Y por vía indirecta al marcar una tendencia a la disminución de costos y precios de los productos de consumo. También mejoraría las condiciones de competitividad de las empresas, al reducir sus costos de operación, posibilitando a su vez la generación de empleo.

Vale la pena recordar que en el 2015, Ortega y su combo se embolsaron más de 200 millones como sobre ganancias, producto del sobre precio que imponen al combustible.

Segundo. Anulación de la ley 840 mediante la cual Ortega otorgó la concesión canalera al empresario chino Wang Jing. Esta medida daría tranquilidad a la población amenazada y quitaría la hipoteca que pende sobre el patrimonio de todos los nicaragüenses. ¿Es factible? Claro que es factible. Las cosas se deshacen, a como se hacen.

Tercero. Revisión de las exenciones y exoneraciones de impuestos. Expertos nicaragüenses estiman que el Estado deja de percibir casi mil millones de dólares anuales como resultado de estas exoneraciones.

La medida consistiría en establecer un plazo de vigencia a estos privilegios fiscales, transformando los beneficios en incentivos para generar empleo, mejorar la productividad y promover la modernización tecnológica. Las empresas que generen empleo y modernicen su planta pueden prorrogar el plazo de vigencia de sus beneficios. Además, esta medida tendría un significativo impacto favorable en el aumento de los ingresos públicos, lo cual posibilitaría mayores recursos para salud, educación y otras inversiones indispensables.

Cuarto. Aprobar y aplicar efectivamente una ley sobre derechos de los nicaragüenses residentes en el exterior que incluya procedimientos ágiles de cedulación y para ejercer el derecho al voto.

Quinto. Reducción de las tarifas eléctricas, acercándolas a los niveles de las tarifas promedio prevalecientes en Centroamérica.
¿Cómo? Modificar la ley vigente para destinar a la reducción de la tarifa el cien por ciento del ahorro generado por la reducción de los precios del petróleo.

Una medida adicional sería renegociar el crédito con CARUNA. Y una tercera sería transparentar los contratos con las empresas generadoras de electricidad sustituyendo la discrecionalidad y secretismo actual por licitaciones públicas para los contratos de suministro de energía. Se preservaría el subsidio a los consumidores de menor consumo pero se elaboraría un nuevo pliego tarifario que racionalice las cargas.

¿Cuáles serían los beneficios? Igual que con los precios del combustible:
• Mejorar el poder adquisitivo de los consumidores en general.
• Abaratar los precios de los bienes y servicios.
• Y mejorar las condiciones de competitividad de las empresas.

Sexto. Acordar con organizaciones ambientalistas, de productores, empresariales y ciudadanas, un plan de emergencia ambiental que incluya un amplio programa de protección de recursos hídricos, reforestación y capacitación en métodos de cosecha de agua.

Séptimo. Cierre inmediato de las mazmorras del Chipote y designación de un nuevo jefe de policía, como expresión de la voluntad por respetar los derechos humanos, despartidarizar y profesionalizar el trabajo de la policía. En las instalaciones se construiría posteriormente un museo nacional. Un nuevo jefe de la policía nacional debería cumplir tres atributos clave: profesionalismo, independencia e integridad.

Octavo. Deslindar las responsabilidades del Estado, de la deuda privada contraída por Ortega en el marco del convenio petrolero con Venezuela. Esta acción legal permitiría eliminar la espada que se cierne sobre el futuro económico del país y dar certidumbre a los inversionistas sobre la solvencia de la economía nacional.

Noveno. Ejecutar un plan de creación de empleo juvenil mediante el establecimiento de un fondo nacional de incubación y promoción de empresas y el otorgamiento de incentivos fiscales a las empresas que generen empleo para jóvenes graduados universitarios o que cursen carreras técnicas o universitarias.

Décimo. Preservar la estabilidad macroeconómica mediante el manejo responsable de la política fiscal, cambiaria, monetaria y crediticia.

Como puede observarse, se trata de medidas que no son de gran complejidad. Que afectarán intereses creados y amamantados por el régimen, eso sí. Pero tendrían impactos favorables inmediatos en las condiciones de vida de la población y en el mejoramiento de la competitividad de las empresas nacionales, principalmente las micros, pequeñas y medianas.

Por supuesto, tampoco son las únicas. Indicamos diez. Seguramente hay otras. Seguiremos en otro espacio con medidas de fondo cuyo impacto sería en el largo plazo pero que deberían comenzar a implementarse cuanto antes. Educación, productividad, Seguridad Social, son algunos de estos campos.