Los suscritos, ciudadanas y ciudadanos nicaragüenses, en vista de las próximas elecciones generales que tendrán lugar este año, preocupados por el curso y destino de la nación, consideramos importante dirigirnos a todos los nicaragüenses a fin de plantear las siguientes consideraciones.
Las elecciones periódicas, libres y transparentes, son el medio civilizado de elegir las autoridades y definir el rumbo de una nación. Las elecciones generales previstas para el primer domingo de noviembre del presente año, deben realizarse con toda libertad, sin coacciones ni abusos de ninguna clase, garantizando igualdad de condiciones para los contendientes y un conteo de votos honesto y transparente. Sólo de esta manera los resultados obtenidos reflejarán fielmente la voluntad soberana del pueblo, otorgando a quien resulte vencedor la legitimidad necesaria para garantizar el desarrollo económico y social de toda la nación en paz y libertad.
El actual sistema electoral se encuentra seriamente cuestionado, tanto a nivel nacional como internacional, y no goza de la credibilidad y capacidad necesarias para garantizar las condiciones mencionadas. El control absoluto ejercido por el grupo gobernante, el colaboracionismo corrupto de algunas facciones partidarias, el ocultamiento de datos y el sinnúmero de anomalías registradas en las últimas elecciones, lo han convertido en una institución fallida y en una maquinaria especialmente diseñada para el fraude. La reciente elección de dos nuevas magistradas del CSE representó una oportunidad para integrar en ese poder del Estado personas independientes, profesionales y honestas; sin embargo, bajo el pretexto del principio de la equidad de género, se impuso una vez más la voluntad del grupo gobernante de ejercer un control absoluto sobre el máximo órgano electoral, ignorando las candidaturas de mujeres independientes presentadas por la oposición.
Entramos al año electoral sin que ninguna de las recomendaciones formuladas en reiteradas ocasiones por los organismos de observación se hayan puesto en práctica. De hecho, a estas alturas, ningún organismo serio de observación electoral internacional, como la Unión Europea, la OEA o el Centro Carter, así como ningún organismo nacional, ha sido invitado. Todo esto arroja serias dudas acerca de la credibilidad del actual proceso y sus posibles resultados. De no cambiar estas circunstancias se estarían cerrando los cauces democráticos y alentando el regreso de la confrontación violenta, como ha sucedido tantas veces en nuestra trágica historia.
Advertencia de 1974, válida en 2016
En junio del 1974, cuando el general Anastasio Somoza Debayle impuso condiciones para su reelección, un grupo de 27 ciudadanos nicaragüenses emitieron un visionario manifiesto que entre otros párrafos decía: ¨Nadie sin embargo debe llamarse a engaño. En la coyuntura histórica que vivimos quienes creen que pueden mantener el sistema actual para seguir medrando a la sombra del poder y abusando de este en beneficio de sus personales intereses, están equivocados pues solo hacen más penosa la solución a la que habrá de llegarse inevitablemente…¨ Y agregaba: ¨…El gobierno se empecina en apartarnos a los nicaragüenses del camino electoral, al reservarse inescrupulosamente el manejo de todos los mecanismos que desde la inscripción hasta el escrutinio, conforme normas preparadas ad-hoc, le permitirán hacerlo desembocar adonde él quiera, o a cerrarlos a importantes y mayores sectores de ciudadanos que conforman la opinión del país. Este empecinamiento constituye una abierta provocación al pueblo que se verá obligado a buscar legítimamente otros procedimientos para encontrar sus propias soluciones, de lo cual, el mismo gobierno será directamente responsable…¨
Hoy, igual que ayer, Ortega, lo mismo que Somoza, será el responsable del fracaso de estas elecciones y las graves consecuencias que de él se deriven.
Derecho a participar o a denunciar elecciones
Estamos convencidos de que la única forma de incidir en la transformación de este sistema corrupto es participando en el proceso; sin embargo, dicha participación debe estar sujeta a una evaluación periódica, pública y sistemática, en las distintas fases, bajo la bandera del derecho a elegir y ser electo, como un ejercicio democrático que incluye, también, el derecho a denunciar y a no legitimar un proceso viciado y espurio. Las distintas fuerzas políticas y la ciudadanía en general deben estar preparadas para participar, pero también para no hacerlo y retirarse cuando las circunstancias así lo exijan. No podemos prestarnos a avalar resultados que falsifiquen la voluntad soberana y, en tales circunstancias, la ciudadanía debe estar presta a denunciar enérgicamente ante la nación y el mundo la falta de garantías previas o el fraude, si este fuese consumado.
Un modelo excluyente, corrupto y violento
Hemos asistido en los últimos diez años al deterioro acelerado de las instituciones democráticas y a una desenfrenada acumulación de poder, al ejercicio arbitrario de la autoridad y la violación sistemática de los derechos humanos, a la persecución y el boicot a los medios de prensa independientes, a la entrega de la soberanía nacional a través de una concesión otorgada por medio de la Ley 840 para la construcción de un Canal interoceánico lesivo a la soberanía, que amenaza los derechos de todos los nicaragüenses y, a lo inmediato, con el despojo de sus tierras a miles de campesinos.
Asimismo se ha impuesto un modelo económico que favorece solamente a unos pocos y el recurso a la violencia para aplacar las tensiones sociales que ese modelo genera, es cada vez más frecuente.
A pesar de las condiciones altamente favorables en que recibió el poder el grupo gobernante, de los altos precios de las exportaciones y la cuantiosa cooperación venezolana, después de diez años los problemas estructurales del país siguen pendientes de solución.
La deuda externa total que en el 2006 era de US$ 4.700, al cierre del año 2015 llega a los US$10.500 millones, constituyendo una pesada losa sobre el futuro económico del país.
Entre el 2007 y el 2015, los trabajadores de la economía informal pasaron del 65% al 80%, el subempleo creció del 33% al 50%, mientras los salarios reales sufrieron una desmejora significativa. En materia empresarial, una reciente encuesta elaborada por el COSEP muestra que el 70% de las empresas medianas y pequeñas reportan que sus ingresos se estancaron o disminuyeron en los últimos dos años, todo lo contrario de las empresas grandes: el 70% reportó que sus ingresos crecieron en ese mismo período, evidenciando la desigual distribución de los beneficios del crecimiento económico.
La crisis ambiental sin precedentes que sacude al país y el grave deterioro de las finanzas del INSS se suman a los resultados del modelo.
Pérdida de una oportunidad histórica
En materia de pobreza, el gobierno exhibió como un logro un estudio avalado por el Banco Mundial, donde se muestra una reducción porcentual de la misma, pero se ocultó a la población que esa reducción obedeció, de acuerdo al mismo estudio, a la disminución del número de personas por hogar –atribuible entre otras razones a las migraciones al exterior- y al aumento de las remesas familiares (más de US$ 8.500 millones en los últimos diez años de acuerdo a registros oficiales). Es decir, son los pobres, y no las políticas gubernamentales, los que están mitigando con su trabajo en el exterior los rigores del modelo económico impuesto por el grupo gobernante.
Todo lo anterior es a pesar de que se han recibido más de once mil millones de dólares en materia de cooperación internacional y más de ocho mil millones de dólares en concepto de remesas familiares.
En este marco cabe situar el flagelo de la corrupción. En los últimos informes anuales publicados por Transparencia Internacional, Nicaragua aparece encabezando los índices de percepción de corrupción en Centroamérica. Asimismo, estudios locales realizados por el centro de investigación FUNIDES indican que el 86% de los empresarios consideran que el principal obstáculo en el ambiente de negocios es la corrupción en el Estado.
Otro déficit estructural es en educación. La niñez y la juventud nicaragüenses solo pueden tener una oportunidad de salir de la pobreza y del atraso si se concede prioridad especial a la educación, ampliando su cobertura, dotándola de mayores recursos y mejorando su calidad, en todos los niveles.
Los fraudes electorales, el autoritarismo, la total falta de transparencia, la corrupción y el irrespeto a las leyes han echado a perder una oportunidad histórica para acabar con la pobreza, reconstruir el país y colocarlo sólidamente en la senda del desarrollo sostenible. El clientelismo inmediatista ha prevalecido sobre las políticas sostenibles y de largo plazo.
Necesidad de cambio profundo y verdadero
En las presentes circunstancias, de un contexto político internacional complejo y una economía mundial en crisis, y de un país con múltiples y graves vulnerabilidades, diferentes sectores han elevado su voz exigiendo la reflexión y el diálogo, para corregir el rumbo y evitar un nuevo ciclo de violencia. En mayo de 2014, la Conferencia Episcopal presentó al grupo gobernante el documento ¨En búsqueda de nuevos horizontes para una Nicaragua mejor¨, en el que propuso un ¨Gran Diálogo Nacional¨ así como dar inicio a ¨una profunda reforma política de todo el sistema electoral¨, propuestas que siguen esperando respuesta.
La actual situación económica y social, sumada a la amenaza del cierre de la vía cívica y democrática, obliga a un cambio verdadero y profundo, que pasa necesariamente por la restauración de las instituciones republicanas y el estado de derecho, la transparencia en la gestión de los recursos públicos, la adopción de políticas y programas que propicien condiciones de prosperidad a las micros, pequeñas y medianas empresas, la generación de empleo y mejores inversiones para educación y salud.
Para que este objetivo sea alcanzable es necesario poner fin a la dispersión y el personalismo que debilita a las fuerzas políticas opuestas al régimen. Por eso es fundamental exigir a los partidos y liderazgos políticos un compromiso alrededor de principios, objetivos y propósitos y sobre un programa que represente una sólida alternativa democrática al actual sistema clientelar, excluyente, corrupto y autoritario. Y exigirles, asimismo, la escogencia adecuada, bajo firmes criterios éticos y democráticos, de las personas encargadas de hacer realidad esa alternativa.
La responsabilidad de cada quién
Para asegurar una convivencia pacífica y democrática duradera:
En primer lugar, el grupo gobernante debe asumir la responsabilidad de garantizar elecciones libres, transparentes y con observación nacional e internacional.
En segundo lugar, la comunidad internacional debe honrar su compromiso con la democracia y la paz en Nicaragua asumiendo un papel más activo. La ONU, la OEA, la Unión Europea, la CELAC y el Centro Carter deben emprender las gestiones necesarias para contribuir al ejercicio del derecho del pueblo nicaragüense a elegir libremente sus autoridades.
Estamos conscientes de que nos corresponde a los nicaragüenses asumir la principal cuota de responsabilidad sobre nuestro presente y nuestro porvenir. El cambio que deseamos y necesitamos exige superar la indiferencia y la apatía, y asumir la defensa activa de nuestros derechos. No permitamos que una minoría secuestre a la nación, conduciéndonos por el despeñadero. Partidos y líderes políticos, organizaciones gremiales y de la sociedad civil, ciudadanas y ciudadanos: Asumamos nuestra responsabilidad y demos nuestro aporte para que Nicaragua recobre su dignidad y pueda ofrecer a todos sus hijos un lugar donde vivir con justicia, trabajo y libertad.
Grupo de los 27
2016
Ernesto Cardenal Adolfo Bonilla Fabio Gadea Mantilla
Gioconda Belli Enrique Zelaya (Doctor Henry)
María José Zamora Solórzano Carlos Tunnermann Bernheim
Violeta Granera Padilla Edmundo Jarquín
Sofía Montenegro Gabriel Álvarez Arguello
Sergio Boffelli Cirilo Antonio Otero
Julio Icaza Gallard Edipcia Dubón
Monique Ninette Blanco Sarria Frank Lanzas
Róger Arteaga Enrique Sáenz
José Luis Velásquez Pereira Azahalea Solís
Ana Margarita Abaunza Sedda Carlos Langrand Hernández
Moisés Julián Castillo Soza Vidaluz Meneses
José Antonio Peraza Collado Octavio Ortega
Debe tenerse a mano las acciones a tomar si el régimen hace caso omiso de las soluciones aquí planteadas. Las mismas deben hacerse del conocimiento de la población, obtener su consenso y a tuar con inteligencia, decisión y firmeza.