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Ocho preguntas a Daniel Ortega

interrogantes

Son tantas y tan diversas las violaciones a la Constitución que comete el régimen, que la conclusión lógica es que estas violaciones no obedecen únicamente al propósito de evadir la ley, sino que encierran un objetivo más perverso: demostrar a la ciudadanía que pueden hacer lo que se les antoje con total impunidad. Y así, fijar en la mente de la población la convicción de que nada se puede hacer ante al poder del orteguismo.

 Ortega tiene la obligación constitucional de presentar anualmente a la Asamblea Nacional el informe de su gestión. En los países que gozan de un estado de derecho el informe presidencial es uno de los actos políticos más relevantes. Muestra la visión del gobierno sobre las realizaciones y desafíos del país, y da oportunidad a que otras fuerzas políticas, económicas o sociales se pronuncien sobre el estado de la nación.

 Ortega llegó a rendir su informe el primer año de su gobierno. Después no volvió a llegar, aunque lo enviaba por escrito. Ahora ni siquiera por escrito. Peor aún, otros órganos y funcionarios del estado que tienen obligación legal de rendir informe anual, tampoco lo han hecho. Ni el fiscal, ni el presidente del INE, ni la Superintendencia de Bancos, para citar algunos.

 Obviamente, aquí tiene una gran responsabilidad la Directiva de la Asamblea Nacional. O están siendo ninguneados, o resolvieron hacer caso omiso de las obligaciones constitucionales indicadas.

 Hay quienes preguntan si tiene sentido insistir en que se cumplan las leyes. Opino que sí tiene sentido exigir el cumplimiento de la ley, aunque por hoy se rían de esa exigencia. Primero, porque el propósito del orteguismo es doblegar nuestra voluntad y aceptar el camino de la resignación. Y el peor camino que podemos seguir es darnos por vencidos. Segundo, porque debemos insistir en la pedagogía de que sólo el cumplimiento de la ley y la constitución garantizan la paz, la justicia y el bienestar. Y esa es una actitud mental que, por salud del futuro, debemos cultivar.

 Por supuesto, si llegado el momento las circunstancias determinan que se agotó el marco legal e institucional, pues…ya veremos.

 Dado que aparentemente todavía están en proceso de preparar el informe, sería bueno que Ortega respondiera las siguientes preguntas:

  1. ¿Por qué a esta fecha no hay un plan de combate a la roya del café, tratándose del principal rubro de exportación y primer generador de empleo en el campo?
  2. ¿Por qué debemos pagar el combustible más caro de Centroamérica, cuando cada barril de petróleo se paga a Venezuela a mitad de precio, mientras empresas bajo su dominio controlan la importación, almacenamiento y distribución de los combustibles?
  3. ¿Por qué resolvió quebrar a los pequeños productores de frijoles, lanzándolos a la miseria al cerrar las fronteras a sus exportaciones?
  4. ¿Por qué sigue aplicando una política salarial que empobrece a los trabajadores, quienes durante su gobierno han perdido el 14% de su poder adquisitivo, mientras los técnicos y profesionales han visto reducidos en un 15% sus salarios reales en los últimos tres años?
  5. ¿Por qué no ha movido un dedo durante estos años para proteger la reserva de Bosawás?
  6. ¿Por qué si su gobierno presume de haber modificado la matriz energética, el costo de los kilowats de energía eléctrica que pagan los consumidores ha aumentado, durante su gobierno, casi en 50%, sin que los precios del petróleo se hayan incrementado en esa proporción?
  7. ¿Por qué no ha incluido en el presupuesto el pago de la deuda del estado con el INSS?
  8. ¿En qué gaceta publicó, y con qué fundamentos, el decreto de suspensión de derechos y garantías constitucionales de los nicaragüenses?

 Seguramente muchos nicaragüenses quieren saber las respuestas a estas preguntas.

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