¿Por qué el BCIE revocó el crédito a la policía?

 

En un comentario anterior mencionamos que, a pesar del Coronavirus, hay procesos que siguen su curso. Esta vez iniciamos la semana con la noticia de que el BCIE canceló el polémico crédito que había otorgado al gobierno de Ortega para fortalecer las capacidades de la policía.

Coloquemos en contexto esa decisión. Por un lado, recordemos que el Banco Centroamericano de Integración Económica es una institución financiera que pertenece a los Estados que participan en calidad de socios. Se creó a inicios de la década del 60, como parte del proceso de integración económica centroamericana. Los socios fundadores y dueños iniciales del banco fueron Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

A lo largo de los más de cincuenta años de existencia, el banco transitó por altibajos, a causa de las crisis económicas y políticas que abatieron la región. Así, tanto por razones políticas como por razones económicas, los países fundadores resolvieron abrirse a la incorporación de nuevos socios. De esta manera se sumaron México, Panamá, España, Colombia, Taiwán, Argentina, Cuba, Belice y República Dominicana, que son ahora también socios del banco. Quienes toman las decisiones operativas son representantes de estos gobiernos en el seno de un órgano que se conoce como Directorio.

El segundo elemento del contexto son las sanciones que anunció el gobierno norteamericano al órgano represivo del régimen de Ortega.

En cuanto al crédito, denominado “Ampliación de la Cobertura Rural de la Policía Nacional para fortalecer la Seguridad Ciudadana”, ascendía a una suma superior a 16 millones de dólares. Quedaban más de 7 millones de dólares pendientes de ejecutar. Esos fondos ya no se desembolsarán.

Obviamente, este es el primer impacto serio de las sanciones recientemente aprobadas por el gobierno norteamericano en contra de la policía de Ortega, por señalamientos de cometer delitos en contra de la población nicaragüense, entre otros, secuestros, torturas y ejecuciones extrajudiciales.

¿Qué razones habrán motivado la decisión? Hay varias. La primera razón es que, de persistir el BCIE financiando a una entidad expresamente sancionada por el gobierno norteamericano,  se colocaba en la órbita de esas sanciones y arriesgaba a los gobiernos que se benefician de sus créditos. Una segunda razón es que las entidades internacionales calificadoras de riesgo pueden castigar la capacidad crediticia del banco. La consecuencia sería encarecer o entorpecer la obtención de recursos en los mercados internacionales de capital.

Prefirieron entonces curarse en salud.

Hay dos elementos que llaman la atención en este episodio. Primero, que se diera a conocer públicamente. Por lo general las relaciones entre las instituciones multilaterales y sus Estados socios se manejan con sigilo. Es evidente que las autoridades del Banco quisieron dar a conocer la decisión a la opinión pública. Un anuncio que seguramente el régimen intentó evitar pues al golpe económico se añade el golpe político.

Porque, estemos claros, además del golpe económico al presupuesto de la policía, el golpe político es considerable.

Lo segundo, es la virtual confesión pública del motivo de la cancelación del convenio. La declaración oficial del BCIE indica que la ejecución de los fondos del proyecto se realizó, , hasta el momento de la decisión, cumpliendo todas las normas, procedimientos y mecanismos contractuales. Entonces, si se cumplieron las normas, significa que las razones para cancelar el convenio fueron externas. Solo faltó agregar que las razones son las sanciones norteamericanas.

Sin embargo, quedan por conocer algunas informaciones. Al escarbar en las bases de datos del BCIE nos encontramos que una parte del crédito estaba destinada a la construcción de estaciones policiales. Y en el último reporte de supervisión se constata que algunas obras estaban semiparalizadas, particularmente las obras en Bluefields; según el reporte porque el contratista se había quedado sin recursos para continuar la obra. ¿Cuál es el nombre y quiénes son los dueños de la empresa constructora que ganó la licitación? ¿Cómo es eso de que se quedó sin recursos para continuar con la obra? Este hecho recuerda otro, con el Ministerio de Educación: se adjudicó la construcción y reparación de unas escuelas a una empresa “hechiza”, propiedad de allegados al régimen, incluyendo un diputado orteguista. Al final, dejaron las obras a medio hacer y nunca se conocieron las consecuencias que el incumplimiento tuvo para los flamantes constructores.

Queda pendiente pues saber el nombre de las empresas que ejecutaron los primeros 9 millones de dólares del crédito. Por supuesto, también el nombre de sus socios.

Finalmente, habrá que ver si los amigos de Ortega en el BCIE compensan por otra vía este recorte de recursos. O si esta decisión representa el inicio del cierre de esta fundamental fuente de recursos del régimen. Pero ya eso sería otra historia.

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