¡El culpable es Ortega!

 

Todo análisis del desempeño económico del país debe partir de dos premisas fundamentales:

Uno. Es falso, de toda falsedad, que el crecimiento económico pregonado por los voceros y paniaguados del régimen generó impactos beneficiosos para la mayoría de la población. Las mismas cifras oficiales comprueban que, en comparación con el año 2006, con Ortega en el poder aumentaron los subempleados y los trabajadores de la economía informal. Hicieron charanga con los fondos del INSS hasta llevarlo a una grave crisis financiera. A pesar de la propaganda oficial, la pobreza aumentó entre el 2013 y el 2017, colocándose por encima del 40%, antes del estallido de la crisis (FIDEG). Todavía más: la pobreza se contuvo en esos niveles gracias a las remesas de los nicaragüenses en el exterior, y no por las políticas sociales y programas clientelares del régimen.

Dos. Ortega y su camarilla son los únicos responsables del deterioro económico y social que afecta a empresas y familias. Repetir que la causa es la crisis sociopolítica es hacerle un favor al régimen. Ortega es responsable por una doble vía: es la fuente de la desconfianza e inseguridad; y es quien impone las medidas económicas que repercuten perversamente en familias y empresas.

Examinemos entonces las principales medidas impuestas por el régimen y su impacto.

Comencemos con las reformas a la seguridad social. Ortega aumentó el porcentaje de las cotizaciones de los trabajadores. Esto significa que en términos prácticos impuso una reducción a los salarios de los afiliados. Pero, además, cercenó, desde ahora, las pensiones futuras de los actuales cotizantes. Esto es, recetó una garantía de pobreza para los cotizantes actuales.

Por otro lado, Ortega aumentó el porcentaje del aporte de los empleadores. Es decir, elevó los costos laborales de las empresas. En términos prácticos decretó menos inversiones, menos contrataciones, más desempleo, desmejora de las condiciones laborales y mayor economía informal.

En resumen, Ortega descargó sobre las espaldas de trabajadores y empresarios las consecuencias de la crisis financiera del INSS, provocada por el despilfarro, la incompetencia y la corrupción.

Pasemos a la reforma fiscal. Ortega impuso mayores impuestos. En la práctica arrebató dinero líquido a empresarios de todo tamaño, a profesionales y trabajadores.

Castigó a las familias porque mayores impuestos significa aumento de precios. Se fueron en el saco jabón, papel higiénico, electricidad, desodorantes, servicios profesionales, pasta dental, para mencionar algunos.
Castigó a empresarios al cercenar su capacidad de invertir, reponer inventarios y cancelar sus deudas.
Castigó a trabajadores y desempleados porque al restar liquidez a las empresas les obligó a reducir costos, incluso planilla, y socavó la capacidad de crear nuevos empleos.

Pero Ortega impuso también otras medidas:

• Arrebató a los trabajadores del Estado el ajuste salarial del 5%, que establecía la ley para compensar la devaluación del córdoba. Cancelar este derecho significa en la práctica sacar dinero de los bolsillos a los asalariados del Estado y reducirles el salario real.
• Recortó las transferencias presupuestarias a los municipios. Por ley, el 10% del presupuesto debe ser ejecutado por las alcaldías. Ortega, por sí y ante sí redujo las transferencias del 10% al 4%. Aunque en este caso debemos decir que también castigó a la clientela política orteguista que ha medrado chupando el presupuesto de las alcaldías. Pero bueno, aquí pagaron moros y cristianos.
• Ortega congeló por dos años el salario mínimo. Si consideramos que el salario mínimo repercute en los salarios generales y que la inflación superó el 6% en el 2019, en la práctica recetó una reducción general de salarios. Y esto que en Nicaragua se pagan los salarios mínimos más bajos de América Central.
• En un acto decididamente criminal despojó a los pensionados del INSS del ajuste del 5% de sus escuálidas pensiones. Se trataba de un derecho adquirido que Ortega no tuvo empacho en amputar.
• En contraste, asignó mayores recursos presupuestarios a sus fuerzas represivas.

En este contexto corresponde referirnos al sistema bancario. La desconfianza en Ortega condujo a que aproximadamente la tercera parte de los depósitos bancarios fueran retirados por los cuentahabientes. Para evitar un desplome financiero y preservar su estabilidad los bancos redujeron los créditos. El cierre de los créditos impacta en menos capital de trabajo y de inversión para las empresas; menos créditos hipotecarios y personales; menos créditos agropecuarios. Se origina aquí otra espiral que se traduce en menos actividad económica y menos generación de empleo e ingresos. Pero también una mayor proporción de deudores morosos. Según el último informe del FMI casi el 20% de los deudores bancarios enfrenta dificultades para honrar sus pagos.

Por si algo faltaba, Ortega, en su carácter de gran empresario controla dos lucrativos negocios: la electricidad y los combustibles. Tampoco tuvo empacho en esquilmar millones de dólares a empresarios y consumidores con el aumento de las tarifas eléctricas y los sobre precios a los combustibles. Para que tengamos una idea: en el 2018 el capital de Ortega amparado en el BANCORP aumentó en 230 millones de dólares, mientras la inmensa mayoría de los nicaragüenses “pasaba el Niágara en taburete”. No sabemos de cuánto fueron sus ganancias en el 2019.

Ortega sangra al pueblo con la represión. Y lo sangra exprimiendo sus bolsillos.

Es nuestra obligación explicar a los nicaragüenses estas realidades y machacarlas y machacarlas todos los días y a toda hora para neutralizar la campaña de patrañas del régimen.

 

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