Manos a la obra

 

Para este mes de junio están marcadas las fechas de un conjunto de eventos que necesariamente repercutirán en la situación política del país. Hagamos un repaso para estar prevenidos y, sobre todo, para no cruzarnos de brazos.

La primera fecha es el 20 junio. Se relaciona con la NICA ACT. Ese día vence el plazo para que se presenten al Congreso norteamericano dos importantes informes. El más relevante corresponde al Secretario de Estado. Mike Pompeo debe certificar si el gobierno de Ortega está adoptando pasos efectivos en las siguientes direcciones:
Uno. Mejorar el estado de derecho, el imperio de la ley y la gobernabilidad democrática, incluyendo la independencia de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral.
Dos. Combate a la corrupción, incluyendo la investigación y enjuiciamiento de casos de corrupción pública.
Tres. Protección de los derechos políticos y civiles, incluyendo la libertad de prensa, opinión y asociación para todos los ciudadanos de Nicaragua.
Cuatro. Investigar y hacer responsables a los oficiales del Gobierno por las muertes asociadas a las protestas que comenzaron en abril del 2018.
Cinco. Preparación de elecciones libres supervisadas por organismos de observación electoral nacionales e internacionales de prestigio.

Aunque, como decimos en Nicaragua, lo que está a la vista no necesita de anteojos, debemos estar atentos a la posición que adoptará el Departamento de Estado.

El otro informe relevante también debe presentarlo el Departamento de Estado, en coordinación con el Secretario del Tesoro y el Director de Inteligencia Nacional. En este caso, el reporte debe referirse a los siguientes temas:
Uno. Involucramiento de oficiales superiores del gobierno de Nicaragua, incluyendo el Consejo Supremo Electoral, la Asamblea Nacional y el sistema judicial, en violaciones a los derechos humanos, actos significativos de corrupción y lavado de dinero.
Dos. Personas que transfieran o faciliten la transferencia de bienes o de tecnología para usarse por el gobierno de Nicaragua para cometer serias violaciones a los derechos humanos contra el pueblo nicaragüense.

En otras palabras, estamos hablando de la lista de los secuaces del régimen. El contenido de este informe no necesariamente será público.

A partir de la presentación de estos documentos, el gobierno norteamericano deberá adoptar definiciones más contundentes. O alivia a Ortega de la presión. O impone sanciones más graves. Ya veremos.

Otra fecha es el 26 de junio. Ese día se inicia, en Colombia, la Asamblea General de la OEA. Recientemente, el Consejo Permanente de esa organización adoptó una resolución que contiene varias demandas al gobierno de Ortega. Entre otras, la liberación definitiva de los prisioneros políticos. El retorno, con garantías, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El restablecimiento de los derechos y libertades ciudadanas, comenzando por la libertad de prensa y el derecho a manifestación. En la misma resolución se consignó que en la Asamblea General se retomará el examen de la situación de Nicaragua.

Lo que está planteado en el marco de la OEA es la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática. De aplicarse, la consecuencia sería la separación del gobierno de Ortega de esa organización. Prácticamente están cumplidos todos los procedimientos establecidos. Pero faltan tres votos. Habrá que estar atentos a ver qué ocurre de aquí a esas fechas.

Adicionalmente, hay que mencionar la atención que dedica el Parlamento Europeo y la petición para que se apliquen sanciones individuales.

Finalmente está el 18 de junio. La Alianza Cívica expresó que no retornará a la Mesa de Negociación si el gobierno no libera a los prisioneros políticos antes de esa fecha. Por su parte, el régimen, en el denominado plan para la estabilidad y la paz se comprometió a: la liberación definitiva a más tardar el 18 de Junio de 2019 de los excarcelados que se encuentran en sus casas en convivencia familiar o en arresto domiciliar. De los que todavía se encuentren encarcelados. Y de los que tienen proceso abierto en ausencia, cuya causa está en trámite.

Ya sabemos que al régimen no hay que creerle ni el bendito, pero lo anotamos para dejar constancia.

En este contexto es obvio que el régimen redoblará sus maniobras, maquinaciones y embustes.

Dicho lo anterior corresponde preguntarnos si vamos a esperar de brazos cruzados la llegada de esas fechas.

De ninguna manera. Comencemos por los nicaragüenses residentes en Estados Unidos. Les toca redoblar esfuerzos para incidir en congresistas y autoridades ejecutivas, y para informar a los medios de comunicación, a fin de que mantengan su atención sobre Nicaragua y se tomen decisiones que favorezca la libertad y la justicia.

A los residentes o exiliados en los países del continente, nos toca presionar a organizaciones políticas, sociales y a los gobiernos para que adopten una posición firme en la próxima Asamblea General de la OEA.

A los residentes en países de la Unión Europea corresponde apremiar a parlamentarios, gobiernos y órganos comunitarios para que adopten sanciones individuales a jerarcas del régimen.

A nivel interno, las organizaciones opositoras deberían concertar una estrategia específica para este mes, tanto en materia de comunicación, como acciones a nivel internacional y a nivel interno, para seguir arrinconando al régimen. Estamos ante eventos claves y ningún patriota debería cruzarse de brazos. Manos a la obra.

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