Las dos caras diabólicas del régimen

 

La mafia que se aferra al poder, a sangre y fuego, muestra dos caras ante los nicaragüenses. Ambas caras son igualmente diabólicas. La cara enmascarada que siembra el terror en calles, poblados, barrios y ciudades. Y la cara desenmascarada que, en el marco del diálogo nacional, exhibe una asombrosa capacidad para la desvergüenza, la mentira y la manipulación.

En el diálogo, los representantes de la mafia utilizan de manera persistente dos puntas de lanza: El desmantelamiento de los tranques y el respeto a la Constitución. En ambos casos se trata de trampas mañosas que los nicaragüenses debemos tener muy claras.

¿Por qué insisten tanto en que se desmantelen las barricadas?

En primer lugar, porque es el mecanismo que la población ha encontrado para resguardarse de las embestidas de las hordas diabólicas del régimen. Las barricadas estorban la estrategia de terror que pretenden imponer.

En segundo lugar, porque es un método de protesta y de presión permanente. Las grandes movilizaciones, los paros y otros métodos de protesta tienen su impacto, pero no son permanentes, como las barricadas.

Quieren desmantelar el principal instrumento de resguardo de la población y el principal método de protesta. Precisamente quienes matan, incendian, encarcelan, persiguen y torturan pretenden presentarse como estandartes de respeto a los derechos humanos.

Desmantelar las barricadas significa que una población ya de por sí desarmada, quede totalmente indefensa ante las embestidas de las hordas criminales del régimen y, como agregado, mostrar ante la comunidad internacional que la normalidad ha retornado y, por consiguiente, que la crisis se ha superado.

La otra argucia que utilizan los representantes de la banda terrorista, es el respeto a la Constitución. Esta es más insidiosa porque distintos sectores han caído en la trampa de la constitucionalidad. Porque es una trampa.

Se puede entender que la Conferencia Episcopal, en su función mediadora, no cuestione abiertamente el mañoso argumento del respeto a la Constitución. Pero solo en ellos puede comprenderse. En nadie más.

De entrada, no podemos admitir el argumento del respeto a la Constitución, a quienes de manera flagrante la violentan todos los días. Basta señalar algunos ejemplos:

La Constitución establece que no pueden existir más cuerpos armados que el ejército y la policía, y el pueblo nicaragüense es testigo de cómo cuerpos paramilitares, con el respaldo de la misma policía, impunemente se desplazan por el territorio nacional portando armas de guerra y sembrando luto y dolor en las familias nicaragüenses.

Los grupos paramilitares organizados y dirigidos por la mafia en el poder son una violación flagrante a la Constitución que nos piden respetar.

En segundo lugar, la Constitución establece que los derechos ciudadanos solamente pueden suspenderse por un decreto presidencial, aprobado por la Asamblea Nacional. Sin embargo, el régimen suspendió, de hecho, las garantías constitucionales de los nicaragüenses. Aún más, la Constitución consigna un conjunto de derechos que en ningún caso pueden suspenderse, comenzando por el derecho a la vida. Y la mafia asesina nicaragüenses todos los días.

Al violentar cotidianamente los derechos ciudadanos de los nicaragüenses, la mafia en el poder ha demolido el principal fundamento de la Constitución que nos piden respetar.

Completemos con un tercer ejemplo. En las comisiones de trabajo que se formaron en el marco del diálogo, la mafia designó como representantes del gobierno al vicepresidente del Consejo Supremo Electoral y a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Una violación manifiesta del principio constitucional de separación e independencia de poderes, y una confesión pública de que son simples apéndices de la dictadura.

Al designar como representantes del gobierno a magistrados electorales y judiciales violan la constitución que nos piden respetar.

 En otro orden, ahora está claro para todos que Ortega y sus compinches en los poderes del estado, ocupan esos cargos como resultado de fraudes electorales y violaciones vulgares a la Constitución. Como dicen los expertos, carecen de legitimidad de origen.

Pero también carecen de legitimidad de ejercicio, pues son responsables de delitos de lesa humanidad. Basta leer el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el informe de Amnistía Internacional. Estamos ante un Estado delincuente.

Finalmente, frente la bestialidad de la banda terrorista aferrada al poder ¿Qué valor moral, político o jurídico tiene una Constitución que se elaboró al gusto y antojo de Ortega a partir del fraude?

Una cosa es una salida pacífica y ordenada, y otra admitir a los delincuentes legitimidad para argumentar el respeto a la constitución.

En cualquier caso, si queremos una salida constitucional, allí está el camino. Que Ortega renuncie. Que la Asamblea reforme los artículos pertinentes de la ley orgánica y de la Constitución, y designe una junta provisional de gobierno. Y que se convoque a una asamblea nacional constituyente que establezca las bases del nuevo estado y las nuevas formas de convivencia pacífica y democrática de los nicaragüenses.

El pueblo exige que Ortega y sus compinches se vayan. Con Constitución o sin Constitución.

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