El régimen criminal cometió delitos de lesa humanidad

 

La misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, presentó su informe preliminar. Es un informe que debemos leer todos los nicaragüenses comprometidos con la democracia. El informe reporta 76 personas muertas, 868 heridos, 438 detenidas y un número indeterminado de desaparecidos. Pareciera un reporte de guerra. Solo que aquí no había guerra sino de la embestida criminal de la policía y de las turbas diabólicas del régimen en contra de estudiantes, de jóvenes y población desarmada.

Además de los asesinatos, heridos y desaparecidos, el informe señala textualmente “detenciones ilegales y arbitrarias; prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, censura y ataques contra la prensa y otras formas de amedrentamiento como amenazas, hostigamientos y persecución dirigidas a disolver las protestas y a inhibir la participación ciudadana”.

Con toda claridad la CIDH indica que la represión estuvo a cargo de la policía nacional, sus fuerzas antimotines y grupos parapoliciales, esto es, las turbas diabólicas de Ortega. Pero, además de las acciones criminales ejecutadas por las fuerzas represivas, el informe cita la actitud perversa de los hospitales Cruz Azul, Roberto Calderón, Lenin Fonseca, Óscar Danilo Rosales y Alemán-Nicaragüense, que se negaron a recibir y atender a los heridos.

En definitiva, la CIDH retrata de cuerpo entero a un régimen criminal. Los nicaragüenses ya lo sabíamos. Ahora la comunidad internacional también sabe, por una voz autorizada, especializada e imparcial, que en Nicaragua una mafia criminal se encuentra a la cabeza del Estado.

Ante las conclusiones de este informe la pregunta que se impone es ¿Estamos obligados los nicaragüenses a someternos a los designios de una camarilla criminal?

La verdad es que después de leer el informe de la CIDH resulta asqueroso escuchar en el diálogo nacional, las intervenciones de los representantes del régimen criminal, quienes, con el mayor descaro se llenan la boca hablando de respeto a la Constitución y a las leyes.

¿Cuál Constitución? ¿Hablan acaso de una ley suprema, producto del consenso social, aprobada por representantes acreditados por el sufragio popular en elecciones libres y transparentes?

¡Qué va a ser amigo!

Se refieren a la Constitución que, con una mayoría espuria, resultante del fraude electoral del 2011, elaboraron a la medida de los designios de Ortega.

Pero admitamos la Constitución y preguntémonos ¿Acaso ellos la respetan para exigirnos que la respetemos?

Hagamos un brevísimo repaso. El artículo 23 de la Constitución establece “El derecho a la vida es inviolable e inherente a la persona humana. En Nicaragua no hay pena de muerte”. Y la CIDH constató muerte de 76 nicaragüense a manos de las fuerzas represivas del régimen

¿Es, o no es, una violación flagrante a la constitución?

El artículo 33 de la misma ley fundamental señala “nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitraria, ni ser privado de su libertad, salvo por causas fijadas por la ley”. Y el informe habla de detenciones masivas y arbitrarias.

¿Es, o no es, una violación flagrante a la Constitución?

El artículo 36 dice “Nadie será sometido a torturas, procedimientos, penas ni a tratos crueles, inhumanos y degradantes. La violación a este derecho constituye delito y será penado por la ley”. Y la CIDH habla de torturas y tratos crueles e inhumanos.

¿Es, o no es, una violación flagrante a la Constitución?

Pero además constituyen delitos de lesa humanidad, según los define el código penal vigente. ¿Qué significa “lesa humanidad”? Que son delitos que lastiman y agravian a la humanidad entera.

El artículo 466 del código penal dice “Quien someta a otra persona a cualquier tipo de tortura física o psíquica con fines de investigación penal, como medio intimidatorio, castigo personal medida preventiva, pena o cualquier otro fin, será sancionado con pena de siete años de prisión”.

Y el 488 incluye también entre los delitos de lesa humanidad el siguiente “la autoridad, funcionario empleado público o agente de autoridad que detenga legal o ilegalmente a una persona y no dé razones sobre su paradero, será sancionado con pena de cuatro a ocho años de prisión”.

Hablan de respeto a la ley y Estado de Derecho ¿Acaso algún mando policial o algún para militar se encuentra sometido a proceso judicial por estos delitos?

¿Y quiénes son los responsables? A confesión de parte, relevo de pruebas. Al suscribir el acuerdo de “la tregua” y al asumir, ayer, el informe de la CIDH, los representantes de la mafia criminal confesaron públicamente su responsabilidad en los crímenes.

Y todavía tienen el descaro de hablar de respeto a la constitución y a las leyes.

En lugar de pasar horas y horas hablando de tranques que van, y tranques que vienen, lo que corresponde debatir en el diálogo, señoras y señores, es cómo van a ser juzgados los delincuentes confesos. Lo que corresponde discutir es cómo la mafia criminal señalada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.es sometida a la justicia y a la ley. Obviamente, es algo que solamente puede lograrse a cabalidad sin Ortega en el poder.

 

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