¿Machos o cobardes?

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Hoy Viernes 25 de noviembre es Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Una fecha declarada así por una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Se trata de un flagelo que por desgracia todavía se encuentra arraigado en nuestra sociedad y que tiene su origen en la desigualdad que prevalece entre hombres y mujeres, una desigualdad que se produce y reproduce gracias a la persistencia de patrones culturales, prácticas e instituciones que colocan en desventaja a las mujeres frente a los hombres. Y no solo arraigado, sino también generalizado pues hay investigaciones que indican que en nuestro país millones de mujeres padecen o han padecido alguna forma de violencia.

La resolución de Naciones Unidas define violencia contra la mujer todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.

Por supuesto, el daño más repudiable es el asesinato de una mujer, pero también son repudiables las golpizas, violaciones y tratos infamantes. Pero esos son los casos que adquieren mayor visibilidad. Las mujeres se encuentran expuestas cotidianamente a formas de violencia menos notorios pero que, igual, provocan sufrimiento. Un sufrimiento continuado.

Lamentablemente, el primer espacio donde se practica la violencia en contra de las mujeres es la familia, donde el marido o el padre es el principal agresor. Unas veces de manera física o sexual. En otras la violencia se expresa en el plano psicológico.

En este sentido hay que resaltar que es también una forma de violencia el abandono de los hijos sin cumplir la obligación elemental de mantenerlos dejándole la carga únicamente a las mujeres.

Además de los casos públicos, que llegan a los medios de comunicación, en buena parte de los casos la violencia se queda en casa, soterrada, porque las mujeres no denuncian, unas veces por temor y otras veces por sometimiento al poder del marido o del padre de familia.

Casi todos, como hombres, hemos disfrutado el cálido afecto de las abuelitas y el amor incondicional de nuestras madres. También hemos crecido con el cariño de hermanas y vivido la ternura de hijas. Si ya es difícil entender cómo puede provocarse un daño deliberado a otra persona, es mucho más difícil entender cómo puede agredirse a una mujer con quien se convive bajo el mismo techo.

Y estemos claros, la violencia en el seno familiar no es un asunto privado. Es un problema que nos concierne a todos no solo porque el derecho de las mujeres a la vida, la dignidad, la igualdad, la seguridad y la no discriminación son derechos humanos que todos estamos obligados a respetar, sino también porque en la familia se siembran y germinan las semillas de esta violencia.

El primer espacio pues donde corresponde combatir la violencia y sus causas es en la propia familia. No podemos rehuir el bulto y atribuir la responsabilidad a otros. Como madres y como padres tenemos la primera responsabilidad en combatir esos patrones de superioridad e inferioridad entre hombres y mujeres.

Pero también la violencia hacia las mujeres se despliega en la sociedad, en el trabajo, la escuela, las instituciones públicas o privadas, y en la calle, y atraviesa los distintos estratos de nuestra sociedad. Aunque se ensaña en los sectores más vulnerables, como niñas, migrantes y personas de menor nivel educativo.

Como sociedad tenemos una responsabilidad de primer orden en asumir su prevención y combate. Hay organizaciones sociales que cumplen una labor encomiable a pesar de las carencias y limitaciones. Sin embargo las universidades están en deuda, en particular las universidades que reciben recursos públicos. Por ejemplo, son pocos los estudios y estadísticas que existen en esta materia. Y el conocimiento a fondo del problema es esencial para diseñar y aplicar los tratamientos. Señores rectores y decanos: aquí tienen un desafío.

Naturalmente, al Estado que dispone de los recursos y medios corresponde una responsabilidad mayor en materia de prevención, investigación y castigo.

Más allá de los papeles en forma de ley y discursos presuntuosos sobre supuestos progresos en materia de igualdad de género, corresponde respaldar la exigencia de organizaciones de mujeres en cuanto al restablecimiento de las comisarías de la mujer, las cuales si bien no son la solución al menos cumplían un papel en materia de prevención, investigación y castigo a los agresores.

Obras son amores y no buenas razones reza una expresión popular. Frente a este flagelo social, todos estamos obligados a poner manos a la obra. Aportemos nuestra contribución en nuestras familias, en el trabajo, en las escuelas, universidades, barrios y calles para combatir la violencia hacia las mujeres. No podemos hablar ni de libertad ni de derechos si la mayoría de la población, que son las mujeres, están expuestas a la discriminación, la desigualdad y la violencia.

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