El corral de Ortega: la Carta Democrática

corral

Una de las noticias más relevantes de los últimos días es el anuncio de un acuerdo entre la Secretaría General de OEA y el gobierno de Ortega con el propósito de establecer, según dijeron, “un mecanismo de conversación e intercambio” sobre el informe preparado por la OEA en relación al proceso político nicaragüense. El informe del Secretario General parece ser el primer paso para que el tema Nicaragua llegue a la agenda del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos.

En especial hay que poner atención a una de las cláusulas aparentemente inocuas del acuerdo: “Las partes se comprometen a apoyar el fortalecimiento de las instituciones democráticas del país de acuerdo a los compromisos del Estado de Nicaragua con los instrumentos normativos del sistema interamericano y su ordenamiento jurídico interno”. Pero es la más relevante porque ¡Allí está el corralito!

¿Cuáles son esos instrumentos normativos del sistema interamericano? Basta citar tres: La Carta Democrática Interamericana, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Secretario General de la OEA tiene como mandato expreso la aplicación de esos instrumentos jurídicos y ahora que Ortega los aceptó como marco para su diálogo con la OEA difícilmente puede escapar de ese corralito sin pagar costos políticos, sobre todo porque la mayoría de los países del continente tienen aversión hacia Ortega.

Comencemos pues por repasar algunas disposiciones contenidas en la Carta Democrática que, repitamos una vez más, es un compromiso internacional que obliga al Estado de Nicaragua. Y en consecuencia obliga al gobierno de Ortega.

El artículo primero de este acuerdo internacional establece lo siguiente: “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas”. Hasta aquí el artículo primero.

Es preciso remarcar la frase que indica que es obligación de los gobiernos promover y defender la democracia. La pregunta obvia es, si Ortega ha cumplido con esta obligación de promover y defender la democracia. Si la pregunta es obvia, la respuesta también está a la vista de todos. Ortega ha actuado exactamente en sentido contrario: en lugar de defender la democracia, la aniquiló.

Pasemos ahora al artículo tercero. Este artículo dice: El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos. La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional”.

El artículo habla de democracia representativa. La democracia representativa se fundamenta en el ejercicio efectivo del voto. Se fundamenta en el derecho a elegir y ser electo. Debe respetarse el voto y debe respetarse a los electos. Ortega, sin embargo no ha respetado ni el voto, ni a los representantes electos, porque a su gusto y antojo ha despojado de sus cargos a diputados, concejales y alcaldes. Y con la farsa electoral que está montando peor.

Completemos nuestro repaso con el artículo cuatro, que dice lo siguiente: “Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.

Es importante retener los elementos esenciales de la democracia representativa:
Respeto a los Derechos humanos. Respeto al Estado de Derecho. Celebración de elecciones periódicas libres y justas como expresión de la soberanía del pueblo. Régimen plural de partidos. Separación e independencia de los poderes públicos.

El régimen los anuló todos.

La voluntad de Ortega se encuentra por encima de la Constitución y de las leyes. Es decir, abolió el estado de Derecho. Atropella los derechos humanos a su gusto y antojo. Transformó el ejercicio electoral en una farsa. Y anuló la independencia de los poderes del Estado colocando como titulares a marionetas que se limitan a acatar los órdenes del monarca.

En conclusión, Ortega ha violado de manera flagrante disposiciones fundamentales de la Carta Democrática.

Por consiguiente, el marco de las conversaciones de la Secretaría General de la OEA con el régimen orteguista se encuentra fijado en las disposiciones de la Carta Democrática. Ortega las profanó. El acatamiento de ese marco es lo que debemos exigir a ambos interlocutores. No podemos permitir que se salte el corralito sin quebrarse las extremidades. Al menos las extremidades.

Sin embargo, más allá de lo que normativamente corresponde a la OEA, a sus Estados Miembros y a su Secretaría General, debemos estar claros y por tal razón debemos reiterarlo. La principal responsabilidad en la lucha por rescatar nuestro derecho a la convivencia democrática y a edificar nuestro propio destino en paz y libertad, corresponde a los nicaragüenses. Es sobre nuestras conciencias y fuerzas que recae la principal responsabilidad. Es hora de asumirla. Mientras más nos tardemos, más doloroso y costoso será el camino.

Y el camino del cambio comienza por la abstención masiva en la farsa electoral y la exigencia de nuevas elecciones. Elecciones de verdad.

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