Movilización y conflicto social: balance 2015

 

protesta social 2La vitalidad de una sociedad se mide por su capacidad para ejercer y defender sus derechos, sean económicos, políticos, sociales, étnicos o culturales. Por tal razón, en el balance del 2015 debemos incluir el desempeño de la movilización y de la protesta social.

La principal característica a resaltar es que se rompió el inmovilismo que atenazó a buena parte de la población durante los últimos años. Sin ánimo de ser exhaustivos mencionaremos los episodios que consideramos más relevantes:

Las movilizaciones de Rancho Grande en defensa de la naturaleza y modo de vida, ante las pretensiones del gobierno y de la empresa minera B2Gold de iniciar la explotación de oro en ese municipio. Organizaciones de la sociedad civil, ambientalistas y población en general, bajo el liderazgo de la iglesia católica, con el obispo Rolando Álvarez a la cabeza, del párroco local, Pablo Espinoza, y el clero diocesano, lograron hacer retroceder al gobierno, que se vio obligado a declarar la inviabilidad del proyecto.

• En el mes de mayo se produjo una huelga en Bonanza. Los mineros planteaban un conjunto de demandas a la empresa explotadora de la mina. Se desencadenaron disturbios y la policía informó la muerte del ciudadano Joel Rivera Chavarría, a causa de un balazo policial. También se reportaron varios heridos y detenidos. En ese caso, la represión sofocó la protesta.

• A lo largo de casi todo el año acaecieron incidentes violentos en Waspam y en comunidades indígenas de la región Caribe Norte que desembocaron en muertes y lesionados. La causa esgrimida es el reclamo por los derechos indígenas sobre territorios comunales. En el fondo subyacen pobreza, exclusión y abandono. En el conflicto se entrecruzan enfrentamientos étnicos, intereses mafiosos, pugnas políticas y la acción represiva de las fuerzas de choque del régimen. La llama de estos conflictos sigue encendida.

• En julio se desencadenaron protestas en Rosita, encabezadas por transportistas. Las reivindicaciones eran todas de carácter social. Los dirigentes de las cooperativas de transporte que encabezaban la huelga fueron capturados y encerrados en el Chipote. Los pobladores protestaron y nueva ración de golpeados, heridos y detenidos. Hasta el jefe de la policía de Siuna agarró terminación pues lo destituyeron aparentemente porque en lugar de represión abierta optó por apaciguar los ánimos. Los dirigentes fueron condenados a siete años de prisión. Una penas mayor que la impuesta a los autores de la masacre de Las Jagüitas.

• En la Mina el Limón los reclamos vienen de larga data, principalmente con demandas sociales y laborales. El último conflicto se desató por el despido de dirigentes sindicales. Un policía falleció en uno de los incidentes de la protesta y varios dirigentes fueron detenidos. Los videos que circularon en redes y medios de comunicación muestran marchas de pobladores, con centenares de participantes, en respaldo a quienes el régimen calificó como ¨delincuentes¨.

Frente al conflicto la camarilla gobernante respondió con persecución, secuestros, enjuiciamiento ilegal y un cerco represivo que impidió por varios días el acceso al poblado, además se cortó el abastecimiento de agua y de víveres.

• Casi simultáneamente se produjeron disturbios en Chichigalpa. Los reclamantes son ex cañeros del Ingenio San Antonio que demandan al grupo Pellas y al gobierno  indemnización a causa de padecer insuficiencia renal crónica. Las protestas se desbordaron en daños a la propiedad. Según los reclamantes los desmanes fueron provocados por individuos que no formaban parte de la reivindicación.

También aquí el régimen respondió con persecución, secuestro y detenciones ilegales. A inicios del 2014 murió a causa de disparos policiales el reclamante Juan de Dios Cortés.

A fines del año, los detenidos fueron liberados por orden del monarca, quien, mediante esta manipulación pretendió convertir los atropellos a los derechos humanos en generosidad, y el rechazo popular en agradecimiento.

• En una acción solidaria sin precedentes, campesinos de Nueva Guinea trasladaron camiones con una carga de alimentos para ayudar a las familias afectadas por la sequía en municipios de Nueva Segovia. El régimen impidió la entrega utilizando la fuerza policial y con un argumento circense: solo el gobierno puede entregar donaciones. Hace pocos días, debido a la presión popular, se entregó finalmente parte de los alimentos.

Las protestas de los miércoles frente a las instalaciones del Consejo Supremo Electoral en demanda de elecciones libres y transparentes, si bien hasta ahora no alcanzan niveles masivos tienen una característica inusual en nuestro país: La persistencia a lo largo de meses. La respuesta del régimen adquirió distintas modalidades: presos y golpeados por antimotines, balazos y ataques a cargo de pistoleros y delincuentes contratados. En las protestas participan organizaciones políticas y organizaciones sociales.

  • A estas acciones colectivas corresponde agregar las movilizaciones llevadas a cabo por organizaciones de mujeres, aunque a diferencia de las anteriores en realidad es el movimiento social que ha mantenido sus posiciones y acciones frente al régimen de manera persistente.

• Sin embargo, la movilización emblemática del año se produjo el 27 de octubre, protagonizada por los campesinos amenazados en sus derechos de propiedad por la empresa beneficiaria de la concesión canalera otorgada por Ortega a Wang Jing. Si bien se produjeron otras movilizaciones con el mismo motivo, incluyendo una masiva en Juigalpa, la de mayor repercusión, por realizarse en Managua y por el desafío que representó para las fuerzas represivas del régimen, fue la realizada en octubre. Los campesinos demostraron firmeza, valentía y estoicismo. Y siguen con el puño en alto en defensa de sus derechos.

El bloque de poder hasta ahora ha respondido como un solo puño para golpear y aplastar estas expresiones de movilización social: gobierno, policía, cúpula empresarial, aparato judicial, medios de comunicación al servicio del régimen. El recetario es de golpes, encarcelamientos ilegales, balas y condenas. El discurso es también uniforme: los protestantes son calificados como delincuentes, vándalos y vagos.

La frecuencia de estas manifestaciones de malestar social representan síntomas de un mal mayor: el agotamiento del régimen social de acumulación impulsado por el orteguismo, asentado en la depredación de recursos naturales y el abaratamiento de la mano de obra. ¨Ventajas¨ competitivas del siglo XIX.

Los impactos perversos inherentes a este régimen social de acumulación eran mitigadas superficialmente por los programas asistenciales y clientelares que posibilitaban los ingresos provenientes de la cooperación petrolera venezolana. Con el desplome de los precios de las principales exportaciones, la ¨fuga¨ de la cooperación internacional tradicional y el desplome de ingresos petroleros, el modelo está sufriendo perforaciones debajo su línea de flotación. Esta es la fuente abierta de malestar social. Y de movilización social.

Dado que las perspectivas para el 2016 son de mayor deterioro económico y social es previsible que estas movilizaciones y expresiones de movilización y protesta se extiendan a otras zonas y sectores del país y multipliquen los desafíos a la capacidad represiva del régimen.

Por el momento no me atrevo a pronunciarme sobre desenlaces, ni sobre las interrelaciones con el contexto electoral.

Los procesos sociales son impredecibles.

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