banca andorrapdvsa

Una noticia que ha ocupado espacios informativos nacionales e internacionales en días recientes es la denuncia en contra de la institución financiera llamada Banca Privada de Andorra, que es un banco europeo al cual se le acusa de realizar operaciones de lavado de capitales provenientes del crimen organizado. Andorra es un pequeño país situado entre Francia y España cuyos ingresos principales provienen de sus operaciones bancarias y sus tiendas libres de impuestos.

El blanqueo de capitales consiste en operaciones financieras mediante las cuales se intenta dar legalidad a fondos que se originan en operaciones ilícitas tales como evasión fiscal, sobornos, crimen organizado, narcotráfico, corrupción, entre otras. Es un delito de carácter internacional. Son miles de millones de dólares que flotan en el ciberespacio o se arrastran en las tuberías de bancos de distinto tamaño en búsqueda de transacciones que les permitan borrar su origen ilícito e ingresar en los mercados formales ya libres de pecado.

El impacto de la noticia en Nicaragua se ha centrado en el hecho de que una de las empresas investigadas es Petróleos de Venezuela, conocida como PDVSA, la empresa petrolera venezolana que es el origen de los flujos de petrodólares usurpados en su propio beneficio por la cúpula del régimen orteguista.

Los análisis hasta ahora se enfocan en las repercusiones que podría tener en Nicaragua la investigación emprendida a nivel internacional, principalmente por parte del departamento del Tesoro de Estados Unidos, en contra de PDVSA. Y efectivamente, si como resultado de este proceso de investigación se afecta la capacidad de la empresa venezolana para realizar operaciones financieras internacionales, es indudable que las repercusiones negativas para sus socios locales serían inmediatas. Recordemos que PETRONIC, la empresa nacional importadora de petróleo, es socia con PDVSA en la famosa ALBANISA.

albanisa andorraPero hay otra afectación que ha pasado desapercibida: el destape pone de relieve las dificultades que enfrenta el régimen para acceder a capitales dispuestos a invertir en los sub-proyectos asociados a la concesión del proyecto de canal interoceánico. Porque ante la cada vez más evidente evaporación de la quimera del canal, el régimen está ávido de obtener fuentes de financiación para ejecutar al menos algunos de esos “subproyectos” (zonas de libre comercio, puertos), a tal punto que hasta han inventado proyectos turísticos que no están en la ley de concesión. Obviamente, entre el abanico de opciones privilegiadas están capitales de matriz dudosa de origen venezolano, chino y ruso. Y resulta, precisamente, que el destape de las operaciones del Banco de Andorra se centra en capitales venezolanos, chinos y rusos.

Es evidente que los mecanismos internacionales de detección de movimientos de capitales dudosos dificultarán el trasiego de fondos hacia los sub-proyectos.

La ansiedad del régimen por atraer capitales externos se agrava ante la disminución de sus ingresos a causa de la caída de los precios del petróleo y las dudas que genera la precariedad económica y política de Venezuela y, por consiguiente, las dudas sobre la sostenibilidad de la cooperación concesional que hasta ahora ha alimentado al orteguismo.

Desde esta perspectiva tenemos que alertar y alertarnos sobre el proyecto de ley presentado por el gobierno a la Asamblea Nacional denominado Ley de Sociedades de Inversión. Ese proyecto de ley, bajo un lenguaje aparentemente inocente pretende establecer la plataforma institucional para el ingreso de grandes capitales.

Un reconocido experto en asuntos bancarios y financieros me comentaba que las sociedades de inversión se constituyen normalmente para democratizar el crédito y las inversiones, en cambio la iniciativa orteguista más bien pretende concentrar capitales al colocar como capital mínimo para constituir estas sociedades la suma de 30 millones de dólares. Para que tengamos una idea, el capital exigido para establecer un banco comercial en Nicaragua es de 11 millones de dólares, pero para estas sociedades es casi el triple. El proyecto también incluye una categoría de inversionista que denominado “inversionista sofisticado”, sin definir cuáles son las condiciones que deben cumplir tales inversionistas.

¿Quiénes serán los valientes que se atreverán a invertir semejantes sumas en operaciones financieras en Nicaragua? ¿Serán esos inversionistas sofisticados?

El proyecto de ley que seguramente será aprobado por la aplanadora orteguista establece que “Las sociedades de inversión son entidades especializadas en realizar operaciones financieras, para promover la creación o ampliación de empresas o financiamiento de proyectos para las diversas actividades productivas, comerciales y de infraestructura del país, en sectores tales como, energético, inmobiliario, infraestructura vial, desarrollo municipal; mediante la captación y canalización de recursos internos o externos de mediano y largo plazo. Los recursos obtenidos podrán ser invertidos, ya sea en forma directa, adquiriendo acciones o participaciones; o en forma indirecta, otorgando créditos para la reorganización, desarrollo, o fusión empresarial así como aquellos proyectos, que promuevan el desarrollo de las actividades y sectores antes señalados”.

En fin…piensa mal y acertarás aconseja el conocido refrán. Y en el presente caso debo reconocer que me someto a ese consejo popular. Mala tos le siento a ese proyecto de ley de sociedades de inversión…