médico dignidad

De ninguna manera puedo emitir una opinión fundamentada sobre la acusación judicial que se lleva en contra de tres doctoras a causa del fallecimiento de la paciente Karina Peña López, en el Hospital Salud Integral. Sobre el caso específico sólo puedo manifestar la aspiración de que se desarrolle un juicio justo tanto para los familiares de la occisa como para las acusadas, con pleno respeto de los derechos y garantías de ambas partes.

Sin menoscabar la obvia sensibilidad del caso, quiero sin embargo referirme expresamente al Pronunciamiento emitido por 17 asociaciones médicas. Es alentador ese Pronunciamiento por varias razones. En primer lugar porque es la primera vez en mucho tiempo que un gremio de profesionales deja pública constancia de su posición, con independencia y valentía. En segundo lugar porque, a diferencia de la lamentable costumbre que prevalece en nuestro país, de asumir nuestra verdad como la única, y convertirla en amiga inseparable de la estridencia, la superficialidad y la retórica, en este pronunciamiento se observa ponderación, sensatez y profundidad.

Permítanme destacar algunos aspectos del posicionamiento de los médicos.

Expresan “respaldo absoluto, solidaridad, oraciones y solicitud de justicia” para sus colegas acusadas penalmente. Hasta ahora ha cundido en nuestra sociedad la mentalidad de “sálvese quien pueda”. Por ello, este ejemplo de solidaridad que dan los médicos es digno de encomio.

Pero no se trata de una solidaridad sin argumentos. En el pronunciamiento se cuestiona la validez científica del dictamen del Instituto de Medicina Forense, en este sentido afirman que “carece de necropsia que soporte los criterios vertidos…dicho dictamen es presunto y especulativo, basado exclusivamente en documentos, lo cual resta todo fundamento de objetividad que debe aportar la medicina forense”.

Pero en el pronunciamiento no se limitan al momento presente sino que van más allá pues consideran que las normas de auditoría médica vigentes “vulneran nuestra dignidad, perjudican nuestro trabajo y lesionan la integridad profesional del médico involucrado” exigen en consecuencia al Ministerio de Salud “que las normas de auditoría médica se actualicen y adapten a la realidad en que vivimos, y que se restituya a los médicos el legítimo derecho a la defensa”. Por ello, “exigen a las autoridades pertinentes una revisión de los procesos judiciales para asegurar un trato justo a los profesionales de la salud eventualmente denunciados, con el fin de que puedan realizar su defensa apegada al derecho, al tiempo que los jueces puedan contar con todos los elementos de juicio basados en evidencia científica, con protocolos actualizados y pruebas físicas que sustenten adecuadamente los dictámenes forenses”.

Por otra parte, demandan que se resuelva a la mayor brevedad “la situación de la ley creadora del Colegio de Médicos y Cirujanos de Nicaragua”, la cual –esto lo agrego yo- se encuentra engavetada en la Asamblea Nacional por la voluntad de la corrupta dirigencia enquistada en los sindicatos orteguistas de la salud.

Me llama poderosamente la atención que, a pesar de tratarse de una toma de posición sobre un caso concreto, las asociaciones suscriptoras del pronunciamiento evaden la miopía de ceñirse a sus intereses particulares y asumen como meta alcanzar “un sistema de salud que otorgue garantías a pacientes y médicos, dentro del proceso salud/enfermedad con el que se enfrentan a diario los usuarios, trabajadores y profesionales de la salud”. Es categórica su afirmación: “Deben existir condiciones que promuevan el bienestar de usuarios y prestadores de servicios sin distingo de ningún tipo.”

Tampoco los médicos dejan de lado el entorno en que se desarrolla su trabajo ya que su punto de partida es reconocer “la difícil situación que atraviesa nuestro Sistema de Salud, el Sistema de Justicia, y otras instituciones…”.

(Por supuesto, por ser otro el propósito del presente artículo, no abordo aquí la atención que reciben los pacientes en las previsionales, ni sus causas; tampoco en el sistema público de salud).

Desde hace décadas, los profesionales, que son un componente esencial de la clase media, han estado sin voz, sin representación y sin gravitación. Ojalá y que esta campanada de los médicos despierte a otros gremios profesionales. Nunca será suficiente repetir “Derecho que no se defiende es derecho que se pierde”.

Obviamente, no basta con repetir la frase. Es perentorio actuar en consecuencia.