monopolios

En la historia económica de Nicaragua, aún desde el período colonial, uno de los rubros económicos tradicionales ha sido la ganadería. Más aún, buena parte de la estructura socioeconómica del país y su matriz cultural y política, reposó en la hacienda señorial, agropastoril. Varios siglos después, la ganadería sigue como una de las principales actividades económicas del país.

En el 2012, por ejemplo, se exportaron 451 millones de dólares en carne, 18 millones en ganado en pie y 171 millones en productos lácteos. Es decir, que si sumamos los tres rubros, llegamos a la cantidad de 640 millones de dólares. Sin duda, una cifra significativa.

Es importante entonces retomar algunas características resaltantes de esta importante actividad económica. Veamos:

  • Tres mataderos concentran la casi totalidad de las exportaciones de carne. Estos mataderos se encuentran entre las diez principales empresas exportadoras del país. Nuevo Carnic y San Martin, por ejemplo, exportaron en el 2012 más de 130 millones de dólares cada una.
  • De acuerdo al último censo agropecuario se reportan  136.687 ganaderos. Pero el 4 por ciento de las explotaciones concentra el 31% de las tierras dedicadas a la ganadería. En total 4.136.422 manzanas se dedican a esta actividad.
  • En los últimos tres años, el peso de los novillos sacrificados ha sido 372 kg en 2010, 368 kg en 2011 y 360 kg en 2012. 12 kilos menos por cabeza en dos años.

Los ganaderos se han quejado de las plantas procesadoras principalmente de los precios que les pagan, tanto de la leche como del ganado. Es evidente que tratándose de una estructura de mercado oligopólica, los ganaderos son, como se dice en economía “tomadores de precio”, pues no disponen del poder de mercado para negociar condiciones equilibradas. Si quieren exportar deben aceptar las condiciones que les imponen los mataderos.

Las quejas incluyen, en el caso del ganado, además del virtual congelamiento de los precios, que no se les reconoce la totalidad del valor de las reses, como el cuero. Además, que se les paga en córdobas, sin mantenimiento de valor, quedándose los mataderos con el diferencial cambiario. Se ha mencionado la cifra de 20 millones de dólares como pérdidas de los ganaderos por este último concepto.

Ante esas quejas, uno de los empresarios cárnicos ofreció, a pesar de su tono amenazante, una respuesta divertida: ripostó indignado que era falso el estancamiento de los precios pues en los últimos dos años habían aumentado de 72 córdobas el kilo, a 74 córdobas, es decir, el 2%. Al empresario sin duda le parecía un aumento espectacular.

Ante ese escenario, FAGANIC, una de las organizaciones de ganaderos anunció el proyecto de construir un matadero propio. Además abogó activamente por que se autorizaran exportaciones de ganado en pie.

Extrañamente el Ministerio de Gobernación resolvió, hace pocos días, intervenir FAGANIC, destituyó a la junta directiva y designó una directiva provisional, además, se congelaron las cuentas bancarias de la organización. El argumento utilizado fue que se había vencido el período de la junta directiva. Todo ello sin trámite o procedimiento que permitiera la intervención de los afectados.

Cuando la casi totalidad de los funcionarios del estado se encuentran con plazo vencido y ejerciendo funciones de hecho, resulta una aberrante ironía el argumento del Ministerio de Gobernación.

Extraña y peligrosa la intervención del Ministerio de Gobernación en una organización gremial. Extraño que las organizaciones empresariales no hayan dicho esta boca es mía. Extraño el silencio sobre el tema.

En este contexto resultan muy reveladoras las declaraciones del presidente destituido, quien manifestó a los medios de comunicación:

“Nuestro único pecado ha sido defender a los productores, buscar precios justos, la libre exportación de ganado y la construcción de un matadero. Ese es nuestro pecado”. Y agregó “detrás de la intervención hay grandes intereses económicos de por medio, de personas que no quieren que los ganaderos tengan un matadero”.

Muy graves esas aseveraciones porque significa que poderes económicos coludidos con el gobierno tienen la capacidad de utilizar instrumentos de poder público para aplastar organizaciones gremiales o iniciativas económicas que les estorben.

¿Tiene el ministerio de gobernación esas facultades? Si las tiene ¿Esas facultades incluyen resolver unilateralmente, sin intervención de los afectados?

¿Por qué el COSEP y sus dirigentes han guardado pasividad sobre este caso?

Si este precedente se deja pasar, así, con miedo y en silencio, mañana, con cualquier pretexto le podrá llegar el turno a cualquier otra organización, sin excluir  cámaras empresariales que por ahora se consideran inmunes.

Ahora si que estamos mejor. Resulta que no solamente es un pecado ser opositor al gobierno orteguista… También constituye pecado mortal competir con los grandes intereses económicos que el orteguismo amamanta.