Ortega anunció que un poco más de siete millones de dólares, de los nueve millones incautados a los ahora conocidos como “falsos televisas”, serán destinados a mejorar las cárceles del país. Aminta Granera calificó esa decisión como “sabia”. Varios comentarios merece “la sabia decisión”. Aquí algunos:

  • “Abrid escuelas y se cerrarán las cárceles” es una célebre frase atribuida a una reconocida escritora española del siglo XIX. En el mismo sentido Domingo F. Sarmiento afirmaba “Una escuela que se abre es una cárcel que se cierra”. Vienen al punto esas frases cuando se compara la cifra arriba mencionada con los fondos previstos en el presupuesto nacional para la reparación de escuelas y equipamiento escolar en el 2011: 7.8 millones de dólares. Una cifra parecida se asignó en el 2012. Es decir, ¡recursos semejantes a escuelas que a las cárceles!
  • Y no es que las cárceles no merezcan ser rehabilitadas. Son de conocimiento público las precarias condiciones de los establecimientos penitenciarios. Pero evidentemente es señal de que no vamos por buen camino cuando se asignan los mismos recursos a las cárceles que a las escuelas.
  • Mientras el gobierno presume en sus discursos de su apoyo a la educación (y buena parte de la población así lo cree), sin embargo, las cifras oficiales indican que los recursos que se asignan a educación son cada vez menores: como porcentaje del PIB el comportamiento ha sido el siguiente: 5.9% en 2009, 5.4% en 2010 y 5.0% en 2011. La inversión por alumno también va hacia abajo. Igual tendencia declinante muestra el gasto en educación como porcentaje del presupuesto.
  • Pero hay otros aspectos igualmente graves. La ley No. 735 “Ley de prevención, investigación y persecución del crimen organizado y de la administración de los bienes incautados, decomisados o abandonados” tiene casi dos años de estar vigente. Esa ley, aprobada con los votos de la bancada orteguista, establece en su artículo 43 la creación de la Unidad administradora de los bienes incautados provenientes del crimen organizado. Dicha unidad debe tener personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y administrativa y estar adscrito al Ministerio de Hacienda. ¿Dónde está la unidad? ¿Por qué no se ha creado? Por otra parte el artículo 58 de la misma ley establece que se procederá a asignar los bienes incautados “cuando se dicte sentencia firme de culpabilidad”. ¿Se ha dictado sentencia firme?
  • Hasta ahora, cuando Ortega quería una decisión a su favor del poder judicial giraba instrucciones a sus comisarios en la Corte Suprema de Justicia quienes procedían a hacer el cuadro emitiendo “fallos” como aquel que declaró inconstitucional la Constitución Política. Pero ahora Ortega se ha convertido en tribunal de justicia y por sí y ante sí declaró culpables a los mexicanos, les decretó sentencia firme, resolvió confiscar lo incautado y procedió a asignarlo al sistema penitenciario. Peligrosísimo precedente porque, si esto se confirma, Ortega de aquí en adelante administrará justicia, condenará a quien se le ocurra y, por qué no, confiscará sus bienes.
  • Alguien comentaba que al menos tenemos oportunidad de saber cuál es el destino de los fondos incautados y podemos vigilar si se usan conforme lo anunciado. Triste consuelo es ese porque más bien debemos exigir que se informe en manos de quiénes está la millonada que se ha incautado, tanto en dólares contantes y sonantes como en bienes muebles e inmuebles (vehículos, casas, haciendas, ganado, lanchas).
  • Finalmente y ya que, tal como están las cosas, se cumplirá el diktat de Ortega, si queremos otro triste consuelo, esperemos que se diseñe y ejecute un programa que incluya además de la rehabilitación física de las cárceles, la re-educación  que posibilite la reinserción social productiva de la población penal.